Las mujeres con discapacidad de Rep¨²blica Dominicana reivindican su sexualidad y sus derechos reproductivos

Una bala perdida en un tiroteo en su barrio en Santo Domingo impact¨® en la columna vertebral de Cristina Francisco cuando ten¨ªa nueve a?os. Sus piernas se paralizaron y, durante un tiempo, su vida tambi¨¦n. ¡°Me qued¨¦ en una cama y pensaba cu¨¢ndo iba a poder volver a la escuela. Al a?o pude sentarme y me sent¨ª feliz¡±, dice esta mujer de 60 a?os. Su familia, ¡°pobre¡±, no ten¨ªa veh¨ªculo ni una silla de ruedas y el acceso al centro educativo era imposible. Todo eran barreras. Dos a?os despu¨¦s de su ¡°accidente¡±, pudo por fin volver a las aulas. ¡°Crec¨ª sin complejos y con apoyo de la familia¡±, afirma en una entrevista en el centro colonial de la capital de Rep¨²blica Dominicana, adonde no le ha resultado f¨¢cil llegar desde su barrio, uno de los m¨¢s humildes y peligrosos de la capital. Ese apoyo no quiere decir que su camino hasta licenciarse en Arte y Publicidad y Administraci¨®n de Recursos Humanos, fundar una ONG y formar una familia haya estado exento de obst¨¢culos. Cristina Francisco ha avanzado, pero las leyes y la sociedad dominicana, no tanto, sobre todo en las cuestiones relativas a la salud y vida sexual de las mujeres con discapacidad.

¡°Me enamor¨¦ y me cas¨¦¡±, resume su historia de amor. Pero decidir formar una familia con su marido trajo nuevos quebraderos de cabeza. ¡°Encontrar una cl¨ªnica accesible era una lucha tit¨¢nica¡±, comienza. Cuando consigui¨® salvar las barreras f¨ªsicas, se enfrent¨® a las sociales. Al primer ginec¨®logo que la atendi¨® le pidi¨® un estudio para comprobar si estaba efectivamente embarazada y conocer cu¨¢l era su estado de salud. ¡°Su respuesta fue: ¡®Te lo vamos a sacar¡¯. Me sorprend¨ª de que ¨¦l pensase que yo iba a abortar. Finalmente, me mand¨® las pruebas, pero me incomod¨® el trato¡±, recuerda.

La interrupci¨®n del embarazo es ilegal en cualquier circunstancia en Rep¨²blica Dominicana, lo que le convierte en uno de los pa¨ªses con una de las leyes m¨¢s restrictivas del planeta, junto con El Salvador y Honduras. Pero las organizaciones de mujeres con discapacidad denuncian que a ellas se lo proponen e incluso practican clandestinamente y en contra de sus deseos, debido a los prejuicios de los doctores o de sus propias familias, que creen que han sufrido abusos ¨Dles parece inconcebible que quieran formar una familia¨D o que no van a poder hacerse cargo adecuadamente de su descendencia.

En Rep¨²blica Dominicana, un 23% de las mujeres no son libres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo en lo relativo a las relaciones sexuales o el uso de anticonceptivos, a los que el 46% no tiene acceso

De acuerdo con los ¨²ltimos datos disponibles (2018) del Sistema ?nico de Beneficiarios de Rep¨²blica Dominicana, el 7,3% de la poblaci¨®n mayor de cinco a?os tiene alguna discapacidad. Dentro de ese porcentaje, un 42,2% son hombres y el 57,8%, mujeres. Para enfrentar esta y otras formas de violencia obst¨¦trica, as¨ª como m¨²ltiples discriminaciones por su condici¨®n y g¨¦nero, Cristina Francisco fund¨® en 1998 el C¨ªrculo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis) de Rep¨²blica Dominicana. Las m¨¢s de 450 socias se han dado cuenta, al compartir sus experiencias, de que ninguna es un caso aislado. A otra de ellas, E. S., en silla de ruedas desde que contrajo poliomielitis de peque?a, la doctora le sugiri¨® que interrumpiese su embarazo. ¡°?Tienes 30 pesos (unos 50 c¨¦ntimos de euro) para comprarte una inyecci¨®n?¡±, recuerda que le pregunt¨®. ¡°Me dijo que, como estaba de pocos meses, con una inyecci¨®n, bastaba¡±, agrega. Finalmente tuvo a su ni?a, hoy de 27 a?os, pero se qued¨® tan entristecida por el trato que ya no quiso tener m¨¢s.

Cimidus y otras entidades denuncian que todo el sistema sanitario, y espec¨ªficamente los servicios de salud sexual y reproductiva, no solo no tiene en cuenta sus necesidades concretas, sino que adem¨¢s las infantiliza como si fueran menores de edad que no tienen capacidad para tomar sus propias decisiones, como la de ser madres o decidir no serlo, y cuidar de su cuerpo.

¡°Me gustar¨ªa ver que en los protocolos de atenci¨®n se contempla la discapacidad. Tiene que haber cl¨ªnicas adecuadas, por ejemplo con una camilla adaptada, para que no tengan que venir a cargarnos o nos digan que debemos esperar al final de la consulta porque no se puede cerrar la puerta [al meter la silla] y no vamos a tener privacidad¡±, pide Francisco. ¡°Tenemos derecho a ser tratadas con dignidad¡±, insiste.

¡°Mala persona¡±

Cimudis forma parte de La Red Dominicana, que aglutina a diversas organizaciones de personas con discapacidad y cuenta con apoyo de la Agencia Espa?ola de Cooperaci¨®n para el Desarrollo (Aecid). En testimonios recogidos recientemente en v¨ªdeo, queda claro que la mala experiencia de Francisco es muy com¨²n todav¨ªa. ¡°La doctora me hac¨ªa sentir mala persona por haberme embarazado y traer un ni?o al mundo que seg¨²n ella yo no pod¨ªa cuidar e iba a pasar dificultades¡±, recuerda Vicky Quezada, consultora de la Organizaci¨®n Panamericana de Salud (OPS). A veces ¡°los mismos familiares dicen a las mujeres que no tengan hijos por ¡®si salen como ellas¡±, agrega. Incluso, apunta Francisco, en casos como el suyo, en el que la discapacidad es sobrevenida.

Lillian Fondeur, ginec¨®loga, ha trabajado en el sistema de salud p¨²blico y en el privado. Seg¨²n ella, en ambos se detecta la discriminaci¨®n que denuncian las organizaciones. ¡°Para el primero son una carga, para el otro, un problema¡±, asegura. ¡°En todo el pa¨ªs no hay una sola camilla adaptada para personas con discapacidad motriz¡±, confirma. En su consulta ha visto de todo: madres que llevan a sus hijas para que las esterilicen, mujeres que creen que tienen un problema de infertilidad y que no saben que les ligaron las trompas, una paciente con cuadriplej¨ªa embarazada que, ¡°claramente, ha sido abusada¡±, pero a la que obligan a llevar el embarazo a t¨¦rmino ¡°para dar ejemplo de que la ley se cumple¡±. ¡°Al final, las que no deciden son ellas. Bien decide el sistema, bien el personal de turno. Son consideradas personas de segunda, no seres humanos con derechos¡±, lamenta.

¡°Que los m¨¦dicos te atiendan bien es excepcional. La mujer con discapacidad se ve como un ser asexuado. Cuando llegas con una barriga, te dicen ?qui¨¦n ha abusado de ti?¡±, explica Francisco. ¡°Experimentar ese rechazo es una violaci¨®n de tus derechos. Eso nos hizo tratar de cambiar esa actitud. Damos charlas a profesionales del sistema sanitario y estudiantes de Medicina para que tengan otra mirada. Ha habido algunos cambios, pero estamos excluidas de muchas cosas¡±, sigue la fundadora de Cimudis. Fondeur cree que ese es el camino: ¡°Humanizar el sistema de salud desde abajo, desde la escuela, las facultades, en el ¨¢mbito hospitalario, que es muy agresivo¡±. Este peri¨®dico ha tratado en vano de ponerse en contacto con el Ministerio de Salud por diferentes v¨ªas para conocer su perspectiva sobre estas cuestiones.

La mujer con discapacidad se ve como un ser asexuado. Cuando llegas con una barriga, te dicen ?qui¨¦n ha abusado de ti?

Cristina Francisco, fundadora de Cimudis

¡°Ya tengo nietos de dos hijas maravillosas¡±, sonr¨ªe Francisco, mientras muestra sus fotograf¨ªas. A la primera la tuvo con 26. La segunda no se hizo esperar y naci¨® un a?o despu¨¦s. ¡°Mi esposo y yo no quer¨ªamos tan pronto¡±, comenta. ¡°No pod¨ªa tomar hormonas por estar sentada, me pod¨ªa causar trombos¡±, explica. ¡°Us¨¦ el DIU, pero no me funcion¨®. Segu¨ª el m¨¦todo del ritmo y no sabemos en qu¨¦ momento, el ritmo se perdi¨®¡±, r¨ªe.

Tras el nacimiento de su segunda hija, Francisco opt¨® por ligarse las trompas. El acceso a anticonceptivos adecuados es otro de los reclamos de Cimudis. ¡°Muchas veces las propias mujeres se coh¨ªben a la hora de pedirlos¡±, detalla Francisco. Esto se debe a una mezcla de desconocimiento de las mujeres con discapacidad y a que las que son dependientes no se atreven a preguntar o manifestar su deseo de usarlos a sus cuidadores. ¡°Constantemente tienes que reiterar tus derechos. Falta informaci¨®n y sobran los tab¨²es¡±, recalca.

Esterilizadas sin consentimiento

Al contrario que Francisco, que tom¨® la decisi¨®n informada de ligarse las trompas libremente, en ocasiones sucede que las mujeres con discapacidad son esterilizadas contra su voluntad, forzadas por los sanitarios o sus propias familias, denuncia la fundadora de Cimudis. A punto estuvo Quezada, de la OPS, de ser una de ellas. ¡°Cuando fui a dar a luz a mi primer hijo, la doctora esper¨® a que yo estuviera sedada para preguntar a mi madre y mi esposo si me hac¨ªa la ligadura¡±, relata enojada en el v¨ªdeo de La Red Dominicana. Ambos le hicieron saber que era Quezada quien deb¨ªa tomar esa decisi¨®n.

En Rep¨²blica Dominicana, un 23% de las mujeres no son libres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo en lo relativo a las relaciones sexuales o el uso de anticonceptivos, a los que el 46% no tiene acceso. Seg¨²n el informe anual del Fondo de Poblaci¨®n de Naciones Unidas de 2022, la esterilizaci¨®n fue el m¨¦todo m¨¢s usado en el pa¨ªs ¡ªel 30,5% de las mujeres en edad reproductiva, casadas o unidas¡ª, pero no siempre por una elecci¨®n informada: el 25% de ellas fueron esterilizadas sin saber que se trataba de una intervenci¨®n irreversible. Un porcentaje solo por detr¨¢s de Lesoto (28%), seg¨²n el organismo. Se desconoce qu¨¦ porcentaje corresponde a las que tienen alguna discapacidad. La falta de datos sobre esta y las dem¨¢s cuestiones ¡ªviolencia de g¨¦nero, utilizaci¨®n de contraceptivos, acceso a servicios sanitarios¡ª es uno de los principales reclamos de las organizaciones. ¡°Son necesarios para luego elaborar pol¨ªticas p¨²blicas¡±, expone Francisco.

El propio informe del Comit¨¦ para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer (CEDAW) sobre violencias de g¨¦nero en el pa¨ªs (de marzo de 2022) alerta sobre esta carencia. Y en el estudio alternativo que elaboraron las entidades de personas con discapacidad, estas ahondan que ¡°la informaci¨®n estad¨ªstica existente es escasa y se encuentra dispersa entre diferentes entes estatales¡±, lo que, seg¨²n su criterio, ¡°limita enormemente la capacidad del Estado para elaborar pol¨ªticas p¨²blicas de inclusi¨®n social, econ¨®mica y pol¨ªtica de las personas con discapacidad¡±. Y como consecuencia las invisibiliza, especialmente a las mujeres.

En su respuesta al informe CEDAW, el Ministerio de la Mujer aseguraba que ¡°se han realizado avances en la mejora¡± de los datos en la elaboraci¨®n del d¨¦cimo Censo de Poblaci¨®n y Vivienda, que estaba previsto que se divulgara a finales de 2022, pero a¨²n est¨¢ pendiente de publicaci¨®n. Esos progresos, anota la ministra Mayra Jim¨¦nez en su declaraci¨®n, consisten en la incorporaci¨®n del lenguaje inclusivo al cuestionario y ¡°la captura de informaci¨®n¡± sobre condiciones de discapacidad en la poblaci¨®n.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aqu¨ª a nuestra ¡®newsletter¡¯.