El l¨ªder de la red Brugal en Alicante se niega a declarar ante el juez

El empresario Enrique Ortiz se acogi¨® ayer a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Alicante, donde estaba citado como imputado por los supuestos delitos de uso de informaci¨®n privilegiada facilitada por funcionario p¨²blico, cohecho y tr¨¢fico de influencias durante el periodo que estuvo tramit¨¢ndose la revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Alicante, una pieza separada del llamado caso Brugal.

Sin embargo, Ortiz pidi¨® al juez hacer un alegato en defensa propia, que no puede considerarse una declaraci¨®n judicial, en el que se confes¨® inocente de cuantos cargos se le imputan.

El caso depende de que la Audiencia valide las escuchas

Al salir del juzgado, su abogado, Francisco Ruiz Marco, explic¨® que ¡°Ortiz ha dejado constancia de que en ning¨²n momento solicit¨®, ni en ning¨²n momento recibi¨®, informaci¨®n privilegiada por parte de Sonia Castedo (alcaldesa de Alicante y exconcejal de Urbanismo), Luis D¨ªaz Alperi (exalcalde) o de Jes¨²s Quesada (redactor del PGOU). Y a?adi¨®: ¡°En ning¨²n caso le fue solicitada ninguna d¨¢diva, nunca jam¨¢s y nunca ¨¦l la ofreci¨®. Y no ha cometido ninguno de los hechos respecto a los cuales se le formula acusaci¨®n¡±.

El abogado de la acusaci¨®n particular que representa al PSPV-PSOE, Fernando Montalvo, confirm¨® que Ortiz neg¨® ¡°cualquier implicaci¨®n en cualquiera de los hechos que aqu¨ª se est¨¢n investigando, pero no ha permitido interrogarle sobre esos hechos ni sobre las circunstancias¡±. Seg¨²n este letrado, ¡°est¨¢n alegando que la causa es muy voluminosa y que no ha dado tiempo en los 20 d¨ªas que ha dado el juez para estudiarla¡±. Adem¨¢s, est¨¢ por resolver ¡°la discusi¨®n sobre la validez de las escuchas¡±. El ¨²ltimo juez de Orihuela que ha instruido el caso Brugal antes de ramificarlo en diversas piezas separadas, Carlos San Mart¨ªn, decidi¨® anular aproximadamente un 20% de las escuchas telef¨®nicas que avalaron sus predecesores en el juzgado, pero ese auto ser¨¢ recurrido por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que pretende su validaci¨®n. Los letrados de los acusados, por su parte, persiguen la anulaci¨®n de todas, lo que dejar¨ªa el caso a las puertas de su archivo por falta de pruebas.

El abogado de Ortiz: ¡°No le fue solicitada ninguna d¨¢diva y ¨¦l nunca la ofreci¨®¡±

El desfile de imputados continuar¨¢ esta ma?ana con la declaraci¨®n de Manuela Carratal¨¢, la esposa de Enrique Ortiz, a la que el ministerio p¨²blico le atribuye los supuestos delitos de uso privilegiado de informaci¨®n y cohecho por dar cobertura a su marido en la larga relaci¨®n de regalos que distribuy¨® el promotor entre multitud de pol¨ªticos del PP.

El juez Manrique Tejada tambi¨¦n ha citado a declarar el d¨ªa 20 de este mes a Jos¨¦ Cortina Orriols, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL en 2008, acusado por el fiscal de ¡°cooperador necesario y m¨¢ximo beneficiado de las gestiones irregulares¡± del promotor. La fiscal¨ªa sostiene que el ejecutivo de la caja financi¨® a Ortiz la compra de suelo a trav¨¦s de la mercantil Deproinmed, SL, en cuyo consejo estaban representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat. Deproinmed, mediante sucesivas ampliaciones de capital, ¡°ser¨ªa la actual propietaria de las zonas urban¨ªsticas que m¨¢s valor adquirir¨¢n una vez se haya aprobado dicho plan¡±, sostiene el fiscal.

El d¨ªa 21 comparecer¨¢ Daniel Gil, exdirector de inversiones inmobiliarias de la CAM, acusado de tramar operaciones de compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urban¨ªsticos a otras zonas de la ciudad.

El d¨ªa 27 acudir¨¢ al juzgado el empresario Bernardo Campos, un posible inversor al que Ortiz quer¨ªa venderle suelo en la zona de La Condomina de la ciudad. En una de las conversaciones interceptadas, Ortiz le dice a Campos: ¡°El plan general ya est¨¢ hecho, yo tengo copia, vamos, te puedo ense?ar copia¡±.

El ¨²ltimo de los citados a declarar, el d¨ªa 28, es el abogado Jorge Jacobi. De momento no lo han sido la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis D¨ªaz Alperi, a los que la fiscal¨ªa achaca la comisi¨®n de los delitos de cohecho, informaci¨®n privilegiada y tr¨¢fico de influencias. Ambos est¨¢n aforados por su condici¨®n de diputados y deber¨ªan ser citados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.