El Gobierno limitar¨¢ por ley a un mes el secreto del sumario

El Gobierno emprende la batalla contra las filtraciones de los sumarios judiciales. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha anunciado esta ma?ana que el Ejecutivo limitar¨¢ por ley a un mes el plazo para mantener secreto el sumario. Gallard¨®n ha avanzado tambi¨¦n que reformar¨¢ la ley para establecer "sanciones severas" contra quien revele una actuaci¨®n judicial.

"Una revelaci¨®n interesada puede perjudicar a una parte [del proceso]", ha defendido el ministro, cuya intenci¨®n es evitar "lo que en estos momentos existe, que es una ficci¨®n de sumarios declarados secretos durante seis, siete u ocho meses y que acaban siendo conocidos por todos los ciudadanos". Gallard¨®n ha explicado que el l¨ªmite de un mes para mantener secreto el sumario -que se incluir¨¢ en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- no podr¨¢ superarse, "salvo por razones absolutamente excepcionales".

La ley ya fija un plazo de un mes como l¨ªmite al secreto, pero el juez puede prorrogarlo indefinidamente si lo motiva

La ley ya prev¨¦ que pasado un mes de plazo el sumario debe hacerse p¨²blico, pero el juez puede prorrogar el secreto indefinidamente siempre que lo motive. Esto ha permitido que en la pr¨¢ctica los jueces hayan mantenido secretas las actuaciones como algo habitual m¨¢s all¨¢ del primer mes, prolong¨¢ndolo durante meses e incluso a?os.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal tambi¨¦n contempla ya penas de multa para las filtraciones del sumario. Aunque Gallard¨®n no lo ha especificado, lo previsible es que el Ejecutivo endurezca las sanciones que ya existen.

El ministro se ha referido tambi¨¦n, en una entrevista en Antena 3, a la reforma de la ley del aborto que pretende llevar a cabo para que las mujeres tengan que volver a justificar que interrumpen su embarazo. "Defender el derecho a la vida es lo m¨¢s progresista que se puede hacer", ha reiterado Gallard¨®n, que ha vuelto a defender su idea de que las mujeres sufren una "violencia estructural" que las obliga a abortar, aunque en esta ocasi¨®n no ha utilizado el mismo t¨¦rmino. "Me parece que hay un abandono cuando una mujer tiene miedo a llevar a cabo un embarazo, porque es menor, es inmigrante, porque tiene miedo a perder su trabajo...", ha explicado.

El titular de Justicia ha asegurado que los pa¨ªses del entorno europeo se dividen en cuanto a su regulaci¨®n del aborto, pero defiende que en Espa?a "la Constituci¨®n dice que nunca pod¨ªa abandonarse la protecci¨®n del derecho del no nacido", y por eso hay que primar ese derecho sobre el de la dignidad de la mujer: "Cuando los dos derechos entran en conflicto, el legislador tiene que decidir cu¨¢l de los dos tiene que prevalecer". En la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, si embargo, abortar es un derecho en las primeras semanas de gestaci¨®n.

Gallard¨®n ha defendido adem¨¢s la actuaci¨®n del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, despu¨¦s de que este pidiera a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional la elaboraci¨®n de un informe sobre la cadena de custodia de los trenes de cercan¨ªas de Madrid de los atentados del 11-M. "Apoyo completamente lo que ha hecho porque ¨¦l ha aplicado la doctrina de nuestro Tribunal Supremo", ha argumentado. "No se pueden volver a juzgar unos hechos ya juzgados", opina el ministro, pero "siempre que existe un elemento, un indicio nuevo, tiene que ser sometido a investigaci¨®n". Gallard¨®n ha matizado que no se volver¨¢n a valorar ni investigar los hechos ya juzgados, pero s¨ª aquellos datos que han aparecido "nuevos". Torres-Dulce rectific¨® despu¨¦s de anunciar que la Fiscal¨ªa hab¨ªa abierto diligencias para investigar los restos ferroviarios de los atentados del 11-M, encontrados en una empresa de Madrid. El Fiscal General declar¨® en p¨²blico pocos d¨ªas despu¨¦s que la sentencia era "incontestable", y el 11-M, "caso cerrado".