El Consejo General del Poder Judicial estar¨¢ sometido a la Ley de Transparencia

El tantas veces opaco gobierno de los jueces tendr¨¢ que dejar de serlo, en parte, con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia que se aplicar¨¢ tambi¨¦n al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El gobierno ha incluido entre los organismos p¨²blicos que han de someterse a la norma de la publicaci¨®n tanto al CGPJ, ¨®rgano de Gobierno de los jueces, como al Tribunal Constitucional, seg¨²n el informe que la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, present¨® el viernes al Consejo de Ministros.

De mantenerse el texto, el Consejo habr¨¢ de hacer p¨²blica, a trav¨¦s de su p¨¢gina web, informaci¨®n institucional, de organizaci¨®n, de planificaci¨®n, de relevancia jur¨ªdica y de relevancia econ¨®mica, presupuestaria y estad¨ªstica. Tendr¨¢ que facilitar el acceso a informaci¨®n relativa a contratos ¡ªcon indicaci¨®n del objeto, importe de licitaci¨®n y de adjudicaci¨®n, procedimiento, adjudicatario y posibles pr¨®rrogas y modificaciones¡ª subvenciones, convenios y retribuciones de los altos cargos, entre otros. Y a ella podr¨¢ acceder cualquier ciudadano.

Pese a ello, seguir¨¢n quedando fuera de la luz las sanciones, despu¨¦s de que el propio CGPJ votara en contra de una propuesta para hacerlas p¨²blicas y de que la norma prevea estos casos como limitaciones. Y probablemente tampoco haya acceso a los gastos de viajes que presentan los miembros del Consejo, que la semana pasada rechaz¨® marcar unas l¨ªneas para moderar estos gastos.

De no modificarse el texto, la nueva ley considera informaci¨®n p¨²blica ¡°la que obre en poder de cualquiera de los sujetos obligados y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones p¨²blicas¡± pero la limita a los casos en que esta pueda afectar a ¡°la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad p¨²blica o la prevenci¨®n, investigaci¨®n y sanci¨®n de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias¡±.

Adem¨¢s del ¨®rgano de gobierno de los jueces, la ley se aplicar¨¢ en todas las Administraciones p¨²blicas de la Administraci¨®n General del Estado, de las comunidades aut¨®nomas, de las entidades locales, a empresas p¨²blicas y fundaciones del sector p¨²blico; al Congreso de los Diputados; al Senado; al Consejo de Estado; al Defensor del Pueblo; al Tribunal de Cuentas; y al Consejo Econ¨®mico y Social.

La norma se?ala adem¨¢s que ¡°todas las personas que presten servicios p¨²blicos o ejerzan potestades administrativas estar¨¢n obligadas a suministrar a la Administraci¨®n a la que se encuentren vinculadas toda la informaci¨®n necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley¡±.

La nueva ley s¨ª deja fuera, al menos de momento, a la Casa del Rey, tal como anunci¨® la vicepresidenta, aunque, posiblemente, esta sea alguna de las aportaciones que los ciudadanos formulen en este sentido, ya que el propio Parlamento de Navarra inst¨® ya el viernes a que se hicieran p¨²blicos no solo las asignaciones, que se conocen desde el pasado mes de diciembre, sino tambi¨¦n las rentas.

El Ministerio de la Presidencia har¨¢ p¨²blico hoy el texto del Anteproyecto de Ley de Transparencia con el fin de que se puedan hacer aportaciones por un periodo de 15 d¨ªas. A trav¨¦s de la web www.leydetransparencia.gob.es se podr¨¢ acceder al Anteproyecto de Ley. La p¨¢gina web ser¨¢ accesible desde cualquier ministerio, ya que en todas las webs se va a introducir un enlace invitando a la participaci¨®n. ¡°Tendr¨¢n tambi¨¦n un papel relevante las redes sociales institucionales del Ministerio de la Presidencia, que dar¨¢n a conocer el texto y canalizar¨¢n las aportaciones que se realicen¡±.