El Gobierno dispara las tasas judiciales para los recursos en civil y social

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, con el fin, se asegura, de paliar la saturaci¨®n de los juzgados y a su vez sufragar la justicia gratuita. Pero, en la pr¨¢ctica, limita el acceso de muchos ciudadanos con ingresos medios o bajos a la administraci¨®n de justicia.

Las subidas m¨¢s espectaculares son las de las apelaciones en civil y contencioso-administrativo, que suben 500 euros, y las casaciones en esos mismos ¨®rdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En el caso de la jurisdicci¨®n social, los casos de s¨²plica y casaci¨®n, que hasta ahora eran gratuitos, tendr¨¢n ahora unas tasas de 500 y 750 euros, respectivamente.

Con esta medida, incluida en el paquete de reformas anunciado por Ruiz-Gallard¨®n para agilizar y hacer m¨¢s eficaz el trabajo de los tribunales, se aplicar¨¢n las tasas tambi¨¦n para las personas f¨ªsicas, y no solo jur¨ªdicas, que dispongan de recursos econ¨®micos, aunque quedar¨¢n exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos.

Otro de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a trav¨¦s de otras v¨ªas, como la mediaci¨®n, o aquellas actuaciones que solo persiguen dilatar en el tiempo el procedimiento, con lo que se aliviar¨¢ tambi¨¦n la carga de trabajo de los ¨®rganos judiciales.

Seg¨²n ha dicho la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el anteproyecto, que ahora ser¨¢ remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, pone el acento en la segunda instancia para "evitar el exceso o abuso" de los recursos.

As¨ª, ha indicado que se trata de quien ya tiene la sentencia de un ¨®rgano judicial "contribuya con los costes" que genera recurrirla en una segunda instancia.

La subida afectar¨¢ a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicar¨¢ tambi¨¦n en lo Social, aunque en esta jurisdicci¨®n solo en el caso de recursos en segunda instancia de s¨²plica o casaci¨®n, quedando tambi¨¦n excluido el orden penal.

Tambi¨¦n se introduce una nueva tasa por el alta y modificaci¨®n de fichas toxicol¨®gicas en el registro de productos qu¨ªmicos comercializados.

Seg¨²n la estimaci¨®n del Gobierno, si se mantuvieran los datos de 2010, cuando se recaudaron 172 millones de euros a trav¨¦s de esta v¨ªa, esa cifra podr¨ªa alcanzar los 300 millones con las nuevas tasas, cuya recaudaci¨®n, teniendo en cuenta la actual coyuntura de crisis econ¨®mica, se destinar¨¢ a mantener y financiar el sistema de justicia gratuita.

En concreto, en el orden civil subir¨¢n las tasas para los procesos verbal y cambiario, que pasan de 90 a 150 euros; las correspondientes para procesos ordinarios se incrementan de 150 a 300, y en el proceso monitorio suben tambi¨¦n de 50 a 100 euros.

Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se elevan de 150 a 200 euros, en los recursos de apelaci¨®n habr¨¢ que pagar 500 euros m¨¢s -de 300 a 800- y en los de casaci¨®n e infracci¨®n procesal suben un 100 por cien pasando de 600 a 1.200.

En la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa suben las tasas en los procesos abreviado (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350), as¨ª como en los recursos de apelaci¨®n, que pasan de 300 a 800 euros, y de casaci¨®n, de 600 a 1.200.

Por ¨²ltimo, en el orden social, se aplicar¨¢n las tasas solo en segunda instancia, costando 500 euros para los recursos de s¨²plica y 750 en casaci¨®n.

Esta reforma, seg¨²n han informado fuentes de Justicia, no supone ninguna merma al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) seg¨²n la cual la tasa responde al principio del pago del coste del servicio que presta la Administraci¨®n de Justicia, y en ning¨²n caso superar¨¢ dicho coste.

En cuanto a la gesti¨®n, el anteproyecto tambi¨¦n contempla, entre sus novedades, que los procuradores y abogados podr¨¢n facilitar el pago, y se establecer¨¢ la posibilidad de revisar la liquidaci¨®n de la tasa durante la tramitaci¨®n del procedimiento judicial.