Gallard¨®n ofrece asumir los abogados de oficio que pagan las autonom¨ªas

Cada a?o, 1,8 millones de personas se acogen en Espa?a al servicio de justicia gratuita: cuando necesitan defenderse en un juicio o poner un pleito es el Estado ¡ªen la mayor¨ªa de los casos, la comunidad aut¨®noma¡ª el que les paga un abogado de oficio y las costas del proceso. En teor¨ªa, solo tienen derecho a eso los ciudadanos con bajos recursos; en la pr¨¢ctica, seg¨²n sostiene el Ministerio de Justicia, el servicio est¨¢ soportando ¡°abusos¡± y el coste ¡ª260 millones en 2011¡ª se dispara a?o a a?o. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, propuso ayer a las comunidades aut¨®nomas que el Gobierno central se haga cargo del coste ¨ªntegro de la asistencia jur¨ªdica gratuita. A cambio, ambas Administraciones compartir¨ªan una ¡°gesti¨®n coordinada¡± del servicio (ahora la gesti¨®n es auton¨®mica en 12 de las 17 comunidades) y establecer¨ªan sistemas de ¡°control¡± para ¡°evitar el fraude¡±.

Gallard¨®n ya hab¨ªa anunciado, cuando el Gobierno subi¨® hace un mes las tasas judiciales ¡ªduplicando las tarifas y extendi¨¦ndolas al conjunto de la poblaci¨®n¡ª, que ese dinero se destinar¨ªa a financiar la justicia gratuita. Ayer puso la idea sobre la mesa durante la conferencia sectorial con los consejeros auton¨®micos. La propuesta es esta: el ministerio usar¨ªa los 300 millones que espera recaudar con las tasas a pagar, directamente, a los abogados de oficio de toda Espa?a. As¨ª, el dinero que ahora gastan las comunidades en ese servicio podr¨ªan emplearlo ¡°para otras cosas¡± en materia de justicia.

En realidad, las comunidades financian ahora la asistencia gratuita en parte con sus propios presupuestos y en parte con fondos estatales a trav¨¦s del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, as¨ª que Gallard¨®n les advirti¨® de que, ¡°para evitar una doble financiaci¨®n¡±, tendr¨ªan que devolver un porcentaje ¡ªel 75%, matizaron luego fuentes del ministerio¡ª de la partida que les llega cada a?o por ese sistema. Se ahorrar¨ªan, por tanto, un 25%: eso es lo que podr¨ªan destinar a ¡°otras cosas¡±.

Al mismo tiempo, se crear¨ªa una mesa de trabajo de ministerio y autonom¨ªas que, en un plazo de dos meses, tratar¨ªa de consensuar un nuevo modelo de asistencia jur¨ªdica gratuita. Sin arrebatar a las comunidades la competencia, pero estableciendo una ¡°gesti¨®n coordinada¡±, seg¨²n la nota de prensa del ministerio.

?Y c¨®mo ser¨ªa ese nuevo modelo? El ministro subray¨® que ¡°todos los ciudadanos sin recursos van a mantener el derecho a la justicia gratuita¡±, y que ¡°no se va a modificar el umbral de acceso¡±, es decir, los requisitos de renta ¡ªaproximadamente, un m¨¢ximo de 13.000 euros anuales de ingresos por unidad familiar¡ª para tener derecho a ella. Pero si el objetivo es ¡°evitar abusos¡±, parece evidente que habr¨¢ restricciones.

El subsecretario de Estado, Juan Bravo, explic¨® que uno de los aspectos que ¡°se puede revisar¡± es el tipo de asuntos que podr¨ªan entrar en el servicio de asistencia gratuita ¡ªpor ejemplo, si es justo que el Estado financie a alguien con bajos ingresos el recurso de una multa de tr¨¢fico¡ª; o la forma de pagar a los abogados de oficio: no por cada tr¨¢mite judicial, como ahora, sino por caso completo. Y, sobre todo, un mayor ¡°control¡± para garantizar que el beneficiario tiene la renta que dice tener. ¡°Pero todo eso se hablar¨¢ primero con las autonom¨ªas¡±, se?al¨®. El ministerio aspira tambi¨¦n a unificar las tarifas de los abogados de oficio ¡ªdiferentes en cada regi¨®n¡ª, aunque eso s¨ª que no podr¨¢ hacerlo sin acuerdo con las comunidades.

Por otro lado, Gallard¨®n garantiz¨® ayer a los consejeros que no llevar¨¢ al Consejo de Ministros la nueva Ley de Demarcaci¨®n y Planta ¡ªque reducir¨¢ previsiblemente el n¨²mero de partidos judiciales y agrupar¨¢ juzgados, lo que podr¨ªa poner en pie de guerra a muchos peque?os Ayuntamientos¡ª sin realizar antes una ¡°consulta previa y bilateral¡± con cada comunidad aut¨®noma.