Un rescate para la democracia

Desde que comenzara la crisis, nos hemos acostumbrado al lenguaje de reformas, recortes y ajustes. Sorprendentemente, sin embargo, hay una reforma ineludible que hemos pasado por alto pero que ni siquiera est¨¢ en la agenda: la reforma de nuestro sistema democr¨¢tico. Es cierto que una gran parte de la crisis actual se origina en la existencia de una Europa incompleta. Pero la crisis tambi¨¦n ha puesto de manifiesto la existencia de una democracia defectuosa. Esto se refiere tanto a la falta de control y transparencia, evidente en el reguero de casos de corrupci¨®n que nos han salpicado en estos ¨²ltimos a?os, como a la debilidad del Estado y sus instituciones, incapaces de resistirse a su captura y manipulaci¨®n por parte de intereses sectoriales, sean estos de car¨¢cter privado, empresarial o partidista. Desconcertados por la rapidez con la que se suceden los acontecimientos en el d¨ªa a d¨ªa, estamos pasando por alto que la viabilidad de todas estas reformas requiere no s¨®lo una mejora sustancial de las instituciones de gobernanza europea sino, como pone de manifiesto la larga lista de instituciones que han quedado en evidencia durante esta crisis, desde la monarqu¨ªa a las comunidades aut¨®nomas, pasando por el poder judicial, un examen a fondo del funcionamiento de nuestro sistema pol¨ªtico. Pens¨¢bamos que Espa?a se hab¨ªa europeizado profunda e irreversiblemente, pero ahora descubrimos cu¨¢nto hab¨ªa de ficci¨®n en ese proceso.

Al igual que los pa¨ªses del norte de Europa siguen estando a a?os luz de Espa?a en cuanto a su capacidad de combinar competitividad y justicia social, nuestro sistema pol¨ªtico es incapaz tanto de emular los est¨¢ndares de transparencia que all¨ª se dan por hecho como de asegurar un reparto equitativo de las cargas y las responsabilidades derivadas de esta crisis. Pese a la profundidad y extensi¨®n de la crisis de nuestra democracia, su reforma no est¨¢ en la agenda. ?A qu¨¦ se debe esta ausencia? Muchos de los problemas que padecemos hoy en d¨ªa, desde los malos resultados de la descentralizaci¨®n territorial, la defectuosa regulaci¨®n de sectores enteros de nuestra econom¨ªa y, en definitiva, la falta de transparencia y control generalizada de todo lo p¨²blico tienen una vertiente com¨²n: se originan en la conversi¨®n del Estado de derecho en un Estado de partidos, es decir, en el paso de un sistema en el que las leyes y los ciudadanos son los protagonistas de la pol¨ªtica democr¨¢tica en un marco de separaci¨®n de poderes a un sistema en el que los actores principales son los partidos, la alternancia entre ellos el ¨²nico objetivo de la contienda pol¨ªtica y la fusi¨®n y confusi¨®n bajo sus directrices de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial la norma de funcionamiento en el d¨ªa a d¨ªa.

Se mire donde se mire a nuestras instituciones, los partidos han impuesto, primero, el reparto de puestos sobre la base de cuotas de poder y, a continuaci¨®n, la ideologizaci¨®n de los procedimientos de toma de decisi¨®n. De esa manera, m¨¢s que servir a los ciudadanos, dichas instituciones se han puesto al servicio de los partidos. El desenlace de Bankia es sumamente revelador de este problema. A pesar de las apariencias, su nacionalizaci¨®n no significa que el Estado se haga cargo de las p¨¦rdidas en las que incurrido un banco privado mal gestionado, sino la traslaci¨®n a la sociedad de los costes de haber puesto en manos de partidos pol¨ªticos y comunidades aut¨®nomas un poder financiero aut¨®nomo y opaco con el que sostener su poder pol¨ªtico. Por tanto, m¨¢s que ante un problema de regulaci¨®n, bancaria estamos pues ante un fallo de autorregulaci¨®n pol¨ªtica.

Ah¨ª reside la clave. Hasta la fecha, el sistema pol¨ªtico ha depositado en sus gestores la responsabilidad de autorregularse. Como era previsible, estos han utilizado esta capacidad reguladora no para atarse, sino para emanciparse del control ciudadano. Esto explica por qu¨¦ la reforma del sistema pol¨ªtico es tan dif¨ªcil de emprender y encuentra tantas resistencias: como los que deber¨ªan emprender esa reforma ser¨ªan sus principales v¨ªctimas, los incentivos para llevarla a cabo son inexistentes. Postergar estas reformas es suicida pues al igual que los errores de dise?o en la uni¨®n monetaria est¨¢n complicando enormemente la salida de esta crisis por el lado europeo, las debilidades estructurales de nuestra democracia tambi¨¦n est¨¢n afectando muy negativamente la capacidad de sostenimiento de las reformas en el ¨¢mbito interno. Como muestra el caso griego, en la medida en la que la ciudadan¨ªa perciba que la clase pol¨ªtica se exime a s¨ª misma de reformas de calado equivalente a las que aplica a la ciudadan¨ªa, nos situaremos en un escenario de deslegitimaci¨®n de la democracia muy preocupante. ?Qu¨¦ hacer? Redefinir los l¨ªmites de la pol¨ªtica partidista. Al igual que estamos redibujando los l¨ªmites del Estado del Bienestar, es imperativo volver a decidir qui¨¦n hace qu¨¦ y c¨®mo en nuestro sistema pol¨ªtico. No se trata de erigir una tecnocracia sino de garantizar que cada instituci¨®n recuperara su raz¨®n de ser democr¨¢tica en un marco de transparencia y responsabilidad adecuado. Desde esta perspectiva, la refundaci¨®n de la democracia espa?ola ni siquiera requerir¨ªa una reforma constitucional, sino la identificaci¨®n y el rescate, una por una, de todas aquellas instituciones que en la actualidad viven asfixiadas bajo el peso sofocante de la pol¨ªtica partidista.