El juez imputa a tres nuevos empresarios en la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano

El instructor de la causa en la que se investiga la presunta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a otros tres empresarios. Estos se suman a los siete que, desde julio, est¨¢n acudiendo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para explicar si pagaron a Orange Market facturas que, supuestamente, corresponden a trabajos y deudas del PP. Ellos alegan que son de encargos propios realizados por la filial de la red G¨¹rtel en Valencia.

Los tres nuevos imputados son representantes de otras tantas empresas que ya figuraban en el sumario: Pavimentos del Sureste, Vallalba y Piaf. Las dos primeras, que forman parte de un mismo grupo, aportaron a los populares valencianos, seg¨²n un informe de la polic¨ªa, casi 200.000 euros de forma irregular y durante la campa?a de las elecciones auton¨®micas de 2007. Por ello, el juez ha llamado a declarar, el pr¨®ximo viernes, a Jos¨¦ Enrique Fresquet y a Jos¨¦ Mart¨ªnez.

El tercer imputado es Antonio Pons, que presidi¨® el consejo de administraci¨®n de Piaf durante los a?os en los que se produjeron las presuntas irregularidades. El juez llama a Pons, seg¨²n se?ala en una providencia, ¡°para la averiguaci¨®n de unos presuntos delitos electorales cometidos en las elecciones auton¨®micas y locales de a?o 2007 y presuntas falsedades relacionadas con las elecciones generales del a?o 2008¡±. Los delitos, tal como se?ala el escrito, se derivan de una ¡°posible y presunta falsedad electoral cometida por el Partido Popular, por haber podido existir presuntos pagos a la mercantil Orange Market que, siendo a cargo de la referida formaci¨®n pol¨ªtica habr¨ªan, en su caso, podido abonar diversas sociedades mercantiles, entre ellas Piaf, lo que habr¨ªa sido omitido en la contabilidad electoral¡±. La polic¨ªa le atribuye el pago irregular de 27.000 euros y por ello Antonio Pons acudir¨¢ a declarar el 14 de noviembre.

El caso es que esta no es la ¨²nica v¨ªa por la que Pons est¨¢ siendo investigado. La fiscal¨ªa de Castell¨®n acaba de recibir un expediente del Ayuntamiento de Vila-real en el que figuran 36 facturas, supuestamente falsas, presentadas por Piaf a este consistorio por un importe de 570.000 euros. El expediente incluye informes de los propios funcionarios municipales que cuestionan la realizaci¨®n de los trabajos de todas las facturas. Incluso, en algunos casos, se?alan que los trabajos que Piaf factur¨® fueron realizados por trabajadores municipales.

Por ejemplo, dos de las facturas se refieren al traslado de expedientes de unas dependencias municipales a otras, por las que Piaf emiti¨® sendas facturas por cerca de 20.000 euros. Los funcionarios de esos servicios aseguran en su informe que el traslado se efectu¨® ¡°con veh¨ªculo y personal¡± del propio Ayuntamiento de Vila-real.

Las irregularidades se destaparon con la llegada al Ayuntamiento de Vila-real del actual gobierno socialista, que se encontr¨® con que, pasadas las elecciones y antes de que el alcalde del PP abandonara su puesto, firm¨® el endoso de estas facturas a un banco, pero sin contar con el visto bueno del interventor ni del tesorero, con lo que Piaf cobr¨® y ahora el banco reclama.

El actual alcalde, Jos¨¦ Benlloch, pidi¨® entonces a los funcionarios de las distintas ¨¢reas en las que supuestamente se realizaron los trabajos que informaran sobre ellos y detect¨® que todos alegaban que o no hab¨ªan sido ejecutados o hab¨ªan sido realizados por los propios trabajadores municipales. El alcalde pidi¨® un informe al secretario y este indic¨® que deb¨ªa poner los hechos en conocimiento de la fiscal¨ªa. Ahora, la fiscal¨ªa de Castell¨®n deber¨¢ decidir si se investiga por separado o lo acumula a la causa de financiaci¨®n.