El Gobierno choca con el escollo de la Audiencia

El ¨²ltimo ha sido el desencuentro con el juez Santiago Pedraz por el archivo de su investigaci¨®n sobre los promotores del 25-S que el Gobierno plante¨® poco menos que como un golpe de Estado. El episodio se sald¨® con los insultos del diputado del PP Rafael Hernando al magistrado (¡°pijo ¨¢crata¡±, lo llam¨®) por justificar la marcha por la ¡°decadencia de la clase pol¨ªtica¡±. Pero los conflictos del Ejecutivo con la Audiencia Nacional se han multiplicado en los ¨²ltimos meses. Y este tribunal, que durante m¨¢s de 20 a?os se ha encargado del terrorismo, aparece a veces como un escollo para el poder.

El pasado julio, el juez Javier G¨®mez Berm¨²dez, expresidente de la Sala de lo Penal, inici¨® una investigaci¨®n contra el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez, por un presunto delito de revelaci¨®n de secretos al difundir en rueda de prensa datos de la investigaci¨®n del magistrado sobre el secuestro de Publio Cord¨®n, protegidos por el secreto de sumario.

A principios de septiembre, ese mismo juez abri¨® la puerta a las decenas de miles de afectados por las participaciones preferentes para querellarse por estafa contra las entidades que se las vendieron con supuestos enga?os, situando a esas cajas como responsables civiles subsidiarios de los perjuicios que esas personas hubieran podido sufrir. La decisi¨®n tambi¨¦n fue mal acogida por el Ejecutivo. El caso, si se iniciara, podr¨ªa dar lugar a indemnizaciones millonarias que tendr¨ªan que afrontar esas cajas. Y la troika (Comisi¨®n Europea, BCE y FMI) ya ha advertido que la suma que se preste para el rescate bancario solicitado por Rajoy no podr¨¢ usarse para resarcir a estos damnificados, que tendr¨¢n que aceptar sus p¨¦rdidas.

Detr¨¢s de la visibilidad de estos choques se encuentran varios factores. El primero, la desaparici¨®n de ETA, que poco a poco transforma el antiguo tribunal del terrorismo ¡ªun fen¨®meno contra el que jueces y pol¨ªticos lucharon casi siempre mano a mano¡ª en el de los grandes casos de corrupci¨®n (G¨¹rtel o Pretoria, por ejemplo) o de delincuencia econ¨®mica (Bankia, CAM, Caja Castilla-La Mancha...), con gran trascendencia pol¨ªtica que incitan a los partidos a pronunciarse y posicionarse sobre sus resoluciones. La Audiencia Nacional sigue siendo el tribunal de mayor cobertura medi¨¢tica debido a la importancia de los delitos que investiga.

Pero el conflicto con el Gobierno ¡ªo con parte de ¨¦l¡ª tambi¨¦n se produjo en los ¨²ltimos a?os en los asuntos que afrontan el final del terrorismo que, hasta el cese de ETA, supon¨ªa el grueso de su actividad. En el caso del chivatazo a ETA en el bar Fais¨¢n, que instruye el juez Pablo Ruz, contin¨²an imputados dos cargos de Interior durante el anterior mandato del PSOE. O en la excarcelaci¨®n del etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, en el que el tribunal fall¨® a favor de las tesis del ministerio del Interior, pero en contra de la Fiscal¨ªa, dependiente en ¨²ltima instancia de Justicia.

La alusi¨®n de Pedraz a ¡°la decadencia¡± de los pol¨ªticos puede ser la espita de los insultos que el juez recibi¨® del PP por el 25-S. Pero detr¨¢s del conflicto se encuentra el intento desesperado del Ejecutivo de imputar a ocho promotores y a los 35 detenidos durante la manifestaci¨®n por un delito contra las Instituciones del Estado, lo que le permitir¨ªa presentar el caso como una suerte de sedici¨®n. Al archivarlo, Pedraz lo rebaj¨® al de atentado y resistencia. Los t¨ªpicos delitos que se imputan en cualquier disturbio y de los que se encargan los tribunales ordinarios. No la Audiencia Nacional. No el tribunal del terrorismo.