Doce meses de acusaciones desmontadas por los hechos

El Supremo recibi¨® en plena campa?a de las pasadas elecciones generales una pieza separada remitida por un juzgado de Lugo. En ella se acusaba al entonces ministro Jos¨¦ Blanco de haber cobrado 200.000 euros por hacer gestiones para que el empresario Jorge Dorribo, imputado por corrupci¨®n, lograse una autorizaci¨®n del ministerio de Sanidad y una subvenci¨®n del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda. Dorribo era quien hac¨ªa esa acusaci¨®n y nunca logr¨® ni la autorizaci¨®n de Sanidad ni la subvenci¨®n de Econom¨ªa para sus negocios.

Dorribo declar¨® a la juez del caso que ten¨ªa un documento que probaba que hab¨ªa sacado 150.000 euros de un banco andorrano en febrero de 2011 para sobornar al ministro. Pero la investigaci¨®n del Supremo comprob¨® que ese dinero lo emple¨® Dorribo en pagar unas deudas que ten¨ªa con una farmac¨¦utica de Andorra.

Dorribo tambi¨¦n se?al¨® que esos pagos ilegales constaban en la contabilidad de su empresa. Cuando la juez orden¨® el registro de la empresa, no pudo encontrar ¡°ning¨²n elemento relativo a las fichas a las que alud¨ªa el declarante¡±.

Desmontadas las pruebas falsas que Dorribo construy¨® contra Blanco y difundi¨® primero en El Mundo y luego ante la juez, el Supremo sigui¨® investigando un posible tr¨¢fico de influencias y un posible cohecho de Jos¨¦ Blanco por conversaciones telef¨®nicas incluidas en la causa. En una de ellas, Dorribo aseguraba que su socio, el empresario Jos¨¦ Antonio Orozco, le hab¨ªa dicho que hab¨ªa pagado parte del chal¨¦ de Blanco en Las Rozas (Madrid). La polic¨ªa no hall¨® rastro de ese pago, aunque sospecha que Blanco abon¨® una parte del precio del chal¨¦ en dinero negro.

Tr¨¢fico de influencias

Otra conversaci¨®n entre Orozco y Blanco probaba que el entonces ministro medi¨® para agilizar una licencia a favor del empresario, que quer¨ªa construir una nave en el aeropuerto de Barcelona.

La polic¨ªa intenta acreditar que la concesi¨®n de la licencia se hizo por la presi¨®n del ministro pese a que el empresario no cumpl¨ªa las condiciones establecidas en la Ley. Sin embargo, los informes t¨¦cnicos aportados a la causa no se?alan nada parecido. Por eso los agentes quieren un experto medioambiental que elabore un informe pericial sobre esa cuesti¨®n. Pero el juez se ha negado.