El Tribunal Supremo evita que Matas ingrese en prisi¨®n

El Tribunal Supremo ha rebajado notablemente la pena que le hab¨ªa impuesto la Audiencia de Palma al expresidente balear Jaume Matas (PP) en la primera de la veintena de causas dentro del caso Palma Arena en las que se le investiga: de seis a?os de c¨¢rcel por seis delitos a nueve meses por uno (tr¨¢fico de influencias). Con esta decisi¨®n, el alto tribunal permite a Matas evitar su ingreso en prisi¨®n por el momento (por ser una pena no superior a los dos a?os y carecer el reo de antecedentes penales) y mientras se resuelven los procedimientos judiciales que tiene pendientes. Los hechos en los que se basa el Supremo son los mismos, pero la calificaci¨®n jur¨ªdica es muy distinta a la de la Audiencia de Palma.

Se trata de un asunto largo y complejo. El expresidente balear contrat¨® al periodista y columnista de El Mundo Antonio Alemany, amigo suyo, para que le escribiera los discursos y trabajara como asesor en sus comparecencias p¨²blicas y entrevistas. Para pagarle por sus servicios, pod¨ªan hacerle un contrato como asesor, pero eso implicaba, seg¨²n la estricta ley de incompatibilidades balear, dedicaci¨®n exclusiva, y Alemany quer¨ªa seguir con sus otros asuntos ¡ªmercantiles y period¨ªsticos¡ª. Otra posibilidad era un contrato menor, pero en este caso el m¨¢ximo a percibir eran 12.000 euros anuales y el periodista quer¨ªa m¨¢s dinero.

El Gobierno balear, a instancias de Matas, abri¨® entonces un aparente concurso p¨²blico con car¨¢cter urgente para la prestaci¨®n de una serie de servicios que llevar¨ªa a cabo Alemany y por los que facturar¨ªa una sociedad elegida ad hoc. El expresidente habl¨® con una empresa de confianza, Nimbus ¡ªde otro de los acusados, Miguel Romero¡ª, dejando claro c¨®mo ten¨ªan que presentarse al concurso y para qu¨¦: se trataba solo de un apa?o para que Alemany pudiera cobrar. Finalmente, se les adjudic¨® el concurso y Nimbus cobr¨® 4.361,60 euros al mes por los servicios prestados por Alemany a Matas. Con esta extra?a f¨®rmula, el periodista cobr¨® entre 2003 y 2007 casi 200.000 euros.

Con estos hechos sobre la mesa, la Audiencia de Palma consider¨® en marzo de 2012 que el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar hab¨ªa cometido varios delitos: prevaricaci¨®n ¡ªpor haber pedido que se abriera a concurso un contrato para asesorar al Gobierno en materia de medios de comunicaci¨®n que se iba a ama?ar¡ª; malversaci¨®n de caudales p¨²blicos ¡ªpor el dinero pagado en forma de comisi¨®n a Nimbus por acceder a hacerles el favor¡ª; inducci¨®n de un fraude a la Administraci¨®n ¡ªpor haber facilitado a Nimbus informaci¨®n sobre c¨®mo se ten¨ªan que presentar al concurso para que les fuera adjudicado y por haberles incitado a participar en ¨¦l para pagar a Alemany¡ª; y falsedad en documento oficial y en documento mercantil¡ª por las facturas que emit¨ªa Nimbus y que obedec¨ªan, sin embargo, a servicios prestados por Alemany¡ª.

El alto tribunal ha considerado, a¨²n aceptando estos hechos ¡ªes decir, que todo fue una estratagema para evitar que Alemany tuviera que cumplir la ley de incompatibilidades balear¡ª, que los servicios objeto de discusi¨®n s¨ª se prestaron y, por lo tanto, no se cumplen los requisitos para calificarlo de delito.

No hubo prevaricaci¨®n, argumentan, porque el contrato que sali¨® a concurso iba a ¡°cumplir un servicio p¨²blico¡± (asesorar a Matas) que efectivamente se prest¨®. No hubo malversaci¨®n, seg¨²n los magistrados, porque las comisiones que haya podido haber entre Alemany y la empresa Nimbus formaban parte de un ¡°acuerdo entre particulares¡±. No hubo tampoco fraude a la Administraci¨®n. Ni falsedad en documento oficial o en documento mercantil porque, defienden, las facturas se emitieron en relaci¨®n a un contrato administrativo que s¨ª se prest¨®. Por lo tanto, Matas no cometi¨® ning¨²n delito en relaci¨®n con estos hechos, seg¨²n el Supremo.

La resoluci¨®n ha sido adoptada por los magistrados Carlos Granados (ponente), Jos¨¦ Manuel Maza, Juan Ram¨®n Berdugo y Manuel Marchena y ha contado con el voto particular de Alberto Jorge Barreiro, que discrepa de la absoluci¨®n a Matas por prevaricaci¨®n y falsedad.

El voto particular se?ala que el motivo para no contratar a Alemany como asesor fue ¡°el r¨¦gimen de dedicaci¨®n absoluta y exclusiva al personal eventual¡± que fija la ley de la funci¨®n p¨²blica de Baleares. Fue por este motivo que se convoc¨® el concurso, que se tramit¨® adem¨¢s de manera urgente. Por ello, se?ala el magistrado, ¡°solo cabe colegir que el contrato administrativo surgido del concurso p¨²blico organizado por el Gobierno aut¨®nomo era un contrato simulado, toda vez que quien iba a prestar el servicio de asesor¨ªa personal no era Miguel Romero ni su empresa, sino Antonio Alemany¡±.

¡°Mediante el contrato se simulaba por tanto la prestaci¨®n de los servicios de asesor¨ªa del presidente y de la comunidad por parte de la empresa Nimbus Publicidad, de Miguel Romero, al mismo tiempo que se disimulaba la real intervenci¨®n de Antonio Alemany como asesor personal, siendo este quien iba a obtener las contraprestaciones que iba a abonar la comunidad aut¨®noma por una suma de 4.361,60 euros mensuales¡±, prosigue Alberto Jorge.

El magistrado opina que se trata de un ¡°t¨ªpico fraude de ley¡± para evitar el cumplimiento de una norma y se?ala que, en contra de lo que sostiene el resto de la sala, ¡°las resoluciones dictadas por la directora general de relaciones institucionales cumplimentando las decisiones e indicaciones de algunos de los acusados, s¨ª son injustas y arbitrarias¡±, dictadas para incumplir la ley auton¨®mica de incompatibilidades. Por tanto, concluye, concurren todos los elementos de la prevaricaci¨®n, ¡°ya que los acusados actuaban a sabiendas de la manifiesta ilegalidad en que incurr¨ªan¡±.

Sobre la implicaci¨®n de Matas en este delito, se?ala el magistrado que fue la persona que ¡°hab¨ªa concebido y planificado el concurso para otorgar un contrato administrativo simulado¡± y quien ¡°convenci¨® a los protagonistas de la operaci¨®n y dio las ¨®rdenes para que lo materializara su hombre de confianza en temas de comunicaci¨®n¡± mientras Alemany ¡°se prest¨®, desde el primer momento, a colaborar en la preparaci¨®n de la trama¡±. Por ello, el voto particular sostiene que debi¨® ratificarse la condena por prevaricaci¨®n con respecto a este episodio tanto a Matas como a Alemany.

Un argumento parecido utiliza el magistrado para apreciar el delito de falsedad en documento oficial y en documento mercantil: si el contrato no estaba siendo ejecutado en realidad por Nimbus sino por Alemany, tanto los informes oficiales como las facturas ¡°ten¨ªan un contenido falsario¡± y ¡°permitieron ocultar qui¨¦n estaba realmente ejecutando y cumpliendo el contrato administrativo, al mismo tiempo que aparentaban que lo cumplimentaba quien no lo hac¨ªa y se limitaba a cobrar una comisi¨®n¡±.

Por otro lado, Alemany recibi¨® una subvenci¨®n de 449.734 euros del Gobierno balear para sacar adelante un proyecto de agencia de noticias en la comunidad aut¨®noma. En este punto, el alto tribunal ha considerado que Matas s¨ª cometi¨® un delito de tr¨¢fico de influencias ¡ª¡°utiliz¨® su autoridad jer¨¢rquica para presionar¡± en la concesi¨®n de la subvenci¨®n, se?ala la sentencia¡ª y fija la pena en nueve meses y un d¨ªa de c¨¢rcel, 6.000 euros de multa e inhabilitaci¨®n especial para cualquier cargo electivo por cuatro a?os, seis meses y un d¨ªa. Es el ¨²nico delito que aprecia el Supremo, que tambi¨¦n ha rebajado la pena de Alemany de tres a?os y nueve meses de c¨¢rcel a dos a?os y tres meses de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n absoluta de cuatro a?os y siete meses -absolvi¨¦ndole tambi¨¦n en el asunto del concurso-

La fiscal¨ªa, durante la vista p¨²blica celebrada ante el Supremo, hab¨ªa pedido la confirmaci¨®n ¨ªntegra de la condena de la Audiencia de Palma, que calific¨® de ¡°correcta¡±, por los delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, fraude a la Administraci¨®n, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. El fiscal Fernando Sequeros defendi¨® la necesidad de una sanci¨®n para ¡°los gobernantes que mal gobiernen y aquellos que se valen de funciones para lucrarse en sus intereses privados¡±. La abogada del Gobierno balear solicit¨® tambi¨¦n la confirmaci¨®n de la sentencia.