CC OO y UGT se re¨²nen con Gallard¨®n para salvar de la c¨¢rcel a seis huelguistas

La reuni¨®n que este lunes mantendr¨¢n los m¨¢ximos responsables de CC OO y UGT con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, tiene un objetivo: desactivar hasta donde sea posible las 81 causas judiciales abiertas en toda Espa?a contra 260 afiliados por participar en piquetes en diversas protestas. Las centrales creen que los juzgados est¨¢n actuando con la mayor severidad para "criminalizar", el derecho fundamental de la huelga y se han movilizado para evitar que las primeras seis personas condenadas ingresen en prisi¨®n.

Se trata de Carlos Rivas y Seraf¨ªn Rodr¨ªguez, condenados en Vigo en mayo de 2011 a tres a?os de c¨¢rcel por "impedir a un grupo de trabajadores acudir a su puesto de trabajo lanz¨¢ndoles objetos al veh¨ªculo en el que se encontraban", durante una huelga de transportes en el a?o 2008. Otras dos monitoras de piscinas municipales en Pontevedra, Tamara Vidal y Ana Outerelo, tienen una condena firme de tres a?os por participar en un piquete de unas 50 personas que entr¨® a empujones en uno de los centros deportivos durante las manifestaciones y tir¨® pintura de color rojo y jab¨®n l¨ªquido al agua de las piscinas.

La lista de los condenados se completa con Carmen Bajo y Carlos Cano, miembros del 15M de Granada, que deber¨¢n de pasar otros tres a?os cada uno por formar parte de un piquete que actu¨® en la huelga general de marzo de 2012. Est¨¢n acusados de causar da?os en un bar por un importe de 700 euros y de amenazar a su propietaria.

Los seis han solicitado al Ministerio de Justicia el indulto (en el caso de los vigueses por segunda vez) respaldados por decenas de miles de firmas recogidas en la calle y por declaraciones a su favor emitidas desde ayuntamientos, diputaciones y parlamentos auton¨®micos. A espera de que resuelva el Consejo de Ministros, C¨¢ndido M¨¦ndez, secretario general de UGT, e Ignacio Fern¨¢ndez Toxo, de CC OO, han lanzado una ofensiva en los despachos de jueces y de miembros del Gobierno para conseguir evitarlo que consideran como "actuaciones penales desproporcionadas e injustificadas", contra los trabajadores.

El pasado viernes ambos se reunieron con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para entregarle el mismo informe que le har¨¢n llegar este lunes a Gallard¨®n sobre la situaci¨®n de todos los procedimientos judiciales en marcha. Entre ellos est¨¢ el de ocho sindicalistas que participaron en septiembre de 2010 en una huelga contra la reforma laboral del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Un altercado en la sede de la firma en Getafe deriv¨® en una carga policial que se sald¨® con varios heridos y en la que un polic¨ªa dispar¨® varios tiros al aire. Cuatro a?os despu¨¦s de aquellos hechos los ocho manifestantes se enfrentan a una petici¨®n del fiscal de 64 a?os de prisi¨®n, ocho para cada uno.

En otros casos no se piden penas de prisi¨®n pero s¨ª se han impuesto cuantiosas multas. Un trabajador que es responsable de CCOO tiene abierto en Huelva dos procedimientos, uno penal y otro administrativo, por unos hechos ocurridos durante la huelga general de noviembre de 2012. Tiene pendientes dos sanciones muy graves con un importe conjunto de m¨¢s de 60.000 euros, aunque no tendr¨¢ que abonarlas hasta que se resuelva su causa penal.?

Reforma del C¨®digo Penal

El ministro Gallard¨®n recibir¨¢ de las centrales sindicales otra petici¨®n muy relacionada con lo anterior: la reforma del art¨ªculo 315.3 del C¨®digo Penal, que establece penas de prisi¨®n de hasta tres a?os para quienes "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". Ese art¨ªculo, en su apartado primero, dicta que "ser¨¢n castigados con penas de prisi¨®n de seis meses a tres a?os los que, mediante enga?o o abuso, impidieren o limitaren el ejercicicio a la libertad sindical o el derecho a la huelga". El supuesto penal sostiene la mayor¨ªa de las acusaciones en los procesamientos de huelguistas que est¨¢n en marcha, aunque las centrales comparten que este art¨ªculo est¨¢ pensado para evitar que los empresarios puedan coaccionar a los trabajadores y no al rev¨¦s. En el ¨¢mbito judicial, adem¨¢s, se apunta a que la severidad de las penas no responde a una aplicaci¨®n coordinada por parte de la Fiscal¨ªa, sino a la dureza de la propia legislaci¨®n.??

Dentro de la ofensiva sindical tambi¨¦n est¨¢ en su punto de mira la futura?Ley de Seguridad Ciudadana, que en su art¨ªculo 22.3 recoge como causa de disoluci¨®n de reuniones o manifestaciones que ¡°exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acci¨®n violenta¡±. En su art¨ªculo 17, el proyecto, que tiene todav¨ªa que recibir el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitaci¨®n parlamentaria, establece lo siguiente: "Para el descubrimiento y detenci¨®n de los part¨ªcipes en una acci¨®n ilegal (...) se podr¨¢n establecer controles en las v¨ªas, lugares o establecimientos p¨²blicos (...) para identificar a las personas que transiten o se encuentren en ellos, el registro de los veh¨ªculos y el control superficial de los efectos personales". Toxo y M¨¦ndez expondr¨¢n ante el ministro su preocupaci¨®n porque esta norma sea un arma para criminalizar las protestas. M¨¢s a¨²n cuando reuniones ante el Congreso, el Senado, y los parlamentos auton¨®micos podr¨¢n ser consideradas ser¨¢n faltas graves cuando ocasionen una perturbaci¨®n grave de la seguridad ciudadana.