La polic¨ªa regula los criterios para ingresar a inmigrantes en los CIE
Interior pretende asegurar que s¨®lo los expulsables sean internados en estos centros
La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa ha cursado una circular para concretar m¨¢s los criterios a tener en cuenta antes de solicitar al juez el ingreso de un inmigrante irregular en los cinco centros de internamiento de extranjeros (CIE) que hay en Espa?a, que actualmente est¨¢n 48% de su capacidad. La polic¨ªa se?ala que ante el "considerable" n¨²mero de solicitudes que se registran actualmente, conviene adoptar medidas para que en tales establecimientos solo est¨¦n aquellos extranjeros cuya expulsi¨®n sea viable.
Recientemente el Gobierno aprob¨® una reforma del reglamento de los CIE para garantizar los derechos y libertades de los inmigrantes, que pueden estar un m¨¢ximo de 60 d¨ªas (la media de permanencia es de 22 a 23 d¨ªas), y permitir a las ONG participar en la gesti¨®n de la asistencia social y sanitaria del centro.
Seg¨²n la circular, firmada por el director adjunto operativo de la Polic¨ªa, Eugenio Pino, y el comisario general de Extranjer¨ªa, Emilio Baos, las peticiones dirigidas a los jueces deben reflejar realmente la situaci¨®n personal, social y familiar del extranjero, as¨ª como la viabilidad de que pueda llevarse a efecto la medida de repatriaci¨®n del inmigrante. El objetivo es optimizar la ocupaci¨®n de los CIE, con una capacidad limitada de plazas, y la solicitud de ingreso solo en aquellos casos que se aconseje esta medida cautelar y sea viable la repatriaci¨®n final, ya que la finalidad del internamiento es asegurar la expulsi¨®n o la devoluci¨®n del extranjero.
Actualmente existen cinco CIE en la Pen¨ªnsula ¡ªMadrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Algeciras¡ª y otros tres en Canarias ¡ªLas Palmas, Fuerteventura y Tenerife¡ª.
Para la Polic¨ªa, el descenso en la llegada de pateras a las costas espa?olas, principalmente a Canarias, y la aplicaci¨®n de estos criterios para solicitar el ingreso en los CIE, ha rebajado las tasas de ocupaci¨®n, de tal manera que los de la Pen¨ªnsula se hallan casi al 48% de su ocupaci¨®n, tasa que asciende al 66,6% en Madrid, donde hay 80 internos para 120 plazas.
Como ya viene ocurriendo, la polic¨ªa valorar¨¢ si el inmigrante tiene domicilio conocido en Espa?a, v¨ªnculos familiares, hijos menores a su cargo, las consecuencias para ¨¦l o para su familia tend¨ªa la expulsi¨®n, si tiene arraigo en nuestro pa¨ªs, si posee pasaporte o si supone un riesgo para la seguridad nacional. Adem¨¢s, se considerar¨¢ su edad, si es una mujer embarazada, su estado f¨ªsico o ps¨ªquico, si necesita tratamiento m¨¦dico o si ha padecido alg¨²n tipo de violencia, violaci¨®n o tortura.
Tambi¨¦n se consultar¨¢n los listados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el objetivo de constar si hay circunstancias que impliquen riesgo para esa persona si regresa a su pa¨ªs.
La circular tambi¨¦n contemplar¨¢ la posibilidad real de que en el plazo m¨¢ximo de 60 d¨ªas ese inmigrante pueda ser expulsado y recuerda que existen otras medidas que no incluyen el internamiento en un CIE y que tambi¨¦n pueden ser adoptadas, como la presentaci¨®n peri¨®dica ante un juez o la retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad.
Recurso contra el reglamento de los CIE
Andaluc¨ªa Acoge, SOS Racismo y la APDH-A han recurrido ante el Tribunal Supremo el nuevo reglamento de los CIE. Solicitan que se declaren nulos ocho aspectos que consideran que vulneran derechos fundamentales y convierten a los CIE en centros con peores condiciones que las de las c¨¢rceles.
Seg¨²n defiende el coordinador del equipo jur¨ªdico de Andaluc¨ªa Acoge, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Candela, se recurren aspectos que "claramente abren las puertas a la discrecionalidad en detrimento de los derechos de los internos".
"'Son muchos los ejemplos: la posibilidad de realizar registros personales con desnudo integral alegando gen¨¦ricos motivos de seguridad; la retirada de objetos al considerarlos no autorizados, sin que se haya especificado cu¨¢les son ni qui¨¦n es competente para tomar esa decisi¨®n; o la posible suspensi¨®n por la direcci¨®n del CIE de las comunicaciones de la persona interna con familiares o amigos, algo que la Ley de Extranjer¨ªa reserva a la autoridad judicial", ha censurado.
Las organizaciones tambi¨¦n rechazan la regla general de que los polic¨ªas presten servicios con armas de fuego dentro de los CIE, en contra de lo que ocurre en las c¨¢rceles, donde los funcionarios no llevan armas.
Entre los puntos que se solicita declarar nulos tambi¨¦n est¨¢ el que establece la posibilidad de internamientos sucesivos de personas extranjeras en situaci¨®n administrativa irregular. "La Ley de Extranjer¨ªa contempla ¨²nicamente la posibilidad de pr¨®rroga del internamiento. Es el juez el que decide el tiempo de privaci¨®n de libertad, con un m¨¢ximo de 60 d¨ªas, incluidos posible pr¨®rrogas. Por lo que, si el magistrado ha decidido un plazo inferior, no puede la Administraci¨®n, una vez un interno queda en libertad, buscar otro juez que complemente ese plazo hasta los 60 d¨ªas. Ser¨ªa un fraude de ley y se estar¨ªa hurtando a la autoridad judicial la verdadera disponibilidad del internamiento", argumenta.
Por su parte, el secretario general de Andaluc¨ªa Acoge, Mikel Aragu¨¢s, sostiene que "lo que aparentemente son detalles t¨¦cnicos o procedimentales, en realidad son violaciones flagrantes de garant¨ªas fundamentales".
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