La trama G¨¹rtel intenta convertir su primer juicio en un proceso pol¨ªtico

Los cabecillas de la red G¨¹rtel han intentado convertir este martes el primer juicio contra la trama de corrupci¨®n vinculada al PP en un proceso pol¨ªtico. El abogado de Pablo Crespo, considerado n¨²mero dos de la organizaci¨®n, ha afirmado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano que la causa ten¨ªa ¡°unos componentes pol¨ªticos indiscutibles¡±. Y ha pedido la recusaci¨®n de uno de los tres magistrados, Juan Climent, con el argumento de que form¨® parte del Ejecutivo socialista que gobern¨® la Comunidad Valenciana en los a?os ochenta.

Los letrados del resto de presuntos miembros de la red se adhirieron a la petici¨®n. Fuera de la sala, Pablo Crespo ha tildado el procedimiento de ¡°montaje pol¨ªtico que se organiz¨® desde el despacho de Rubalcaba [ministro del Interior cuando estall¨® el esc¨¢ndalo]¡±.

El intento de los cabecillas de la presunta trama corrupta de dar un manto pol¨ªtico a las acusaciones no se ha limitado al pasado. El letrado de Crespo y exdirector de la ONCE, Miguel Dur¨¢n, ha afirmado que el juez Climent coincidi¨® en la Consejer¨ªa de Presidencia de la Generalitat en la etapa del expresidente Joan Lerma con Ximo Puig, actual secretario general de los socialistas valencianos y candidato a las elecciones auton¨®micas del 24 de mayo. ¡°No sabemos cu¨¢l ha sido la relaci¨®n entre Climent y Puig en estos a?os¡±, ha a?adido Dur¨¢n. El letrado ha recordado que el PSOE ejerce la acusaci¨®n popular en la causa tras presentar una querella firmada por cuatro diputados, incluido Puig.

Las declaraciones se ha producido despu¨¦s de que la fiscal¨ªa propusiera la comparecencia de un nuevo testigo que puede ser decisivo en el juicio, centrado en las adjudicaciones presuntamente irregulares de la Generalitat valenciana para organizar entre 2005 y 2009 su presencia en Fitur y otros cert¨¢menes tur¨ªsticos menores por cinco millones de euros. Unos hechos que Anticorrupci¨®n atribuye a 13 personas para las que solicita penas que van de la inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico hasta 11 a?os de prisi¨®n.

El testigo propuesto es Juan Carlos Rinc¨®n, que trabaj¨® en la filial del grupo de Correa en Valencia, Orange Market, hasta principios de 2006. Aunque no es un arrepentido, porque nunca ha llegado a estar acusado, Rinc¨®n conoci¨® de primera mano la forma de trabajar del grupo y se encarg¨® de elaborar, seg¨²n los fiscales, las ¡°hojas de coste¡± de las convocatorias de Fitur. Su declaraci¨®n bajo la condici¨®n de testigo protegido y la documentaci¨®n que aport¨® al juez instructor, Jos¨¦ Ceres, fueron claves para que el exconsejero y ex director general de la Polic¨ªa Juan Cotino fuera imputado hace meses en la parte del caso G¨¹rtel que investiga la visita del Papa a Valencia. El ministerio p¨²blico consider¨® importante el testimonio de Rinc¨®n despu¨¦s de no haber podido contactar con otro de sus testigos, Armando Lucas, que los fiscales creen que se halla en el extranjero.

Las defensas de varios acusados, incluyendo la de la expresidenta de las Cortes Valencianas y alcaldesa de Novelda (Alicante), Milagrosa Mart¨ªnez, pidieron la suspensi¨®n de las sesiones, se?aladas hasta octubre, argumentando que no han tenido tiempo de estudiar los documentos aportados por la Polic¨ªa en la parte troncal del caso que se investiga en la Audiencia Nacional, lo que en su opini¨®n les genera ¡°indefensi¨®n¡±. Y alegaron violaci¨®n de varios de sus derechos constitucionales, entre ellos el de la intimidad, por la intervenci¨®n de sus comunicaciones. El abogado de Correa ha sostenido que en los inicios del procedimiento su cliente estuvo detenido 76 horas por el entonces titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garz¨®n, cuatro m¨¢s de lo que permite la ley, sin que el magistrado hubiera dictado un auto para prorrogar el arresto.