Una querella por el ¡®caso Betis¡¯ amenaza el futuro de Alaya

El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa y la fiscal¨ªa est¨¢n analizando una querella del empresario Luis Oliver contra la juez Mercedes Alaya por la instrucci¨®n del caso Betis. En esta causa, que empez¨® en 2008 y ya est¨¢ finalizada, Alaya ha investigado supuestas irregularidades de Manuel Ruiz de Lopera en su etapa de m¨¢ximo dirigente del club de f¨²tbol. En la querella, que amenaza el futuro de la juez, Oliver la acusa de prevaricar para tener el ¡°control absoluto¡± del Betis, que lleva intervenido judicialmente desde 2010.

La querella fue presentada el martes de la semana pasada y tanto la Fiscal¨ªa Superior de Andaluc¨ªa como el instructor designado para la causa, Juan Ruiz Rico, est¨¢n analizando su admisi¨®n a tr¨¢mite, lo que supondr¨ªa un bald¨®n en la estelar carrera de Alaya. Su futuro inmediato est¨¢ ahora en manos del TSJA y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene que decidir si accede a la petici¨®n de la magistrada de seguir investigando las principales macrocausas que salpican al Gobierno andaluz (el caso ERE, los cursos de formaci¨®n y un procedimiento sobra avales de la Junta a empresas), pese a que le ha sido concedido el ascenso que solicit¨® a la Audiencia de Sevilla.

El escrito de Luis Oliver, de 192 p¨¢ginas y al que ha tenido acceso EL PA?S, relata una treintena de pol¨¦micas decisiones que Alaya ha adoptado en el caso Betis desde 2010 cuyo objetivo final, seg¨²n la querella, era tener el ¡°control absoluto¡± del equipo de f¨²tbol, que lleva intervenido judicialmente desde hace cinco a?os. En este tiempo, la Fiscal¨ªa de Sevilla se ha pronunciado en la mayor¨ªa de las ocasiones en contra de las actuaciones de la magistrada, cuyas decisiones ha recurrido una y otra vez.

Alaya inici¨® la investigaci¨®n sobre la gesti¨®n de Lopera en el Betis en 2008. Dos a?os despu¨¦s, Lopera decidi¨® vender su participaci¨®n en el equipo de f¨²tbol, del que pose¨ªa el 51% de las acciones a trav¨¦s de una sociedad denominada Farusa. Oliver, representante de Bitton Sport, lleg¨® a un acuerdo con el ex mandatario b¨¦tico para comprar estas acciones el 6 de julio de 2010 por 16,1 millones de euros.

La respuesta de la magistrada fue inmediata: abort¨® la operaci¨®n al considerar que se trataba de una venta simulada y que Oliver era un mero testaferro de Lopera. Para ello, dict¨® unas medidas cautelares entre las que destacaba una orden al Consejo de Superior de Deportes para que no tramitase la venta del club, una decisi¨®n troncal en el devenir de la causa. Paralelamente, y para garantizar ese ¡°control absoluto¡±, Alaya intervino el equipo b¨¦tico y nombr¨® a tres administradores judiciales de su confianza. Entre ellos, el exfutbolista Rafael Gordillo, que en 2011 explic¨® en una entrevista su papel en el club: ¡°Cuando recib¨ª la llamada de Mercedes Alaya no sab¨ªa que ten¨ªa que hacer. Luego me lo explicaron bien. Ten¨ªa una misi¨®n muy concreta, que salieran estos personajes del Betis. Fueron meses duros¡±.

Estos administradores judiciales han cambiado con el tiempo y en la actualidad solo hay uno, el abogado Francisco Estepa, una ¡°persona pr¨®xima¡±, subraya la querella, al marido de la magistrada, el administrador concursal Jorge Castro. Esta relaci¨®n fue llevada por Lopera al Consejo General del Poder Judicial, que archiv¨® la queja. La juez atribuy¨® a ¡°bulos period¨ªsticos¡± la relaci¨®n entre Estepa y su marido, un reconocido aficionado del Betis, pero lo cierto es que hay dos datos que constatan la relaci¨®n entre ambos. Estepa fue abogado de Castro en un caso en el que fue imputado, procedimiento que luego fue archivado. Y Estepa, procedente de C¨®rdoba y que tambi¨¦n trabaja como administrador concursal, ha compartido con Castro sede profesional en Sevilla.

Para intentar demostrar que Oliver era un testaferro de Lopera, Alaya orden¨® a la Guardia Civil que investigase v¨ªnculos entre ambos. Estas pesquisas resultaron bald¨ªas ya que no se encontr¨® ning¨²n nexo societario entre ambos. El relato de la magistrada, afirma la querella, era ¡°pura fantas¨ªa¡± y se ha revelado ¡°completamente falso¡±. ¡°El ¨²nico motivo real de ordenar dicha paralizaci¨®n reside en evitar la consumaci¨®n de la compraventa y con ello asegurarse el control¡± del Betis, sostiene el escrito, que recuerda que la fiscal¨ªa se ha opuesto hasta en 15 ocasiones a las medidas cautelares que la juez impuso en el Betis y que impidieron a Oliver la compra del club.

Tras ver c¨®mo la operaci¨®n se frenaba, Oliver intent¨® personarse en la causa como parte afectada, algo a lo que se neg¨® Alaya de forma reiterada y que le caus¨® ¡°indefensi¨®n¡±, argumenta el escrito del abogado Alfonso Contreras. A esta decisi¨®n se suman otras como eximir a las acusaciones particulares (B¨¦ticos por el Villamar¨ªn, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas B¨¦ticos) de una fianza para ser parte en la causa, decisi¨®n a la que tambi¨¦n se opuso la fiscal¨ªa.

Tras no hallar v¨ªnculos entre Lopera y Bitton Sport, Alaya orden¨® a los administradores judiciales que investigaran la etapa en la que Oliver estuvo en el Consejo de Administraci¨®n del Betis, entre julio y diciembre de 2010. Tras recibir el informe de los administradores (la querella cuestiona que se les otorgase el papel de polic¨ªa judicial), Alaya abri¨® una causa secreta contra Oliver en la que orden¨® el pinchazo del tel¨¦fono del empresario. La causa fue abierta en febrero de 2011 y la fiscal¨ªa ignor¨® durante meses su existencia. Cuando lo supo tambi¨¦n recurri¨® el pinchazo telef¨®nico.

Alaya orden¨® a la Guardia Civil pinchar el tel¨¦fono de Oliver el 5 de octubre de 2011 con el argumento de que era una persona de ¡°dif¨ªcil localizaci¨®n¡± y por tener una orden de busca y captura de un juzgado de Santander. Pocos d¨ªas despu¨¦s, la Guardia Civil comunic¨® a la magistrada que no exist¨ªa esta orden de busca y que hab¨ªa habido un ¡°error en la base de datos¡±. Pero Alaya orden¨® que los pinchazos siguieran por la ¡°dif¨ªcil localizaci¨®n¡± de Oliver por sus ¡°continuos viajes al extranjero y en el interior del pa¨ªs¡±. La intervenci¨®n telef¨®nica estuvo vigente hasta el 2 de noviembre, tiempo en el que Alaya intercept¨® 11 conversaciones de Oliver con su abogado.

La querella hace hincapi¨¦ en que la Guardia Civil sab¨ªa perfectamente d¨®nde estaba Oliver en cualquier momento (en un informe detalla viajes a Madrid, Zaragoza o Bilbao) y que para la localizaci¨®n no hace falta el pinchazo. ¡°Basta con localizar la se?al que emite la terminal telef¨®nica para saber su localizaci¨®n, como es notorio, sin que sea necesario o¨ªr las conversaciones¡±, reza el escrito, que subraya que la magistrada dict¨® esta orden ¡°a sabiendas de la previsible eventualidad¡± de que Oliver ¡°se pusiera en comunicaci¨®n son su abogado y escuchar ilegalmente 11 conversaciones¡± con este.

Otra parte troncal de la querella es el procesamiento de Oliver en el caso Betis, al que tambi¨¦n se ha opuesto la fiscal¨ªa. Alaya sostuvo durante meses que el empresario era un testaferro de Lopera, pero cuando la Guardia Civil no encontr¨® ning¨²n v¨ªnculo, cambi¨® de criterio. Finalmente, Alaya ha procesado al empresario por comprar, en grado de tentativa, parte de las acciones que Lopera ten¨ªa en el Betis ¡°a sabiendas de que eran litigiosas", porque la juez ten¨ªa dudas de las acciones que compr¨® en 1992. El letrado de Oliver subraya que en el C¨®digo Penal no existe el ¡°absurdo delito¡± de la compra de acciones litigiosas y a?ade: ¡°Es una mera argucia para asegurar el mantenimiento de las medidas cautelares¡± y mantener el control del Betis.