El urbanismo de Marbella retrocede 30 a?os y regresa al limbo jur¨ªdico

A Marbella, destino tur¨ªstico internacional de lujo, le cuesta pasar p¨¢gina tras los desmanes urban¨ªsticos de la era GIL y no encuentra paz para afrontar su desarrollo y normalizar sus casi 20.000 casas irregulares. Las tres sentencias del Tribunal Supremo que anulan el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de 2010 retrotraen al plan urban¨ªstico de 1986, el mismo que se saltaron insistentemente el fallecido Jes¨²s Gil y sus ac¨®litos. Las resoluciones han sembrado el desconcierto en las Administraciones y preocupan a los promotores. Vuelve la incertidumbre, aunque es pronto para calcular las dimensiones del varapalo. ¡°Qu¨¦ me dices¡±, exclamaba al conocer el fallo una vecina de Marbella, propietaria de una vivienda legalizada con el nuevo plan que regresa al limbo jur¨ªdico. La noticia se conoce poco a poco entre los ciudadanos, que no saben el alcance del fallo.

Ahora hay muchas dudas y pocas certezas. El principal mensaje que lanza a los inversores el alcalde, el socialista Jos¨¦ Bernal, es que existe seguridad jur¨ªdica y el urbanismo de la ciudad no se paraliza. La referencia vuelve a ser el PGOU de 1986, sobre el que se aplicar¨¢n ¡°adaptaciones y modificaciones¡±. Bernal, al frente de un gobierno tripartito que se apoya en un cuarto grupo pol¨ªtico, cree que las licencias que se han dado conforme al planeamiento ahora nulo ¡°son firmes y se ajustan a derecho¡±. Las que est¨¢n en tramitaci¨®n ser¨¢n revisadas.

Los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento trabajan conjuntamente con la consejer¨ªa andaluza de Ordenaci¨®n del Territorio. El titular de este departamento, Jos¨¦ Fiscal, visita este lunes Marbella para tratar el asunto. El anterior gobierno local, presidido por el PP, fue de la mano de la Junta, responsable de la aprobaci¨®n final, para sacar adelante el plan urban¨ªstico, redactado por el arquitecto Manuel Gonz¨¢lez Fustegueras. Las irregularidades urban¨ªsticas eran una patata caliente para las que se busc¨® una f¨®rmula de regularizaci¨®n que ahora ha tumbado el Supremo, que corrige al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA). El principal motivo: el planeamiento no es el instrumento para legalizar lo que es ilegal.

El PGOU de 2010, que recibi¨® 432 impugnaciones, busc¨® la normalizaci¨®n urban¨ªstica a trav¨¦s de un sistema de compensaciones asumidas por los promotores de las viviendas ilegales. Para proteger a los particulares de buena fe, deb¨ªan ser los empresarios los que repararan el da?o al municipio con dinero o suelo y locales destinados a dotaciones p¨²blicas. Al hacerlo, las construcciones quedar¨ªan regularizadas. Por este sistema se podr¨ªan salvar 16.500 casas; otras 1.500 quedaron excluidas porque se levantan sobre suelo no urbanizable de especial valor.

Inc¨®gnita

El proceso de las compensaciones es lento y complejo. El Ayuntamiento est¨¢ actualizando el dato. Hasta las elecciones de mayo pasado, fecha en que cambi¨® el gobierno local, se hab¨ªan resuelto positivamente 10 expedientes que afectaban a 1.105 viviendas y por las que la ciudad obtuvo 25.868 metros cuadrados para zonas verdes, equipamientos y 19 viviendas de promoci¨®n p¨²blica.

Esto conduce a otra inc¨®gnita. ?Pueden los promotores que han saldado cuentas con el Ayuntamiento plantear la devoluci¨®n de lo que han pagado? Para la edil de Urbanismo, Isabel P¨¦rez, no ser¨ªa posible porque se trata de actos administrativos ¡°que son firmes desde el momento en que se terminan¡±. Para ¡°reforzar¡± la idea, sin embargo, se consultar¨¢ con los servicios jur¨ªdicos. Porque casi todos los escenarios provocan dudas. Algunos expertos consultados destacan el ¡°quebranto¡± que podr¨ªan sufrir tambi¨¦n las arcas municipales por el IBI que han pagado inmuebles levantados en un supuesto suelo urbano que ahora, con el plan de 1986, vuelve a ser r¨²stico.

El aviso de tranquilidad que se lanza a los inversores se traslada a los compradores de buena fe. Porque dos de los fallos del Supremo pueden resultar inquietantes, ya que trasladan las cargas urban¨ªsticas a los propietarios de las viviendas, no a sus promotores. El Consistorio pedir¨¢ al alto tribunal una aclaraci¨®n de sentencia sobre el sistema de compensaciones y esta atribuci¨®n a los particulares. ¡°Los defenderemos¡±, afirma Bernal.

El pr¨®ximo paso es subsanar los errores de tr¨¢mite y completar la documentaci¨®n, ya que el alto tribunal ha censurado la ausencia de un informe de sostenibilidad econ¨®mica y que la evaluaci¨®n ambiental no hay sido la correcta. Se preguntar¨¢, adem¨¢s, qu¨¦ parte del documento se puede rescatar.

La elaboraci¨®n de un nuevo PGOU se puede demorar hasta cinco a?os. ¡°Hay que buscar f¨®rmulas con las que se pueda ir trabajando y que la actividad no se paralice¡±, apunta el empresario Ricardo Arranz, presidente de la Federaci¨®n Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial. Arranz reclama a la Junta que lidere el proceso con mano firme y a los grupos pol¨ªticos de Marbella, unidad. Tacha la resoluci¨®n del Supremo de ¡°jarro de agua fr¨ªa¡±, aunque, en su opini¨®n, se trata de un ¡°golpe esperado¡±. El promotor es cr¨ªtico con el sistema de compensaciones, planteado cuando ya exist¨ªan sentencias de derribo de viviendas irregulares de los tribunales. La Asociaci¨®n Provincial de Constructores y Promotores ha pedido una respuesta r¨¢pida para sortear la inseguridad jur¨ªdica.

En Marbella no se ha derribado ni una casa habitada. En 2009, el Ayuntamiento demoli¨® el esqueleto de una urbanizaci¨®n con 34 viviendas que no ten¨ªan licencia y que estaban al 60% de su ejecuci¨®n. El urbanismo de Marbella sigue instalado en el caos. ¡°Es un palo, una papeleta para el Ayuntamiento¡±, argumenta un jurista, conocedor de la vida municipal de Marbella. La huella del modelo corrupto que gobern¨® la ciudad se resiste a desaparecer.