Presidencia pleitea para evitar responder sobre transparencia

La Ley de Transparencia permite a los ciudadanos solicitar informaci¨®n al Gobierno y fija en qu¨¦ casos este debe responder y en qu¨¦ plazo. Cuando la Administraci¨®n deniega una petici¨®n o la respuesta que da no es satisfactoria, el ciudadano puede recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¨®rgano encargado de supervisar el cumplimiento de la ley. Generalmente los dict¨¢menes de este organismo p¨²blico son aceptados, tanto por el Gobierno como por el ciudadano. Sin embargo, la norma prev¨¦ la posibilidad de recurrir sus decisiones ante los tribunales. En contra de la previsi¨®n de las organizaciones que defienden la transparencia, no est¨¢n siendo los solicitantes de informaci¨®n los que recurren, sino el Gobierno, y para evitar tener que divulgarla.

En Access Info Europe, organizaci¨®n que promueve el acceso a la informaci¨®n, no dan cr¨¦dito a lo que ha sucedido con una de sus peticiones. En agosto de 2015 solicitaron copias de los informes del progreso del Gobierno espa?ol en los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGT, por sus siglas en ingl¨¦s), una iniciativa en la que los gobiernos presentan peri¨®dicamente sus avances en rendici¨®n de cuentas, gobierno abierto y transparencia. El Ministerio de Presidencia deneg¨® la petici¨®n por considerar los documentos ¡°internos¡±. El Consejo de la Transparencia, en cambio, fall¨® a favor de la ONG e inst¨® a Presidencia a entregar los informes en un plazo de 15 d¨ªas.

En lugar de hacerlo, el ministerio present¨® un recurso contencioso-administrativo en los juzgados contra la resoluci¨®n del Consejo. ¡°Recurrir es una opci¨®n prevista en la ley, pero en este caso es especialmente sorprendente. Ir a los tribunales contra el Consejo para no dar informaci¨®n sobre transparencia es sencillamente alucinante¡±, dice Luisa Izuzquiza, portavoz de Access Info. Espa?a present¨® de manera voluntaria su primer plan de acci¨®n a la OGP en 2012 y el segundo en 2014. Adherirse a la iniciativa, liderada por Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, y que ya cuenta con 69 pa¨ªses, implica comprometerse a ir avanzando en la transparencia con acciones concretas: liberar bases de datos hasta ahora no divulgadas, garantizar el acceso de los ciudadanos a la informaci¨®n, etc. La relaci¨®n con la OGT la lleva la Secretar¨ªa de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente del ministerio de Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa.

"El Consejo de Transparencia no tiene capacidad para obligar a la Administraci¨®n a responder; solo puede instar a hacerlo", recuerda Jes¨²s Lizcano, presidente de Transparencia Internacional Espa?a, que admite estar sorprendido por el uso que est¨¢ haciendo de la posibilidad de recurrir ante los tribunales. "Lo que tienen que hacer las administraciones es ser transparentes: ahora mismo hay demasiadas excepciones en la ley y es necesario aprobar el reglamento que la desarrolle", a?ade. El Gobierno hizo p¨²blico un borrador del reglamento en julio pasado, pero no se ha vuelto a saber nada de ¨¦l. "El derecho a saber debe prevalecer salvo en contadas ocasiones", remacha Lizcano.

Adem¨¢s del recurso de Presidencia, otros cuatro presentados por empresas p¨²blicas se dirimir¨¢n en los tribunales:

Imposible saber cu¨¢nto cuesta Eurovisi¨®n

Radiotelevisi¨®n espa?ola ha presentado dos recursos en los juzgados porque no est¨¢ de acuerdo con el criterio de dos resoluciones del Consejo de la Transparencia. Un ciudadano solicit¨® en mayo de 2015 conocer el coste total de la participaci¨®n de Espa?a en el festival de Eurovisi¨®n: viajes, alojamiento, dietas, vestuario... RTVE ni siquiera le contest¨®, as¨ª que recurri¨® al Consejo. Este pregunt¨® al ente p¨²blico por qu¨¦ no daba los datos, a lo que RTVE aleg¨® que exig¨ªan una labor de reelaboraci¨®n y que divulgarlos pod¨ªa perjudicar a sus intereses comerciales. El Consejo desmont¨® los argumentos y fall¨® a favor del ciudadano.

En el otro caso, otra persona pidi¨® conocer el coste de los canales de televisi¨®n. RTVE contest¨® con argumentos similares, pero el Consejo tambi¨¦n los tumb¨®. ¡°Proporcionar informaci¨®n desagregada sobre el coste en euros por cada canal de televisi¨®n abierto al p¨²blica no da?a el secreto comercial o empresarial ni los intereses econ¨®micos¡±, dictamina este organismo p¨²blico.

?Y cu¨¢nto cuesta la moneda de Felipe VI?

Eso le pregunt¨® un ciudadano a la F¨¢brica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas. Quiso saber los ¡°costes de producci¨®n y distribuci¨®n de la nueva moneda de un euro acu?ada con la efigie de Felipe VI¡±. Pero la Real Casa de la Moneda respondi¨® que darle esos datos perjudicar¨ªa a sus intereses econ¨®micos y comerciales.

El Consejo de la Transparencia dio la raz¨®n al ciudadano: ¡°Conocer el coste econ¨®mico de la inversi¨®n realizada con motivo del cambio en la Jefatura del Estado y que ha sido asumida con fondos p¨²blicos responde plenamente a la finalidad ¨²ltima para la que fue aprobada la Ley de Transparencia¡±. El abogado del Estado que redacta el recurso de la FNMT, consultado por EL PA?S, argumenta entre otras cosas que al denegar la informaci¨®n no se perturba ning¨²n inter¨¦s general puesto que la solicitud ¡°pretende satisfacer una curiosidad privada de una ciudadana¡±.

?Con qui¨¦n trabaja Tragsa?

La empresa p¨²blica Tragsa, para la que trabajan cerca de 10.000 empleados y que depende del Ministerio de Hacienda (a trav¨¦s de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI), se niega a hacer p¨²blicas sus encomiendas de gesti¨®n, los encargos que recibe de las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos para realizar obras de tipo medioambiental, infraestructuras y otras. En lugar de divulgar la informaci¨®n, como le pidi¨® el Consejo de la Transparencia, ha optado por presentar un recurso contencioso administrativo.

Se da la circunstancia de que tanto el Consejo de la Transparencia --en principio independiente, pero a su presidente lo nombra Hacienda-- como Tragsa dependen del mismo brazo ejecutivo. Es decir, dos organismos bajo el paraguas del mismo ministerio han acabado enfrentados en los tribunales a cuenta de la ley de transparencia.