El pacto con la fiscal¨ªa en el juicio de la caja b del PP de Valencia divide a las defensas

El juicio de la pieza separada del caso G¨¹rtel de corrupci¨®n sobre la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano en la ¨¦poca en que estuvo presidido por Francisco Camps comenz¨® este lunes en la Audiencia Nacional con el tr¨¢mite de cuestiones previas, que fueron rechazadas de plano por el juez, y dos bloques en el banquillo. La estrategia de Francisco Correa y de nueve empresarios de pactar con la Fiscal¨ªa y reconocer que dieron al partido 2,2 millones de euros bajo cuerda para las elecciones de 2007 y 2008 pone en aprietos a los acusados que insisten en su inocencia.

La vista oral sobre la caja b del PP valenciano se inici¨® en el b¨²nker de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) con el tr¨¢mite de cuestiones previas. En esta fase preliminar, las partes plantean al juez causas que aconsejan la suspensi¨®n del juicio, alegaciones sobre las pruebas propuestas o posibles causas de nulidad del proceso.

Frente al juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia se sentaron juntos 20 acusados por delitos electorales, de falsedad documental y contra la Hacienda P¨²blica. Y aunque aparentemente formaban un mismo colectivo, en el banquillo hab¨ªa dos bandos diferenciados, aunque no por ello enfrentados. Por un lado est¨¢n los acusados que no han alcanzado un acuerdo con la fiscal¨ªa y que rebaten la tesis de que empresarios beneficiarios de contratos p¨²blicos pagaron conjuntamente 2,2 millones de euros a la mercantil Orange Market, la filial valenciana de la red G¨¹rtel, por actos y trabajos para las elecciones auton¨®micas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Todos ellos, capitaneados por Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, reclamaron la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en la investigaci¨®n, y plantearon que los delitos electorales y de falsedad documental que se dirimen en la sala han prescrito.

Todas las peticiones fueron desestimadas de viva voz por el magistrado V¨¢zquez Honrubia al final de la sesi¨®n. ¡°Son extraordinariamente pertinaces y es la tercera vez que plantean estas cuestiones¡±, ha reprochado el juez en referencia a que los abogados hicieron las mismas protestas en las cuestiones previas de los juicios del llamado caso Fitur y en la pieza central del caso G¨¹rtel.

En la idea de la extinci¨®n de la responsabilidad penal por el paso del tiempo, rechazada de plano por el juez, fueron especialmente insistentes los abogados de Ricardo Costa, antiguo n¨²mero dos del PP valenciano, y Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat. Ambos fueron los escuderos en el partido y en el Gobierno regional del expresidente valenciano Francisco Camps y se enfrentan a penas de prisi¨®n de siete a?os y nueve meses y de seis a?os y medio respectivamente.

El segundo bloque en el banquillo de los acusados lo conforman el cerebro de la trama G¨¹rtel, Francisco Correa, y los nueve empresarios que han reconocido que pagaron a Orange Market las cantidades que debi¨® haber abonado el partido conservador en Valencia por los gastos electorales. Correa, trasladado a la Audiencia desde prisi¨®n al igual que Crespo y El Bigotes, declin¨® plantear cuestiones previas pese a enfrentarse a una pena de 24 a?os y medio de c¨¢rcel. La semana pasada, su abogado, Juan Carlos Navarro, present¨® un escrito en el que admit¨ªa como ciertos los hechos que relata la fiscal Myriam Segura en su escrito acusatorio. Con ello pretende obtener una rebaja de pena en una eventual condena. Los empresarios, que el pasado febrero confirmaron la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP de Camps, s¨ª presentaron cuestiones previas. Todos ellos pretenden que la fiscal Myriam Segura confirme antes del tr¨¢mite de conclusiones definitivas que acepta cambiar por multas ¨Cque ya han sido abonadas- las penas de entre cuatro y seis a?os de prisi¨®n que solicitaba inicialmente para ellos por delitos electorales y de falsedad documental. El acuerdo de reconocimiento de los hechos llevar¨¢ a los acusados a renunciar a los testigos que hab¨ªan propuesto para el juicio, lo que previsiblemente agilizar¨¢ el juicio, en el que se han previsto 22 sesiones que terminar¨¢n el 6 de abril.

Todos los empresarios juzgados, excepto Ram¨®n Blanco Bal¨ªn, considerado el cerebro financiero de la red G¨¹rtel, han asumido como ciertos los pagos ilegales. Esto, sumado a la confesi¨®n tard¨ªa de Correa, complica la defensa los acusados que niegan las acusaciones de la fiscal Segura. El juicio, que se reanudar¨¢ este martes con la declaraci¨®n de los acusados, est¨¢ dividido en 22 sesiones que se desarrollar¨¢n hasta el 6 de abril, aunque es previsible que las confesiones realizadas hasta ahora agilicen la vista oral.