Espa?a alega que B¨¦lgica no es competente para juzgar a Llarena

Los primeros compases del proceso abierto en B¨¦lgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena escenifican el desencuentro entre las partes. El letrado Hakim Boularbah, que representa tanto al Estado espa?ol ¡ªque ha intervenido voluntariamente para defender la inmunidad de sus tribunales¡ª como al magistrado, ha insistido este martes en cuestionar la jurisdicci¨®n belga para juzgar el asunto. Enfrente, los abogados de Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos ¡ªlos denunciantes¡ª reclaman entrar tambi¨¦n en el fondo del caso: la presunta parcialidad del juez por unas declaraciones p¨²blicas en las que habr¨ªa vulnerado la presunci¨®n de inocencia de los instigadores del refer¨¦ndum ilegal del 1-O.

Solo parecen estar de acuerdo en una sola cosa: en que no est¨¢n de acuerdo. Y se abre ahora un periodo de un mes para que los abogados presenten por escrito sus alegaciones defendiendo una y otra postura. A partir de ah¨ª, la justicia belga tendr¨¢ dos semanas para pronunciarse sobre si puede entrar a juzgar el fondo o, por el contrario, se centra solo en el asunto de la jurisdicci¨®n.? Gonzalo Boye, abogado de la acusaci¨®n contra Llarena, cree que en total la justicia belga tardar¨¢ entre seis y doce meses en dilucidar si puede tomar posici¨®n sobre la actuaci¨®n del juez espa?ol. "Ahora viene un intercambio de escritos bastante largo", ha afirmado. Una vez haya sentencia, no habr¨¢ posibilidad de recurso, dado que las leyes belgas fijan que en las demandas civiles debe exigirse una indemnizaci¨®n m¨ªnima de 1.860 euros para que sea posible apelar, y en este caso solicitan la cantidad simb¨®lica de un euro.

Lo novedoso del proceso vuelve su resultado incierto. Es la primera vez que en B¨¦lgica est¨¢ sobre la mesa una demanda contra un juez extranjero, por lo que la defensa de Llarena, que quiere evitar a toda costa que la justicia de ese pa¨ªs examine el fondo del caso, ha recurrido a precedentes como la compra del banco holand¨¦s Fortis por el franc¨¦s BNP Paribas, salpicado de denuncias que los jueces belgas finalmente rehusaron tratar al declararse no competentes. "Hay que decidir primero si hay jurisdicci¨®n belga antes de entrar sobre el fondo. El Reino de Espa?a viene aqu¨ª para defender la jurisdicci¨®n y solo ha tomado posici¨®n sobre eso", ha dicho Boularbah. Boye cree en cambio que no hay motivos para cerrar la causa. "La justicia belga es competente porque no se est¨¢ enjuiciando a un magistrado del Supremo sino a un se?or que se llama Pablo Llarena que hizo unas manifestaciones privadas fuera del ¨¢mbito de su jurisdicci¨®n", ha afirmado este martes.

Una c¨¢mara de tres jueces deber¨¢ pronunciarse al respecto, tal y como hab¨ªa solicitado la defensa dada la complejidad del caso. La acusaci¨®n, encabezada por los letrados Paul Bekaert, Christophe Marchand y el propio Boye, acept¨® esa petici¨®n de sus oponentes. "Es lo mejor para un caso de estas caracter¨ªsticas", ha explicado Boye a la salida de la audiencia, que ha durado escasos minutos. Su principal l¨ªnea argumental es que no hay ning¨²n impedimento para que la justicia belga analice las palabras pronunciadas por Llarena en Oviedo el pasado febrero, en las que consideran que se extralimit¨® y dio opiniones sobre la macrocausa contra el independentismo para las que no est¨¢ habilitado en su posici¨®n.

El miembro del Supremo dijo entonces que "delitos pol¨ªticos son aquellos comportamientos que normalmente no estar¨ªan sancionados por el ordenamiento jur¨ªdico-penal". Y a?ad¨ªa: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro C¨®digo Penal y, con independencia de cu¨¢l haya podido ser la motivaci¨®n que les haya llevado a las personas a cometerlos ¡ªsi es que eso ha sido as¨ª¡ª pues tienen que ser investigados".