El Gobierno presenta una reforma de la Constituci¨®n para limitar los aforamientos
La modificaci¨®n de la Ley Fundamental requiere en todo caso del apoyo del PP, y Podemos exige un refer¨¦ndum
El Gobierno presentar¨¢ este viernes la propuesta de reforma constitucional para limitar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores. La f¨®rmula que emplear¨¢ es la propuesta por el Consejo de Estado en su informe preceptivo de hace dos semanas. En su escrito, el ¨®rgano consultivo del Ejecutivo, presidido por Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, plantea modificar la Constituci¨®n para limitar los aforamientos a los ¡°delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo¡±.
El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, anunci¨® el pasado 17 de septiembre que promover¨ªa una reforma de la Constituci¨®n para ¡°eliminar¡± el aforamiento de los pol¨ªticos en un plazo de dos meses. Ese mismo d¨ªa, el Gobierno se corrigi¨® y aclar¨® que su intenci¨®n era limitar la figura de los aforamientos pero no eliminarlos. Al d¨ªa siguiente, el Congreso aprob¨® una moci¨®n de Ciudadanos para impulsar una reforma constitucional con el fin de suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo. Tambi¨¦n se instaba a los Parlamentos auton¨®micos a revisar sus estatutos para hacer lo mismo con sus diputados regionales. A lo largo de las ¨²ltimas semanas, el Gobierno se hab¨ªa comprometido a llevar su propuesta de reforma antes de que terminase noviembre.
En Espa?a hay alrededor de 250.000 aforados, de los que cerca de 232.000 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y auton¨®micos. Otros 17.000 pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades aut¨®nomas. Todos mantendr¨ªan su condici¨®n actual, ya que no se ver¨ªan afectados por la modificaci¨®n en caso de que fuera aprobada. La existencia en Espa?a de la acci¨®n popular, que no se da en otros pa¨ªses y permite que en un proceso penal la acusaci¨®n pueda ejercerla toda persona interesada y no solamente la fiscal¨ªa o quien est¨¦ afectado de forma directa, hace que la aplicaci¨®n de la limitaci¨®n de los aforamientos a este colectivo sea muy compleja.
La Ley Fundamental ¨²nicamente recoge en su articulado los aforamientos de diputados y senadores (art¨ªculo 71.3) y del presidente del Gobierno y los ministros (art¨ªculo 102.1). Estos preceptos, al no estar incluidos en el T¨ªtulo preliminar, ni en el cap¨ªtulo de los derechos fundamentales y libertades p¨²blicas ni en el T¨ªtulo II, referido a la Corona, se pueden modificar mediante el procedimiento ordinario de reforma de la Constituci¨®n del art¨ªculo 167. Este exige, inicialmente, la aprobaci¨®n por tres quintos de ambas C¨¢maras, o si no se lograra esa mayor¨ªa, por la mayor¨ªa absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso. Esto significa que la supresi¨®n de los aforamientos solo puede prosperar si el PP est¨¢ de acuerdo y lo permite con su aprobaci¨®n en la C¨¢mara alta, donde dispone de 148 de los 266 senadores.
Consulta de Podemos
La reforma planteada por el Gobierno le resulta insuficiente a Podemos, que pretende acabar con el aforamiento al Rey em¨¦rito, previsto no en la Constituci¨®n, sino en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. El principal socio parlamentario de S¨¢nchez defiende que toda modificaci¨®n de la Ley Fundamental, por m¨ªnima que sea, debe ser aprobada en refer¨¦ndum. El partido de Pablo Iglesias y sus aliados tienen la capacidad para convocar una consulta, ya que cuentan con 67 diputados. Para realizar la convocatoria se requiere una d¨¦cima parte de los miembros de cualquiera de las C¨¢maras.
El PP es partidario de eliminar todos los aforamientos, seg¨²n fuentes de la direcci¨®n. Tambi¨¦n se muestran a favor de suprimir ¡°la acci¨®n popular¡± para evitar posibles abusos, informa Natalia Junquera. La propuesta del Gobierno excluye a los aforamientos recogidos en los estatutos de autonom¨ªa. El Consejo de Estado estima que o bien se podr¨ªan reformar los estatutos, lo que obligar¨ªa a un consenso pol¨ªtico muy complejo, o a una disposici¨®n constitucional en la que se estipulase que los aforamientos auton¨®micos se limitar¨ªan a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
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