Okupas en su propia casa

¡°Solo dormimos tranquilos los fines de semana, que no hay correo¡±, lamenta Marisol Morago. Espera la orden de desahucio que ya han recibido muchos de sus vecinos de la calle de Villaluenga de la Sagra, en Madrid. Algunos ya fueron desahuciados, otros se marcharon por decisi¨®n propia. ¡°Da igual que pagues o que no, nos quieren echar igual. Nos sentimos okupas en nuestra propia casa¡±, afirma la mujer, de 49 a?os. El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) le adjudic¨® un piso de dos habitaciones en 2007. Comenz¨® pagando 350 euros mensuales, pero al quedarse sin trabajo le redujeron el alquiler a 90. Todo cambi¨® en 2013, cuando la Comunidad de Madrid decidi¨® vender 2.935 viviendas p¨²blicas, entre ellas la suya, al fondo de inversi¨®n estadounidense Azora, controlado por Goldman Sachs.

¡°Cuando se venden ya hab¨ªa renovado la reducci¨®n del alquiler dos a?os m¨¢s. Pero el fondo me ped¨ªa 600 euros. Yo sigo pagando los 90 hasta hoy. Dicen que todo lo que falta es deuda¡±, explica Morago. Muchos de sus vecinos obraron igual. Algunos han recibido una misiva en la que Encasa Cibeles, empresa que gestiona las viviendas de Azora, les solicita entre 17.000 y 21.000 euros por los retrasos acumulados. El problema no es aislado. Lo sufren cientos de personas de 16 municipios madrile?os, entre los que se repart¨ªan las 32 promociones p¨²blicas que la Comunidad de Madrid vendi¨® en 2013 por 201 millones de euros. Una cantidad muy inferior a lo que cost¨® construirlas (283 millones) y a su valor de mercado, que el PSOE estim¨® en m¨¢s de 400 millones.

Alejandra Jacinto, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), considera que existe ¡°un quebranto patrimonial a las arcas p¨²blicas¡±, por lo que su organizaci¨®n lleg¨® a judicializar el caso por un supuesto delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. ¡°La venta est¨¢ repleta de irregularidades. En primer lugar, se hizo a trav¨¦s de un concurso restringido. Solo se llam¨® a participar a determinadas sociedades y todas ellas estaban intervenidas por Goldman Sachs¡±, subraya Jacinto. No obstante, un portavoz de Azora afirma que en la subasta participaron 13 compa?¨ªas, ¡°todas competidoras entre s¨ª¡±. En opini¨®n de Jacinto existen otras anomal¨ªas en el proceso, como la propia venta, que fue ¡°opaca¡± para los inquilinos.

Antonella Serrano, de 43 a?os, conoci¨® la venta gracias a una carta. El Ivima le adjudic¨® en 2007 una vivienda en Parla, una localidad del sur de Madrid. Comenz¨® pagando 420 euros, pero el precio subi¨® a 500 cuando cambi¨® de due?os. Serrano, trabajadora de ayuda a domicilio, apenas cobraba 750 euros, por lo que dej¨® de pagar un a?o. Contrajo una deuda de 14.000 euros, pero lleg¨® a un acuerdo con el fondo para abonar 300 euros al mes hasta que cambiara su situaci¨®n. Por el camino ha sufrido tres intentos de desahucio. Ahora tiene dos trabajos, pero como su contrato de alquiler acab¨® en noviembre Azora no ha vuelto a pasarle ninguna factura.

Los afectados nunca se han rendido. Comenzaron a interponer denuncias y han salido victoriosos en dos ocasiones. En mayo un juzgado de lo contencioso-administrativo le dio la raz¨®n a un afectado de Navalcarnero y, en septiembre, otro juzgado anul¨® la venta de siete viviendas de Legan¨¦s. A pesar de que el presidente regional, ?ngel Garrido, admiti¨® que la venta fue ¡°un error¡±, la Comunidad recurri¨® ambas resoluciones. Ahora debe pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, hace unos d¨ªas la Secci¨®n de Delitos Econ¨®micos de la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid pidi¨® archivar la venta de las 32 promociones del Ivima.

¡°Dos juzgados ya dejaron sin efecto la venta. Eran casos particulares, pero nuestra esperanza es que los tribunales nos den la raz¨®n a todos los afectados, porque todos hemos sufrido el mismo fraude¡±, indica Jos¨¦ Luis Ferrer, de 47 a?os. Le adjudicaron una vivienda en M¨®stoles en 2011 pero las condiciones cambiaron dos a?os despu¨¦s, cuando la compr¨® Azora. ¡°Segu¨ª pagando un tiempo, pero los mediadores nos dijeron que no servir¨ªa de nada, que nos echar¨ªan igual. Incluso nos ofrecen dinero para irnos, hacernos la mudanza y hasta meternos en otra casa como okupas. Pero de aqu¨ª no nos vamos a mover¡±, insiste Ferrer. Un portavoz de Azora resalta que Encasa Cibeles ha realizado m¨¢s de 590 an¨¢lisis de situaciones familiares a trav¨¦s de mediadores sociales y que mantuvo ¡°inalteradas todas las reducciones de renta acordadas por el Ivima¡± hasta la finalizaci¨®n de los contratos.

Para Alejandra Jacinto, de la PAH, la situaci¨®n de estas personas es muy similar a la de las viviendas a las que se refer¨ªa la sentencia del pasado viernes del Tribunal de Cuentas, que ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros siete altos cargos del Ayuntamiento por la venta de 1.860 pisos en la capital por debajo de su valor de mercado. ¡°Esto nos hace pensar que vamos en la buena direcci¨®n. Nuestra intenci¨®n no es solo que se haga justicia, tambi¨¦n que estas viviendas vuelvan a ser p¨²blicas¡±, reconoce Jacinto.