El PP logra que la prensa no pueda grabar el juicio de los discos duros de B¨¢rcenas
El juez solo permite a las televisiones captar im¨¢genes sin sonido antes del inicio de las sesiones y sin enfocar de frente a los acusados
El PP ha logrado su objetivo y los medios de comunicaci¨®n no podr¨¢n grabar el juicio por la destrucci¨®n de los discos duros de Luis B¨¢rcenas, que arranca el pr¨®ximo viernes y que sienta en el banquillo a la formaci¨®n conservadora, adem¨¢s de a su extesorera, Carmen Navarro, a Alberto Dur¨¢n, director de los servicios jur¨ªdicos, y a Jos¨¦ Manuel Moreno, exresponsable inform¨¢tico del partido. El Juzgado de lo Penal n¨²mero 31 de Madrid, encabezado por el magistrado Eduardo Mu?oz de Baena, ha emitido un auto donde limita el trabajo de los periodistas y rechaza la petici¨®n del gabinete de comunicaci¨®n del Tribunal Superior de Justicia para que se retransmitiera la vista mediante una se?al institucional que pudiera ser utilizada por las televisiones.
Al ser vistas p¨²blicas, los reporteros pueden acceder habitualmente a ellas, a no ser que un tribunal decrete lo contrario para garantizar alg¨²n derecho de los implicados. A su vez, cuando son causas medi¨¢ticas, los magistrados suelen dejar que se retransmita una se?al de televisi¨®n de las sesiones para que todos los informadores las sigan en directo, ya que no todos caben en las salas donde se celebran. En ocasiones ¡ªcomo ocurre con el juicio del proc¨¦s en el Tribunal Supremo¡ª se permite que las cadenas puedan ofrecer la se?al del juicio en tiempo real y, otras veces, solo se da autorizaci¨®n para utilizar fragmentos en diferido.
En esta l¨ªnea se enmarcaba la solicitud del gabinete de comunicaci¨®n del Tribunal Superior de Justicia, a la que se opusieron los acusados porque "generar¨ªa un juicio paralelo en los medios de comunicaci¨®n y en la sociedad, entre quienes se fomentar¨ªa un veredicto anticipado de culpabilidad" y afectar¨ªa as¨ª al derecho a la presunci¨®n de inocencia. Por su parte, la Fiscal¨ªa rechaz¨® que se pudiera emitir el juicio en directo, pero pidi¨® al juez que se "adoptasen las medidas oportunas para permitir la grabaci¨®n" y para que todos los medios de comunicaci¨®n acreditados tuviesen acceso a la vista y su contenido.
Pero el trabajo de los periodistas audiovisuales se ver¨¢ limitado. Seg¨²n consta en su auto, Mu?oz de Baena ha decidido que no haya se?al institucional y las televisiones solo podr¨¢n captar im¨¢genes (sin sonido) al principio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales. El resto de redactores acreditados s¨ª podr¨¢n seguir el juicio desde dentro de la sala.
El juez admite en su escrito el "l¨®gico y notorio" inter¨¦s social y medi¨¢tico por el juicio oral que se va a celebrar, "dado que uno de los acusados es un partido pol¨ªtico con representaci¨®n parlamentaria". Pero argumenta que, al haber varias sesiones, los testigos podr¨ªan conocer la declaraci¨®n de los acusados y otros testigos que han declarado antes que ellos. Adem¨¢s, los tres trabajadores del PP acusados "no son personajes p¨²blicos ni de notoriedad p¨²blica". "Puede haber trascendido su identidad, pero no su imagen, por lo que la retransmisi¨®n del juicio les puede suponer una exposici¨®n p¨²blica desproporcionada en relaci¨®n con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusaci¨®n", afirma Mu?oz de Baena.
Los acusados se sientan en el banquillo por delitos de da?os inform¨¢ticos y encubrimiento. El propio exresponsable inform¨¢tico de la formaci¨®n declar¨® ante la instructora que borr¨® 35 veces los discos duros de los ordenadores usados por B¨¢rcenas y que despu¨¦s los ray¨®, los rompi¨® y los tir¨® a la basura por orden del asesor jur¨ªdico del partido, Alberto Dur¨¢n.
Una acusaci¨®n recurrir¨¢ la medida del juez
De las acusaciones populares personadas en la causa, una de ellas ha decidido recurrir la decisi¨®n del juez de lo Penal a la Audiencia Provincia. ¡°Entendemos que se crea un peligroso precedente. Nos parece una limitaci¨®n importante al derecho de informaci¨®n, valor superior del ordenamiento jur¨ªdico en un Estado democr¨¢tico¡±, afirm¨® este lunes Isabel Elbal, abogada del Observatorio DESC, una asociaci¨®n de defensa de derechos humanos. IU tambi¨¦n est¨¢ estudiando si presenta alegaciones contra la medida de Eduardo Mu?oz de Baena. La Asociaci¨®n de Abogados Dem¨®cratas por Europa (Adade) ha rechazado recurrir.
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