El Tribunal de Cuentas investiga si hubo malversaci¨®n en el Instituto de Derecho P¨²blico de la Rey Juan Carlos

La causa penal sobre la presunta malversaci¨®n en el Instituto de Derecho P¨²blico de la Universidad Rey Juan Carlos, que dirig¨ªa el cerebro del caso m¨¢ster, Enrique ?lvarez Conde, se ha archivado tras la muerte del catedr¨¢tico, pero el juzgado ha remitido al Tribunal de Cuentas los datos sobre los gastos y contratos presuntamente irregulares. Seg¨²n fuentes conocedoras de las pesquisas, este organismo ya est¨¢ investigando para identificar qui¨¦n permiti¨® que se derrochara dinero p¨²blico.

Con el fallecimiento del que fuera director del m¨¢ster de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, en abril pasado, se extingui¨® la responsabilidad penal ¡ªera el ¨²nico imputado en la causa por malversaci¨®n del juzgado de Instrucci¨®n 34 de Madrid¡ª, pero el Tribunal de Cuentas abri¨® diligencias preliminares hace unas semanas y ya ha pasado el caso a instrucci¨®n, donde se investigan los gastos personales, los pagos a familiares y las contrataciones irregulares que hizo el Instituto de Derecho P¨²blico (IDP).

Seg¨²n fuentes conocedoras de la investigaci¨®n, el delegado instructor est¨¢ recopilando informaci¨®n tanto sobre los contratos que suscribi¨® el IDP con decenas de academias y centros de formaci¨®n ¡ªque a cambio de pagar un canon pod¨ªan usar el nombre de la universidad p¨²blica para emitir titulaciones¡ª como sobre la contabilidad del instituto y los gastos personales que presuntamente hizo el fallecido ?lvarez Conde con las tarjetas de cr¨¦dito del instituto.

La instrucci¨®n trata de determinar si hay responsabilidad contable, la cuant¨ªa del dinero p¨²blico gastado irregularmente y qui¨¦n o qui¨¦nes pueden considerarse responsables de esa gesti¨®n. El IDP funcionaba con ¡°una absoluta falta de supervisi¨®n¡±, seg¨²n admiti¨® la universidad cuando llev¨® a la Fiscal¨ªa la contabilidad del departamento de ?lvarez Conde. Cuando salt¨® el esc¨¢ndalo del m¨¢ster, que acab¨® con la carrera pol¨ªtica de la presidenta madrile?a y de la ministra de Sanidad, Carmen Mont¨®n, el actual rector, Javier Ramos, destituy¨® al catedr¨¢tico y puso al profesor Pablo Costa al frente del centro. Este descubri¨® que no hab¨ªa contabilidad ni presupuestos y que ?lvarez Conde hab¨ªa funcionado de forma completamente aut¨®noma durante a?os.

La denuncia de la URJC, a la que tuvo acceso EL PA?S, y que forma parte de la documentaci¨®n que examina el Tribunal de Cuentas, recoge que el instituto contaba con un CIF propio a efectos fiscales y de varias cuentas en bancos que no estaba fiscalizadas por la Intervenci¨®n. ¡°Un ente sin personalidad jur¨ªdica propia contaba con el alta en Hacienda y Seguridad Social¡±, se?ala la denuncia. En todas las cuentas figuraba como ¨²nico titular Enrique ?lvarez Conde. El domicilio a efectos de notificaciones que ten¨ªa uno de los bancos no era la sede del instituto, sino el propio domicilio del catedr¨¢tico.

La responsabilidad contable puede ser directa o subsidiaria, explican fuentes del Tribunal de Cuentas. El organismo podr¨ªa exigir la devoluci¨®n a los gestores del patrimonio da?ado, a quien haya permitido la comisi¨®n del supuesto alcance (equivalente a la malversaci¨®n), e incluso a quien pudo evitarlo y no lo hizo. El instructor determinar¨¢, por ejemplo, qu¨¦ controles hab¨ªa en la universidad y por qu¨¦ no se le aplicaron al instituto las normativas de car¨¢cter presupuestario o contable. Eso s¨ª, no ser¨ªa la universidad la que responder¨ªa, sino una persona f¨ªsica, es decir, alguien con nombre y apellidos. La responsabilidad contable tambi¨¦n se puede transmitir mortis causa, es decir, los familiares del catedr¨¢tico podr¨ªan heredarla y, si as¨ª se determina, tendr¨ªan que reintegrar el dinero malgastado.

El Instituto de Derecho P¨²blico se cre¨® en 2005, bajo el mandato del rector Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional, que lider¨® la universidad entre 2002 y 2013. Se le dio total libertad a ?lvarez Conde, que no rend¨ªa cuentas a nadie. La situaci¨®n la hered¨® Fernando Su¨¢rez Bilbao, un historiador del derecho que dimiti¨® en febrero de 2017 acusado de varios plagios. Le sucedi¨® el actual rector, Javier Ramos, que denunci¨® la gesti¨®n del instituto en mayo de 2018.

La denuncia que present¨® la universidad en el juzgado recoge que la hija de ?lvarez Conde, A. ?. C., percibi¨® de las cuentas del instituto 10.000 euros en 2016 y 10.342 euros en 2017, sin que se pudiera encontrar qu¨¦ tipo de colaboraci¨®n prest¨® a la instituci¨®n. Algo parecido suced¨ªa con su pareja, J. M-J. C., que en 2016 percibi¨® 8.832,40 euros y en 2017, 8.000 euros. El profesor encargado de examinar las finanzas del instituto no encontr¨® qu¨¦ trabajo o servicio hab¨ªa prestado. Tampoco supo por qu¨¦ A. M-J. C., hermano de la pareja de la hija de ?lvarez Conde, cobr¨® 9.850 euros anuales en 2017. Adem¨¢s, el IDP ten¨ªa cuando fue intervenido a tres administrativas con contrato laboral sin permiso de la universidad, sin convocatoria p¨²blica y sin justificaci¨®n de la cuant¨ªa de los salarios.

A falta de una contabilidad, el an¨¢lisis de los extractos bancarios mostr¨® numerosos apuntes de gastos con tarjetas de cr¨¦dito. Gastos ¡°personales¡±, precisa la denuncia. EL PA?S tuvo acceso a esa relaci¨®n, que se encuentra en el sumario, y encontr¨® compras en comercios, restaurantes y tiendas. Algunos llamaron especialmente la atenci¨®n a la universidad, como las de la pescader¨ªa Hermanos Abad y la carnicer¨ªa Alberto, dos negocios del madrile?o barrio de Arapiles en el que resid¨ªa el catedr¨¢tico. Se hicieron en la Nochebuena de 2016, como ya cont¨® este diario.

Muchos de los gastos se hicieron en periodo no lectivo. Los dispendios, dice la denuncia, ¡°no obedecen indiciariamente a ning¨²n gasto relacionado con el ejercicio de la docencia¡±. Tampoco estaban ¡°debidamente contabilizados y presupuestados con la autorizaci¨®n del Consejo de Gobierno de la URJC¡±, se?ala la denuncia.