Anticorrupci¨®n apunta, diez a?os despu¨¦s, a la jefa de todos los corruptos

Hace m¨¢s de diez a?os que los tribunales de justicia investigan la gesti¨®n del Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre. El trabajo de los jueces gener¨® numerosas causas e innumerables piezas separadas con las que se podr¨ªa escribir una enciclopedia de la corrupci¨®n en las Administraciones P¨²blicas.

Los distintos procesos est¨¢n basados en m¨²ltiples indicios delictivos que salpican a departamentos nucleares de la Administraci¨®n auton¨®mica madrile?a durante los 12 a?os (2003-2015) en los que Aguirre y su mano derecha, Ignacio Gonz¨¢lez, gobernaron la instituci¨®n.

Los casos G¨¹rtel, Lezo, P¨²nica, campus de la Justicia y otros han puesto al descubierto todo tipo de pr¨¢cticas corruptas en la gesti¨®n del dinero p¨²blico de la Comunidad de Madrid. Los jueces instructores y los tribunales, con la ayuda de fiscales anticorrupci¨®n, polic¨ªas y guardias civiles, han imputado, procesado, y en alg¨²n caso, condenado a muchos de los principales dirigentes madrile?os del PP durante esos a?os.

A casi todos, menos a la jefa de todos, Esperanza Aguirre.

La lista de sospechosos es ampl¨ªsima y abarca a las principales consejer¨ªas de la Comunidad de Madrid. Los imputados son: Ignacio Gonz¨¢lez (vicepresidente de 2003 a 2012 y presidente entre 2012 y 2015; pas¨® en prisi¨®n preventiva seis meses); Alfredo Prada (vicepresidente segundo entre 2003 y 2008 y consejero de Justicia entre 2008 y 2011); Francisco Granados (secretario general del PP de Madrid y consejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior, entre 2003 y 2011; pas¨® 33 meses en prisi¨®n preventiva); Salvador Victoria (consejero de Presidencia); Alberto L¨®pez Viejo (viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes); Luc¨ªa Figar (consejera de Educaci¨®n), adem¨¢s de viceconsejeros, directores generales, diputados auton¨®micos y alcaldes.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha decidido ahora pedir la imputaci¨®n de la expresidenta regional en relaci¨®n con uno de los casos que se investiga: la financiaci¨®n ilegal del PP a trav¨¦s de empresas contratistas de la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que las pruebas acumuladas apuntan a la responsabilidad de Aguirre en las pr¨¢cticas corruptas de su Gobierno. Hace tan solo unos meses el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n rechaz¨® imputar a la expresidenta regional, como ped¨ªa la acusaci¨®n popular, en el caso de la construcci¨®n de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II en el centro de Madrid. La instalaci¨®n se levant¨® por expreso deseo de Aguirre y contra las normas urban¨ªsticas del Ayuntamiento de Madrid. La construcci¨®n y explotaci¨®n de ese campo de golf signific¨® un negocio redondo para familiares de Ignacio Gonz¨¢lez, entonces vicepresidente auton¨®mico.

Antes de abandonar la causa, el fiscal anticorrupci¨®n que investig¨® aquel caso, Carlos Ya?ez, dej¨® por escrito todas las pruebas de la supuesta corrupci¨®n y una petici¨®n de imputaci¨®n de Aguirre que nunca lleg¨® a presentarse ante el juzgado.

La documentaci¨®n requisada por el juez en el caso G¨¹rtel permiti¨® acreditar la financiaci¨®n ilegal del PP a trav¨¦s de la fundaci¨®n Fundescam para la campa?a electoral de Aguirre, aunque los hechos hab¨ªan prescrito. La expresidenta se justific¨® as¨ª: ¡°P¨ªo, p¨ªo que yo no he sido¡±. El presidente del PP madrile?o cuando ocurrieron aquellos hechos era P¨ªo Garc¨ªa Escudero, expresidente del Senado.

El caso G¨¹rtel estall¨® en febrero de 2009. La investigaci¨®n acredit¨® la adjudicaci¨®n ilegal de decenas de contratos a las empresas de Francisco Correa. La inmensa mayor¨ªa de esos contratos a dedo consist¨ªan en la organizaci¨®n de actos de propaganda institucional protagonizados por Esperanza Aguirre. Todo el control de esos eventos depend¨ªa de quien fue su viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes, Alberto L¨®pez Viejo. Este dirigente auton¨®mico cobraba comisiones ilegales de Correa por cada acto que le adjudicaba. Fue condenado por la Audiencia Nacional a 31 a?os de c¨¢rcel.

Seg¨²n las m¨²ltiples investigaciones judiciales abiertas, durante los mandatos de Aguirre y Gonz¨¢lez se adjudicaron contratos a dedo por m¨¢s de ocho millones de euros a cambio del pago de comisiones ilegales; se pagaron con fondos p¨²blicos campa?as de propaganda en la web a favor de dirigentes auton¨®micos; se financiaron ilegalmente campa?as electorales del PP con fondos de empresas que recib¨ªan contratos de la Comunidad de Madrid y se cruzaban entre ellas facturas falsas; se adquiri¨® una sociedad brasile?a de distribuci¨®n de aguas con un sobreprecio de al menos seis millones de d¨®lares que fue a parar a directivos del Canal de Isabel II; se cobraron mordidas en Suiza por proyectos de construcci¨®n de infraestructuras de transportes; se impulsaron nuevos equipamientos salt¨¢ndose normas urban¨ªsticas y beneficiando a familiares de dirigentes auton¨®micos¡­

Y de todas estas pr¨¢cticas, Aguirre sali¨® ilesa. Solo decidi¨® abandonar la pol¨ªtica cuando fue encarcelado Ignacio Gonz¨¢lez, quien fuera su vicepresidente y al que hab¨ªa legado la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¡°No vigil¨¦ lo que deb¨ªa¡±, declar¨® Aguirre tras dimitir de todos sus cargos p¨²blicos.

El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro dej¨® escrita una teor¨ªa sobre la responsabilidad de los jefes en los casos de corrupci¨®n. Lo hizo en el voto particular que present¨® contra la sentencia que rebajaba una condena por corrupci¨®n al expresidente balear Jaume Matas de seis a?os de c¨¢rcel a solo nueve meses: ¡°En este tipo de estructuras jerarquizadas se da la circunstancia de que cuanto menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario m¨¢s pr¨®ximo suele estar a la materializaci¨®n de la conducta delictiva y mayores posibilidades tiene de incurrir en la ejecuci¨®n formal de la conducta t¨ªpica, quedando as¨ª abarcado su comportamiento por el tipo penal desde la perspectiva de la concepci¨®n objetivo-formal de la autor¨ªa".

El juez contin¨²a: "Mientras que en los cargos de alta direcci¨®n donde se adoptan las decisiones m¨¢s relevantes, los sujetos m¨¢ximos responsables de la estructura organizativa no suelen materializar el hecho delictivo con actos formalmente subsumibles en la norma penal, por lo que ha de acudirse a una concepci¨®n m¨¢s objetivo-material de la autor¨ªa para abarcar la relevancia real de su intervenci¨®n delictiva. Se da as¨ª en no pocas ocasiones la grave contradicci¨®n de que la persona responsable de la acci¨®n delictiva es condenada como mero part¨ªcipe del delito y quien es mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como aut¨¦ntico autor¡±.