Interior mantendr¨¢ el despliegue de antidisturbios en Catalu?a hasta despu¨¦s de la sentencia del ¡®proc¨¦s¡¯
El dispositivo tiene como fecha provisional de finalizaci¨®n el 15 de octubre, fecha en la que previsiblemente ya se conocer¨¢ el fallo del Supremo
El despliegue de polic¨ªas antidisturbios que el Ministerio del Interior tiene fecha de inicio, el pr¨®ximo 30 de septiembre, pero a¨²n no est¨¢ claro cu¨¢ndo acabar¨¢. Todo depende de los "an¨¢lisis de riesgo" que realicen los expertos policiales una vez que se conozca la sentencia contra los l¨ªderes del proc¨¦s, prevista para la primera quincena de octubre. De hecho, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha puesto como fecha l¨ªmite al env¨ªo de agentes el pr¨®ximo 15 de octubre ante la previsi¨®n que el fallo del Tribunal Supremo se conozca ya para entonces. No obstante, fuentes de Interior admiten que esta fecha no es fija y que puede prolongarse la estancia de los agentes "si la situaci¨®n lo requiere". Estas mismas fuentes recalcan que todo se est¨¢ realizando en coordinaci¨®n con los Mossos d'Esquadra.
Fuentes policiales detallan que algunos agentes de las Unidades de Intervenci¨®n Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) han comenzado a llegar ya a Catalu?a, aunque los mismos no estar¨¢n operativos hasta la semana que viene. En un primer momento se han desplegado grupos procedentes de Sevilla que, pasados unos d¨ªas, ser¨¢n relevados por otros de Bilbao y Granada, seg¨²n detallan estas fuentes. Ser¨¢n movilizados varios cientos de polic¨ªas y guardias civiles, aunque diversas fuentes consultadas estiman que la previsi¨®n inicial es que no coincidan m¨¢s de 200 agentes de refuerzo en Catalu?a. Fuentes de Interior consultadas insisten en que el n¨²mero no est¨¢ cerrado y se podr¨¢ ¡°incrementar o reducir¡± en funci¨®n de los acontecimientos. En este sentido, recuerdan que la detenci¨®n el pasado lunes de nueve integrantes de los autodenominados Comit¨¦s en Defensa de la Rep¨²blica (CDR) acusados de terrorismo ha incrementado la posibilidad de altercados.
Los antidisturbios desplegados ser¨¢n destinados a reforzar la seguridad de los edificios p¨²blicos en Catalu?a dependientes de la Administraci¨®n General del Estado, entre ellos la Delegaci¨®n del Gobierno en Barcelona, comisar¨ªas y cuarteles de la Guardia Civil, as¨ª como la seguridad en la frontera con Francia, a semejanza de lo que se hizo ya el a?o pasado, cuando tuvo lugar el primer aniversario del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Interior recalca que el despliegue ha sido coordinado con los Mossos d'Esquadra. De hecho, la pr¨®xima semana hay prevista una reuni¨®n entre responsables del ministerio y de la consejer¨ªa de Interior del Gobierno catal¨¢n para concretar los detalles.
En este sentido, las fuentes consultadas destacan que las relaciones entre los cuerpos policiales estatales y los mossos, que quedaron muy maltrechas tras la pol¨¦mica actuaci¨®n de estos ¨²ltimos durante los sucesos del 1-O, han recuperado la fluidez desde la llegada del PSOE al Gobierno. El ¨²ltimo gesto ha sido la reciente concesi¨®n por parte de la Polic¨ªa Nacional a cuatro agentes de los mossos de sendas condecoraciones. El a?o anterior no se entreg¨® ninguna. Fuentes de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa destacan que solo en los dos ¨²ltimos meses ha habido cinco operaciones conjuntas entre ambos cuerpos como ejemplo del nuevo ambiente que se respira entre ellos.
En la actualidad, la plantilla de la Polic¨ªa Nacional en Catalu?a ¡ªdonde los Mossos son polic¨ªa integral¡ª es de algo menos de 4.000 efectivos, de los que aproximadamente un millar de los puestos est¨¢ sin ocupar, el porcentaje m¨¢s alto de toda Espa?a. El pasado verano, Interior cubri¨® parte de esas vacantes con m¨¢s de medio millar de los cerca de 2.600 nuevos polic¨ªas que juraron su cargo el 13 de junio tras dos a?os de formaci¨®n. La Guardia Civil, con una plantilla algo inferior en esta regi¨®n, tambi¨¦n tiene problemas de personal, con cerca de 600 vacantes. De hecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perdieron 566 efectivos en la provincia de Barcelona entre 2012, primer a?o de Gobierno del PP, y 2017, cuando se produjeron los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y el refer¨¦ndum ilegal.
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