?Qui¨¦n traicionar¨¢ a Esperanza Aguirre?
El 'caso P¨²nica', que investiga una d¨¦cada de corrupci¨®n en el PP de Madrid, estrecha el cerco sobre la expresidenta regional, pendiente del testimonio de sus principales colaboradores
La cita es en un restaurante de Madrid tan c¨¦ntrico que solo acuden turistas, en su gran mayor¨ªa extranjeros. Es el lugar ideal para que este pol¨ªtico, que de 2003 a 2012 entraba en los mejores restaurantes con la aureola del triunfador, pase inadvertido. A finales de 2014, dos a?os despu¨¦s de aquella d¨¦cada feliz en que Esperanza Aguirre y sus consejeros dominaron el poder en Madrid, la operaci¨®n P¨²nica ¡ªpuesta en marcha por la Guardia Civil bajo la direcci¨®n del juez Eloy Velasco¡ª desmantel¨® una trama corrupta con m¨²ltiples ramificaciones que fue salpicando a casi todo su Gobierno. Sus principales consejeros y colaboradores fueron imputados. Sus dos principales escuderos terminaron en la c¨¢rcel.
Aguirre aguant¨® cinco a?os sin que la justicia llamara a su puerta, pero en septiembre de 2019 result¨® finalmente imputada. Su defensa sigue siendo que ella no conoc¨ªa nada de lo que urdieron a sus espaldas sus lugartenientes, pero antes del viernes 18 de octubre ¨Cel d¨ªa fijado por el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n para tomarle declaraci¨®n¨C tendr¨¢n que testificar su exvicepresidente Ignacio Gonz¨¢lez y dos de sus exconsejeros, Juan Jos¨¦ G¨¹emes y Manuel Lamela. De ellos depender¨¢ en gran parte el futuro judicial de la antigua jefa m¨¢xima del PP de Madrid.
En el restaurante, el pol¨ªtico, tambi¨¦n salpicado por la trama corrupta, pronuncia una frase que refleja la inquietud ante el ¨²ltimo cap¨ªtulo del desmoronamiento de la ¨¦poca gloriosa del PP de Madrid.
¡ªLa gran inc¨®gnita es si alguno de nosotros traicionar¨¢ a Esperanza.
Esa es, efectivamente, la ¨²nica cuesti¨®n por resolver, y por tanto la que despierta m¨¢s inquietud en el entorno de la expresidenta. Porque los m¨¦todos presuntamente delictivos que utilizaron sus antiguos colaboradores para financiar las campa?as electorales del PP parecen acreditados. El sumario del caso P¨²nica acumula decenas de pruebas documentales y numerosos testimonios sobre la financiaci¨®n ilegal del PP de Madrid entre 2004 y 2014. Hasta cinco v¨ªas distintas utiliz¨® el partido que presid¨ªa Esperanza Aguirre para pagar gastos de sus campa?as electorales con dinero negro o no declarado a la C¨¢mara de Cuentas. Las principales son:
¡ªPartidas de publicidad de obras p¨²blicas que se adjudicaban a dedo a empresarios a los que el PP deb¨ªa dinero.
¡ªDesv¨ªo de fondos de la Fundaci¨®n Fundescam para gastos electorales mediante facturaci¨®n falsa. Un ejemplo: se organizaron m¨ªtines con el dinero que deb¨ªa estar destinado por ley a la elaboraci¨®n de estudios sobre la Comunidad de Madrid.
¡ªDonaciones de empresarios en dinero negro que no figuraban en la contabilidad oficial
¡ªEmpresas contratistas de la Comunidad de Madrid pagaban campa?as de propaganda en Internet para lavar la imagen de dirigentes regionales del PP.
Ese aluvi¨®n de dinero il¨ªcito se utiliz¨® principalmente para financiar las dos carreras electorales que se celebraron durante aquella d¨¦cada de poder y gloria, la de 2007 y la de 2011. La cosecha no pudo ser mejor. Esperanza Aguirre gan¨® por mayor¨ªa absoluta en las dos ocasiones.
Una vez acreditada la financiaci¨®n ilegal, lo que falta por dilucidar en los pr¨®ximos d¨ªas y semanas es si, como sostiene la Fiscal¨ªa, Esperanza Aguirre orden¨®, consinti¨® o al menos supo de esas pr¨¢cticas. Hace dos a?os y medio, el d¨ªa de abril de 2017 que decidi¨® dimitir como concejala de Madrid tras el ingreso en prisi¨®n de Ignacio Gonz¨¢lez, Aguirre declar¨® con el rostro desencajado:
¡ªMe siento enga?ada y traicionada. Este auto y esta prisi¨®n no son una prueba definitiva contra ¨¦l, pero s¨ª demuestran que yo no vigil¨¦ todo lo que deb¨ªa.
Unos d¨ªas antes, en medio de una multitud de periodistas, incluso se le lleg¨® a quebrar la voz: ¡°Jam¨¢s nadie me ha podido acusar de haber hecho una cuesti¨®n incorrecta¡±. Y todav¨ªa el pasado jueves, despu¨¦s de un silencio de meses y en v¨ªsperas de su declaraci¨®n ante el juez Garc¨ªa Castell¨®n, insisti¨® en la idea tirando por lo alto: ¡°Nunca he dicho que se tenga que adjudicar a una persona o a una empresa un determinado contrato. No hay ning¨²n espa?ol que piense que yo me he llevado ni un duro¡±.
En un despacho influyente de la pol¨ªtica madrile?a, un exalto cargo del PP analiza la situaci¨®n:
¡ªPara m¨ª es inimaginable que Esperanza se llevara dinero, pero tambi¨¦n es inimaginable que no supiera en qu¨¦ estaban metidos sus colaboradores durante toda una d¨¦cada.
El juez Garc¨ªa Castell¨®n tambi¨¦n es de esa opini¨®n. En el auto de imputaci¨®n de Esperanza Aguirre, el magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que la expresidenta deb¨ªa conocer los hechos investigados dado que era ella quien presid¨ªa al mismo tiempo la Comunidad de Madrid, el PP de Madrid y la fundaci¨®n Fundescam, los tres ¨®rganos donde se produjeron los hechos delictivos que se investigan. Pero no basta inferirlo, suponerlo, deducirlo. Hay que demostrarlo. Y entre las decenas de miles de folios que constituyen la instrucci¨®n ya figuran algunas pistas que algunos de los implicados han ido dejando en sus declaraciones y que no sit¨²an en buen lugar la presunci¨®n de inocencia de Aguirre. Algunos testimonios de personajes clave de la trama han ido regando poco a poco las sospechas del juez.
Francisco Granados compareci¨® en la Audiencia Nacional en abril de 2018, nueve meses despu¨¦s de salir de la c¨¢rcel en la que estuvo preso casi tres a?os. Granados solt¨® entonces la idea de que el PP de Madrid, durante su etapa de secretario general, llevaba a cabo campa?as electorales paralelas a la oficial cuyos gastos, no declarados nunca, se pagaban con dinero de empresas contratistas de la Comunidad de Madrid.
¡ªHasta d¨®nde yo s¨¦, esas empresas no estaban contratadas por el partido. Y esas empresas, seg¨²n consta en otros sumarios, hab¨ªan sido contratadas por la Comunidad de Madrid. Entiendo que esa fue la forma de remunerarles...
Daniel Mercado era el due?o de una de esas empresas, en este caso de publicidad, que citaba Granados. En su declaraci¨®n, confes¨® que hizo trabajos para el PP y que se los pagaron sin factura. Tambi¨¦n que la consejer¨ªa de Sanidad le adjudic¨® campa?as de publicidad a dedo porque, seg¨²n entend¨ªa, el vicepresidente Ignacio Gonz¨¢lez intercedi¨® para que le dieran esos contratos.
Un directivo de Indra, Santiago Roura, declar¨® al comienzo de la investigaci¨®n que un d¨ªa le llam¨® el m¨¢ximo responsable de una empresa p¨²blica, ICM, para pedirle que pagar¨¢ 10.000 euros en efectivo a Alejandro de Pedro, quien reclamaba el dinero al Gobierno de Aguirre por los trabajos que hizo en Internet para mejorar la imagen de dirigentes del PP madrile?o. Roura asegur¨® al juez que, aunque se reuni¨® con De Pedro, nunca le lleg¨® a pagar el dinero que le reclamaban y que ning¨²n superior de su empresa le orden¨® que atendiera a esa petici¨®n.
Germ¨¢n Rasilla, asesor del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asegur¨® al juez que desde Presidencia de la Comunidad de Madrid se le ordenaba adjudicar determinados contratos de publicidad a un empresario determinado.
El pasado martes, en el mismo despacho del influyente exalto cargo del PP, aparece una segunda pregunta clave, que ahonda tambi¨¦n en la cuesti¨®n de la traici¨®n.
¡ª?Qui¨¦n ser¨¢ el Ricardo Costa madrile?o?
El PP valenciano ide¨® un tri¨¢ngulo vicioso para financiar sus campa?as electorales al margen de la contabilidad oficial. Nueve empresas contratistas de la Comunidad Valenciana pagaban a la trama G¨¹rtel por servicios no prestados. Con ese dinero se financiaba en parte la campa?a electoral del PP valenciano. Esos hechos quedaron probados en el juicio oral celebrado tras una larga investigaci¨®n de la que el presidente Francisco Camps sali¨® indemne.
Pero uno de los condenados, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, declar¨® en al final del juicio oral que Camps fue el ide¨®logo de aquel sistema corrupto y que fue quien le orden¨® el procedimiento para pagar las deudas del partido. Por esa confesi¨®n de Costa, ratificada por los cabecillas de la red G¨¹rtel, el magistrado de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata ha procesado ahora a Francisco Camps, para el que la Fiscal¨ªa pide dos a?os de c¨¢rcel.
En la sentencia que condena a Costa, el tribunal recuerda, como jurisprudencia del Supremo, una sentencia de 2007 que parece escrita a prop¨®sito del caso de Esperanza Aguirre: ¡°Quien se pone en situaci¨®n de ignorancia deliberada sin querer saber aquello que puede y debe saber, debe responder de las consecuencias¡±.
En esta historia no hay que olvidar un dato muy importante. M¨¢s de cinco a?os de investigaci¨®n judicial no han dejado ni un solo testimonio que implique a Esperanza Aguirre como autora, ejecutora o conocedora de las ilegalidades cometidas. Por tanto, ya en la recta final de la instrucci¨®n, la ¨²nica posibilidad de sustanciar las sospechas es que algunos de sus excolaboradores preste finalmente testimonio en su contra. Pero, ?por qu¨¦ raz¨®n pueden hacerlo? No hay un solo motivo. El m¨¢s evidente es el que movi¨® a Ricardo Costa a traicionar a su exjefe y examigo Francisco Camps. A Costa le condenaron a solo cuatro a?os de c¨¢rcel porque le aplicaron el atenuante de confesi¨®n y colaboraci¨®n activa con la justicia, aunque no basta con delatar al superior para evitar culpas y reducir pena. El tribunal que conden¨® a Ricardo Costa valor¨® la credibilidad de ese testimonio basada en otras pruebas incluidas en el sumario. Pero, seg¨²n comentan fuentes del PP madrile?o, el peligro para Aguirre no solo puede llegar por ah¨ª. Tambi¨¦n se puede dar el caso de alg¨²n exconsejero que quiera hacerlo para lavar en parte su responsabilidad en los hechos alegando que las conductas ilegales que cometi¨® estaban institucionalizadas y fueron dictadas desde las m¨¢s altas instancias de la Comunidad de Madrid.
Ahora es necesario determinar por qu¨¦ Esperanza Aguirre, de quien se alaba su capacidad pol¨ªtica, sus influencias, sus dotes de mando y su control sobre todos, pudo consentir tantos a?os de corruptelas a su alrededor.?
Situaci¨®n procesal de Esperanza Aguirre y sus colaboradores
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