Cristina Cifuentes responde sobre su papel en la caja b del PP madrile?o

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y abril de 2018, responder¨¢ este mi¨¦rcoles sobre su supuesto papel en la financiaci¨®n ilegal del PP regional, una de las piezas que componen el macrosumario P¨²nica de corrupci¨®n. Cifuentes ha sido citada como imputada a las 17.00 por el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n. El magistrado y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pretenden aclarar los detalles de la adjudicaci¨®n irregular de los servicios de cafeter¨ªa y comedor de la Asamblea de Madrid en los a?os 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco.

Esta empresa de restauraci¨®n estaba dirigida por el expresidente de la patronal madrile?a CEIM Arturo Fern¨¢ndez, quien en 2007 realiz¨® donaciones de 160.000 euros bajo cuerda al partido a trav¨¦s de la fundaci¨®n Fundescam. Cifuentes era patrona de esa entidad instrumental para la financiaci¨®n del PP y form¨® parte del comit¨¦ regional de campa?a para las elecciones auton¨®micas de ese a?o, en las que Esperanza Aguirre obtuvo la segunda de sus tres mayor¨ªas absolutas consecutivas.

Cifuentes tambi¨¦n ser¨¢ interrogada, previsiblemente, por su supuesta participaci¨®n en el "desv¨ªo de fondos p¨²blicos para pago de gastos particulares del PP de la Comunidad de Madrid" y por gastos electorales que se ocultaron a la C¨¢mara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, referentes a las elecciones auton¨®micas del 2007 y 2011 y generales del 2008. Cifuentes, recuerda el juez, "asisti¨® a las reuniones" que mantuvieron los investigados Ignacio Gonz¨¢lez y Francisco Granados, junto a Esperanza Aguirre y el exconsejero Borja Sarasola con Juan Miguel Madoz, administrador de la empresa Swat, en las que se planteaban la estrategia pol¨ªtica y de comunicaci¨®n del PP regional para los comicios.

En estas reuniones se plante¨® supuestamente un mecanismo de desv¨ªo de fondos p¨²blicos desde la empresa p¨²blica Inform¨¢tica de la Comunidad de Madrid (ICM) a Swat, firma que preparaba las campa?as del PP. Para este trasvase, Swat emiti¨® facturas falsas a la multinacional Indra, una de las grandes empresas adjudicatarias de contratos de ICM. Este hecho, "por su relevancia, no pudo resultar ajeno" a Cristina Cifuentes, entonces secretaria territorial del PP madrile?o, se?ala el juez.

En un mensaje en Twitter, la expresidenta Cifuentes, que dimiti¨® tras hacerse p¨²blico un v¨ªdeo en el que era sorprendida robando dos botes de crema en un supermercado, ha escrito este mi¨¦rcoles: ¡°El obst¨¢culo es el camino¡± (Proverbio Zen)¡±. Adem¨¢s de esta imputaci¨®n por la caja b del PP regional, Cifuentes est¨¢ procesada como supuesta inductora de la falsificaci¨®n del acta sobre su trabajo de fin de m¨¢ster en el extinto Instituto de Derecho P¨²blico de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta causa, la Fiscal¨ªa solicita tres a?os de prisi¨®n para ella.

En el auto ¡ªresoluci¨®n judicial razonada¡ª por el que imput¨® a Cifuentes el pasado septiembre, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n afirma que existen indicios de que Cifuentes, durante su etapa como diputada en la Asamblea de Madrid, particip¨® en una trama para beneficiar al empresario Arturo Fern¨¢ndez ¡°ama?ando contratos a su favor¡±. Seg¨²n el auto, Cifuentes, presidenta de la mesa de contrataci¨®n, form¨® parte del ¡°comit¨¦ de expertos¡± que otorg¨® de forma ¡°arbitraria¡± en 2009 a Cantoblanco el contrato de los servicios de restauraci¨®n de la Asamblea. Este concurso p¨²blico contaba con unos pliegos de condiciones redactados de modo que ¡°los criterios subjetivos de valoraci¨®n de las ofertas fuesen preponderantes a los criterios objetivos¡±, seg¨²n el magistrado.

Cifuentes tom¨® partido por la empresa de Arturo Fern¨¢ndez, un empresario donante del partido y muy pr¨®ximo a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, pese a que las condiciones de presidenta de la mesa de contrataci¨®n y de miembro del ¡°comit¨¦ de expertos¡± que valor¨® la oferta eran legalmente incompatibles. Este comit¨¦ estaba formado por otras dos personas. Una es la tambi¨¦n investigada Tatiana Recoder, cuya participaci¨®n tampoco era legal ya que hab¨ªa emitido previamente un informe jur¨ªdico en el que obvi¨® que el borrador del pliego de condiciones del contrato ¡°estaba cargado de irregularidades¡±.

La tercera experta era Virtudes Merino, exjefa de protocolo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. ¡°Ninguna de las tres personas que formaron parte del citado comit¨¦ de expertos dispon¨ªa de experiencia en la valoraci¨®n de los criterios para la adjudicaci¨®n de un servicio de restauraci¨®n¡±, se?ala el auto del juez Garc¨ªa-Castell¨®n.

La adjudicaci¨®n se produjo en junio de 2009, en una reuni¨®n de la mesa de contrataci¨®n de la Asamblea de Madrid. Esa sesi¨®n fue presidida por Cristina Cifuentes, ¡°quien vot¨® a favor de la aprobaci¨®n del informe t¨¦cnico que ella misma emiti¨®¡±, lo que va en contra de las leyes de procedimiento administrativo.

En el a?o 2011, seg¨²n la investigaci¨®n, se repiti¨® el patr¨®n, aunque en esta ocasi¨®n, adem¨¢s de Cifuentes participaron supuestamente tambi¨¦n en la trama el exconsejero Francisco Granados, considerado el cerebro del caso P¨²nica, y el exgerente regional del partido Beltr¨¢n Guti¨¦rrez.