¡®Caso ERE¡¯: el PSOE andaluz afronta su sentencia m¨¢s dif¨ªcil

En 2009, dos empresarios hosteleros de Sevilla sufrieron un intento de extorsi¨®n y decidieron grabar de manera oculta a los exdirectivos de la lonja municipal Mercasevilla. Ninguno imagin¨® que de esa grabadora brotar¨ªa dos a?os despu¨¦s el mayor caso de corrupci¨®n investigado en Andaluc¨ªa: los ERE fraudulentos. La macrocausa acumula 507 imputados y su pieza pol¨ªtica ¡ªde un total de 146¡ª empieza este martes a poner orden al rompecabezas con la primera sentencia sobre el procedimiento de pago del fondo.

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El fallo vendr¨¢ a acotar la responsabilidad de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, as¨ª como la de seis exconsejeros ¡ªla exministra Magdalena ?lvarez, entre ellos¡ª y 13 ex altos cargos como el interventor general y el jefe de los servicios jur¨ªdicos de la Junta de aquella etapa. Tras un a?o de juicio y 152 sesiones, definidas como ¡°eternas¡± y ¡°sesudas¡± por las defensas y las acusaciones, desde el pasado enero los tres magistrados de la Audiencia de Sevilla han deliberado para plasmar una sentencia que alcanzar¨¢ las 1.700 p¨¢ginas, una extensi¨®n parecida a la del caso G¨¹rtel (1.687 p¨¢ginas) y que triplica la del reciente juicio del proc¨¦s (493 p¨¢ginas).

Los tres jueces que formaron el tribunal han intentado a toda costa evitar las filtraciones para eludir las cr¨ªticas. Pese a ello, los abogados del caso consultados han virado desde la expectaci¨®n que manten¨ªan hace unas semanas a un prudente pesimismo respecto a la prevaricaci¨®n y malversaci¨®n continuadas, tanto por la extensi¨®n de la sentencia como por los comentarios de pasillo, tan dados a las especulaciones.

Este martes se despeja la inc¨®gnita que marcar¨¢ el paso al centenar y medio de piezas que todav¨ªa est¨¢n bajo investigaci¨®n, pero en cualquier caso ser¨¢, previsiblemente, el Tribunal Supremo el ¨®rgano que fije de manera firme la responsabilidad penal de los pol¨ªticos procesados por una d¨¦cada de ayudas p¨²blicas que sumaron 680 millones de euros. Hasta llegar a la resoluci¨®n de esta semana, durante nueve a?os de investigaci¨®n los ERE fraudulentos han atravesado m¨²ltiples etapas con hasta siete jueces instructores. ?Qu¨¦ abarca esta compleja macrocausa?

Hace una d¨¦cada, el caso Mercasevilla, en cuyo expediente de regulaci¨®n de empleo la polic¨ªa hall¨® varias personas prejubiladas ajenas a la empresa, fue el hilo del que tirar para destapar un complejo sistema instaurado en la Junta andaluza para beneficiar con prejubilaciones a amigos del director general de Trabajo, alcaldes y altos cargos del PSOE. La monta?a de irregularidades y delitos fue creciendo durante a?os hasta convertirse en un dinosaurio de dos millones de folios y centenares de tomos que abarcan una d¨¦cada de ayudas p¨²blicas de empleo (2000-2009) otorgadas desde el Gobierno andaluz.

La juez Mercedes Alaya lider¨® la investigaci¨®n junto a la Guardia Civil ¡ªque pronto relev¨® a la polic¨ªa¡ª y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para analizar 270 ayudas directas y ERE subvencionados por la Consejer¨ªa de Empleo. Salieron a relucir gastos en coca¨ªna con fondos p¨²blicos del exdirector de Trabajo Javier Guerrero y su ch¨®fer, empresas fantasma y una red clientelar con cientos de empresarios, aseguradoras, abogados y trabajadores implicados en el fraude.

Sin embargo, al margen de sobrecomisiones y p¨®lizas ilegales, el fondo estuvo dotado con 680 millones, y el 85% de este dinero, seg¨²n fuentes del caso, fue destinado a las prejubilaciones de m¨¢s de 6.000 trabajadores, muchos de los cuales a¨²n perciben retribuciones hoy d¨ªa. ¡°Los titulares con mensaje grueso sobre el caso de corrupci¨®n m¨¢s grande de la democracia han sido una lluvia fina que ha calado, a pesar de estar basada en prejuicios¡±, censura un abogado del caso, que solicita el anonimato.

La investigaci¨®n fue escalando pelda?os en la jerarqu¨ªa de la Junta hasta que, en 2013, Alaya inculp¨® a la exc¨²pula de la Junta por supuestamente dise?ar el sistema para que los ERE se materializaran y as¨ª beneficiar a empresas afines a los socialistas.

Mientras las l¨ªneas de investigaci¨®n se multiplicaban en todas direcciones, la juez manten¨ªa su proa hacia los exdirigentes del Gobierno andaluz, unas pesquisas que han culminado en la pieza pol¨ªtica, que es la ¨²nica juzgada hasta ahora y de la que este martes se conocer¨¢ la sentencia. En 2015 Alaya ascendi¨® a la Audiencia de Sevilla y fue sustituida por Mar¨ªa N¨²?ez, que dividi¨® la causa en 187 piezas, de las cuales 146 siguen vivas. De ellas, hay cuatro sumarios pr¨®ximos a enjuiciarse.

Durante nueve a?os de instrucci¨®n la causa ha tenido siete jueces. En los ¨²ltimos a?os N¨²?ez avanz¨® en las causas, pero lo hizo entre tirones de oreja desde la Fiscal¨ªa, que recurr¨ªa todas sus decisiones ante la Audiencia con relativo ¨¦xito. Hasta que el pasado verano Anticorrupci¨®n denunci¨® a N¨²?ez ante el Poder Judicial por provocar ¡°la par¨¢lisis¡± de la investigaci¨®n e incurrir en ¡°retrasos injustificados¡±. El Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente decidir si sanciona a la magistrada. Esta semana se conocer¨¢ si la instructora presenta la quinta baja por enfermedad consecutiva que la mantiene alejada de la macrocausa, seg¨²n fuentes del decanato de la capital andaluza.

Por el camino, las defensas ganaron una pelea crucial cuando la Audiencia de Sevilla decidi¨® que los responsables pol¨ªticos de las subvenciones no ser¨¢n acusados en ninguna de las 146 piezas separadas ¡ªuna por cada ayuda¡ª, dado que ya han sido procesados por el total del fondo en la pieza pol¨ªtica.

Nadie se atreve a fijar un final para esta procelosa investigaci¨®n si discurre al ritmo que ha seguido hasta ahora ¡ªuna sentencia y cuatro sumarios en la Audiencia tras nueve a?os¡ª. Sin embargo, este martes se dilucida gran parte de la historia de esta macrocausa que ha marcado la pol¨ªtica reciente andaluza.