Dos mandos de la ¡®polic¨ªa patri¨®tica¡¯ del PP ser¨¢n juzgados en junio en el primer juicio del caso
El comisario Pino y el inspector D¨ªez Sevillano supuestamente intentaron incorporar documentos irregulares en el 'caso Pujol'
La llamada brigada patri¨®tica, el grupo de polic¨ªas surgido durante la etapa de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz al frente del Ministerio del Interior supuestamente para actuar contra rivales pol¨ªticos del PP, ya tiene fecha para sentarse por primera vez en un banquillo de los acusados. Ser¨¢ entre el 9 y el 12 de junio de 2020 en la Audiencia Provincial de Madrid, donde el se?alado como su m¨¢ximo responsable y mu?idor, el comisario Eugenio Pino, ex n¨²mero dos de la Polic¨ªa; y uno de sus subordinados, el inspector Bonifacio D¨ªez Sevillano, deber¨¢n responder por el supuesto intento de introducir en el sumario del caso Pujol, que se instruye en la Audiencia Nacional, un pendrive con informaci¨®n obtenida de manera presuntamente irregular sobre las finanzas de Jordi Pujol Ferrusola, primog¨¦nito del expresidente de la Generalitat.
La Fiscal¨ªa pide para los dos polic¨ªas la absoluci¨®n al considerar que no existi¨® ning¨²n il¨ªcito en su actuaci¨®n, mientras que el hijo de Jordi Pujol, que ejerce la acusaci¨®n particular, solicita dos a?os y medio de c¨¢rcel para cada uno de los agentes por revelaci¨®n de secreto, y Podemos, como acusaci¨®n popular, la eleva a diez a?os y medio para cada uno al incluir tambi¨¦n los delitos de estafa procesal y falso testimonio. Entre los testigos solicitados para que declaren en la vista est¨¢ el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, en prisi¨®n desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de la trama policial desmantelada en la Operaci¨®n T¨¢ndem.
La investigaci¨®n sobre el pendrive fantasma fue iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata, instructor del caso Pujol, tras recibir en abril de 2016 un informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa en el que se hac¨ªa referencia a unos documentos de Jordi Pujol Ferrusola desconocidos hasta entonces y cuya procedencia el documento policial no detallaba. Tras recibir la peque?a memoria inform¨¢tica que los conten¨ªa en febrero del a?o siguiente y constatar que ning¨²n mando policial de los que llam¨® a declarar aclaraba c¨®mo se hab¨ªan conseguido los 869 documentos que conten¨ªa, el juez De la Mata acord¨® que no se incorporaran al sumario para evitar que contaminasen su investigaci¨®n sobre el clan del expresidente de la Generalitat y provocaran su nulidad.
Adem¨¢s, dio traslado a los juzgados de Madrid de las pesquisas que hab¨ªa realizado sobre el pendrive al considerar que en la actuaci¨®n del comisario Pino y su subordinado hab¨ªa indicios de delito. La investigaci¨®n la asumi¨® el titular del Juzgado de Instrucci¨®n 11 de Madrid, Juan Javier P¨¦rez, quien a lo largo de m¨¢s de un a?o tom¨® declaraci¨®n como imputados a los dos agentes y a un tercero ¡ªsobre el que finalmente sobresey¨® la causa¡ª. Tambi¨¦n llam¨® como testigos a otros mandos, entre ellos el comisario Villarejo y el que fuera responsable de Asuntos Internos, el tambi¨¦n comisario Marcelino Mart¨ªn-Blas. El 2 de noviembre de 2018, el magistrado proces¨® a ambos mandos policiales al que considerar que hab¨ªan ocultado intencionadamente la procedencia il¨ªcita de la informaci¨®n y que, cuando fueron llamados a declarar por la Audiencia Nacional y, m¨¢s tarde, por el magistrado de Madrid, alegaron ¡°vagas y gen¨¦ricas referencias a su origen¡±.
Ese relato de aquel auto del juez es respaldado en sus escritos de acusaci¨®n tanto por la acusaci¨®n particular de Jordi Pujol Ferrusola ¡ªque ped¨ªa y a¨²n reclama que se procesase a un tercer polic¨ªa¡ª, como la popular, de Podemos. Sin embargo, la Fiscal¨ªa se ha alineado con la defensa de los dos mandos y en su escrito del pasado julio pidi¨® la absoluci¨®n de ambos al considerar que no hubo ¡°concierto previo¡± de ambos para intentar incorporar al sumario del caso Pujol el pendrive con la informaci¨®n financiera del primog¨¦nito del expresidente de la Generalitat. El ministerio p¨²blico conclu¨ªa que ninguno tuvo participaci¨®n en su entrega en la Audiencia Nacional, que achaca a un hallazgo casual en el caj¨®n de uno de los investigadores del caso.
Durante la instrucci¨®n de la causa, el comisario Villarejo refrend¨® el testimonio autoexculpatorio del que fuera su superior, el comisario Pino, al se?alar a otro comisario, Marcelino Mart¨ªn-Blas, con el que se encontraba abiertamente enfrentado, como la persona que hizo llegar a la Polic¨ªa el pol¨¦mico pendrive. El juez instructor consider¨® entonces que al testimonio del pol¨¦mico polic¨ªa ¡°no se le puede conferir una alta fiabilidad¡±. Sin embargo, una grabaci¨®n localizada durante la investigaci¨®n que se sigue contra ¨¦l en la Operaci¨®n T¨¢ndem, y por la que lleva m¨¢s de dos a?os encarcelado, apuntalan la versi¨®n que facilit¨® Pino y el propio Villarejo, seg¨²n se?alan fuentes jur¨ªdicas. La misma fue localizada por la polic¨ªa cuando ya se hab¨ªa concluido la investigaci¨®n del caso del pendrive. La declaraci¨®n de Mart¨ªn-Blas en el juicio, solicitada por las dos acusaciones, es se?alada ahora por las mismas fuentes como clave.
Los otros casos del cerco judicial a la pol¨¦mica brigada
El caso del pendrive de los Pujol no es la ¨²nica investigaci¨®n que amenaza con sentar en el banquillo a supuestos integrantes de la polic¨ªa patri¨®tica. En el caso del sumario del Peque?o Nicol¨¢s, la juez instructora abri¨® juicio oral la semana pasada contra el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo. Est¨¢ acusado de revelaci¨®n de secretos por la grabaci¨®n ilegal de una reuni¨®n entre polic¨ªas y agentes del CNI que investigaban al presunto estafador. La grabaci¨®n, realizada el 20 de octubre de 2014, fue publicada por varios medios.
En la Audiencia Nacional, la causa en la que se investigan las actividades de Villarejo , incluye dos piezas separadas centradas en la brigada patri¨®tica. Una se abri¨® por la llamada Operaci¨®n Kitchen, el espionaje entre 2013 y 2014 al extesorero del PP Luis B¨¢rcenas y su entorno familiar sin control judicial para supuestamente arrebatarle documentos comprometedores para los populares. En esta pieza, que permanece secreta, ya est¨¢n imputados los principales integrantes del grupo policial. La segunda es la que investiga el supuesto espionaje al l¨ªder de Podemos, Pablo Iglesias, tras descubrirse el robo del tel¨¦fono m¨®vil de una colaborada del pol¨ªtico.
El rastro de este grupo de polic¨ªas aparece en otras dos causas. Una es la que se sigue en un juzgado de Estepona (M¨¢laga) por la compra de un ¨¢tico por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz¨¢lez, en la que de nuevo aparece la figura del comisario Villarejo. La segunda, las supuestas amenazas denunciadas en un juzgado de Andorra por Higini Cierco, accionista mayoritario de Banca Privada d¡¯Andorra (BPA).
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