La Junta andaluza ha pagado 1.243 millones por el fondo de los ERE

La Junta de Andaluc¨ªa ha abonado 1.243 millones de euros por el fondo de los ERE desde que se puso en marcha en el a?o 2000. La partida, destinada a pagar las prejubilaciones de 6.328 trabajadores de empresas en crisis, concluir¨¢ en 2025 con un coste final de 1.306 millones, ya que a¨²n resta por abonar 63 millones durante el pr¨®ximo lustro hasta que se jubilen los ¨²ltimos trabajadores, seg¨²n el Ejecutivo auton¨®mico.

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La reciente sentencia de la pieza pol¨ªtica del caso ERE considera fraudulentos los primeros 680 millones gastados entre 2000 y 2009 y el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla analiza ahora en las piezas separadas de la macrocausa la legalidad de los pagos entre 2010 y 2012. Ese a?o la Junta cambi¨® el mecanismo de pago mediante un Decreto Ley que regulariz¨® los abonos, convalidados por el Parlamento andaluz, para as¨ª dejar atr¨¢s las transferencias de financiaci¨®n, censuradas como instrumento de la malversaci¨®n continuada por la Audiencia de Sevilla en su sentencia.

El caos contable de los primeros a?os, bajo la gesti¨®n del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, desapareci¨® en 2012, pero hasta esta semana la Junta (PP y Ciudadanos) no ha dado cifras concretas del coste global del fondo. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, detall¨® el pasado martes que hasta 2025 la Junta pagar¨¢ a¨²n 63 millones a las aseguradoras ¡ªque adelantaron el dinero para las prejubilaciones¡ª y la liquidaci¨®n de la Cuenta General del Gobierno andaluz desgrana el coste del fondo entre 2010 y 2019, lo que permite calcular su importe total.

La cifra final de 1.306 millones es ligeramente superior a la de 1.217 millones que pronostic¨® la C¨¢mara de Cuentas andaluza en 2012, cuando fiscaliz¨® las ayudas e hizo una previsi¨®n para el futuro, incluidas la refinanciaci¨®n de la deuda con las aseguradoras y los intereses de demora acumulados.

La cantidad gastada por la Junta ¡ªuna media de 206.000 euros por trabajador, que incluye el pellizco de las aseguradoras¡ª, es la mitad de la invertida para financiar los ERE que gast¨® el Ministerio de Trabajo junto al resto de Gobiernos regionales, 2.400 millones en las dos d¨¦cadas entre 1995 y 2014, seg¨²n la documentaci¨®n aportada al juzgado de los ERE y los datos de la p¨¢gina web del ministerio. El Gobierno central financi¨® parte de las miles de prejubilaciones de empresas como Sintel (exfilial de Telef¨®nica) o Azucareras, al igual que hicieron hasta hace una d¨¦cada la mayor¨ªa de Ejecutivos auton¨®micos, para as¨ª paliar los efectos de las crisis industriales.

El objetivo era minimizar el impacto de miles de trabajadores despedidos por la quiebra de grandes empresas, una pr¨¢ctica del pasado pero que los Gobiernos siguen pagando hoy d¨ªa. Los empleados despedidos de entre 50 y 65 a?os percib¨ªan un salario mensual -pagado por Gobierno y empresas a trav¨¦s de una aseguradora- hasta su jubilaci¨®n, cuando la Seguridad Social asum¨ªa sus pagos. ¡°Hubo a?os terror¨ªficos, esto era un reguero de ERE y los Gobiernos acced¨ªan a complementar a las empresas¡±, recuerda un veterano sindicalista que pide el anonimato.

La diferencia fundamental entre la Junta andaluza y el resto de Administraciones radic¨® en que la primera pag¨® el 100% de las p¨®lizas y en el mecanismo para pagar estas prejubilaciones, que seg¨²n la Audiencia de Sevilla se dise?¨® para evitar los controles de la Intervenci¨®n General, situaci¨®n que devino en las sobrecomisiones a intermediarios y la inclusi¨®n de intrusos -trabajadores ajenos a las empresas beneficiadas-.

En Andaluc¨ªa, tres ERE copan casi la tercera parte de los 1.243 millones ya abonados en el fondo: la empresa de componentes de automoci¨®n Delphi en C¨¢diz (250 millones), la f¨¢brica de coches Santana en Ja¨¦n, propiedad de la Junta (82 millones) y las minas de Huelva englobadas bajo la denominaci¨®n Faja Pir¨ªtica (140 millones). En los tres expedientes la Junta gast¨® 474 millones, seg¨²n la C¨¢mara de Cuentas andaluza.

Para corregir los errores de gesti¨®n y carencia de documentaci¨®n de Guerrero, que incluyeron pagos cruzados entre diferentes aseguradoras, la Junta modific¨® en 2010 los pagos de los ERE mediante una encomienda de gesti¨®n. Sin embargo, la investigaci¨®n de las piezas separadas censura estos abonos y considera que el mecanismo solo se regulariz¨® con el Decreto Ley 4/2012. Dicha norma incluy¨® la renegociaci¨®n de cada p¨®liza para evitar excesos por parte de las aseguradoras. ¡°?Qu¨¦ necesidad tiene una Administraci¨®n de que una aseguradora adelante los pagos? ?No representa suficiente garant¨ªa la propia Administraci¨®n? ?O es que va a quebrar? ?Y de ceder a una consultora los c¨¢lculos actuariales [para averiguar las cantidades correspondientes a cada trabajador]?¡±, interrogan fuentes del caso. La consejera andaluza de Empleo, Roc¨ªo Blanco, ha rechazado opinar para este reportaje.

La clave penal est¨¢ en discernir si las ayudas fueron para las empresas ¡ªalgunas en quiebra, pero otras con necesidad de adelgazar plantilla¡ª, tal y como considera la Audiencia de Sevilla, o para los trabajadores, como estiman las defensas del caso ERE. En 2012 la partida cambi¨® su denominaci¨®n en los presupuestos para asegurarse de que se beneficiaba a los extrabajadores. El dictamen definitivo sobre si los periodos 2000-2009 y 2010-2012 fueron malversados llegar¨¢ con el Supremo en los pr¨®ximos a?os.