Juicio a los ¡®mossos¡¯ del ¡®proc¨¦s¡¯

La nueva temporada judicial comienza este 2020 con el plato fuerte: el lunes arranca en la Audiencia Nacional el segundo cap¨ªtulo del juicio al proc¨¦s, que sienta en el banquillo a la antigua c¨²pula de los Mossos por su supuesta connivencia con los dirigentes independentistas para celebrar el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y favorecer as¨ª la "hoja de ruta" para la "secesi¨®n de Catalu?a del resto de Espa?a", seg¨²n mantiene la Fiscal¨ªa, que atribuye a los cuatro imputados delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n. La vista oral, que se prolongar¨¢ hasta marzo, agita as¨ª, de nuevo, el escenario cuando apenas han pasado tres meses desde la condena del Tribunal Supremo a los l¨ªderes pol¨ªticos y cuando el Gobierno se encuentra enfrascado en plena estrategia contra la "judicializaci¨®n del conflicto".

Los acusados. El tribunal sienta en el banquillo a una de las caras m¨¢s reconocibles de los Mossos, el mayor Josep Llu¨ªs Trapero. Pero tambi¨¦n a la intendente Teresa Laplana ¡ªresponsable del operativo de seguridad en la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda durante el registro del 20 de septiembre de 2017, cuando una multitud cerc¨® el edificio¡ª y a dos de sus antiguos superiores, cargos de designaci¨®n pol¨ªtica: C¨¦sar Puig, ex secretario general de Interior de la Generalitat; y Pere Soler, director general de los Mossos. Contra ellos se perfila un contundente relato de la Fiscal¨ªa, que los considera "una pieza clave" de la trama independentista para "impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las ¨®rdenes emanadas por los tribunales de Justicia" en el oto?o de 2017. "Dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la poblaci¨®n catalana movilizada para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carec¨ªan y apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern", sostiene el ministerio p¨²blico, que pide 11 a?os de c¨¢rcel para Trapero, Soler y Puig por rebeli¨®n. A Laplana la acusa, por su parte, de sedici¨®n y reclama una condena de cuatro a?os.

El papel de la Fiscal¨ªa. La sentencia del Supremo a los l¨ªderes pol¨ªticos, que descart¨® la rebeli¨®n, no ha provocado por ahora que el ministerio p¨²blico recule en su acusaci¨®n contra la antigua c¨²pula de los Mossos. La Fiscal¨ªa mantiene la tesis m¨¢s dura. "Y no est¨¢ previsto en este momento procesal una modificaci¨®n de las conclusiones provisionales", explicaban fuentes de la Fiscal¨ªa hace unas semanas. Eso s¨ª, sin cerrar la puerta a un cambio de posici¨®n "tras iniciarse el juicio oral", a?ad¨ªan ante la posibilidad de pedir una condena solo por sedici¨®n.

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El gran debate. Durante la vista oral se espera que el ministerio p¨²blico centre parte de su estrategia en demostrar la "pasividad" de los Mossos en todo el proc¨¦s ¡ªnegada por las defensas¡ª. Esta es una de las grandes l¨ªneas argumentales de la acusaci¨®n, que afirma que el cuerpo mantuvo esa actitud de forma "consciente e intencionada" a ra¨ªz del "plan de actuaci¨®n" ideado por Trapero y Soler, junto con el exconseller Joaquim Forn, para "evitar la implicaci¨®n de sus agentes en el cumplimiento de las instrucciones" de la Fiscal¨ªa y los tribunales. "Se promovi¨® la inacci¨®n y dejaci¨®n de funciones por parte de los miembros de los Mossos", incide el ministerio p¨²blico sobre los registros de septiembre y el 1-O.

De hecho, aunque no entr¨® a fondo en el asunto, el Supremo ya se refiri¨® de pasada a este tema en su sentencia. El alto tribunal reproch¨® a los Mossos su "complicidad" con los votantes del refer¨¦ndum ilegal, adem¨¢s de acusar a los mandos del cuerpo de "cinismo" por no planificar una respuesta policial adecuada para esgrimir despu¨¦s que se encontraban desbordados. Es m¨¢s, en su fallo, los magistrados llegan a acusar a los Mossos del traslado de algunas urnas en "veh¨ªculos sin logotipos", de "permitir que particulares se hicieran con ellas y se las llevaran", o de seguir a agentes de la Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil desplegados en Catalu?a para informar sobre ellos y contrarrestar as¨ª su intervenci¨®n ¡ªimputaci¨®n que mantiene la Fiscal¨ªa en este segundo juicio¡ª.

Tribunal de mayor¨ªa conservadora. El foco de atenci¨®n y la cr¨ªtica volver¨¢n a colocarse, al igual que en el Supremo, sobre los jueces. Concepci¨®n Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se encargar¨¢ de presidir el tribunal y emular a Manuel Marchena. Enmarcada en el bloque conservador y considerada af¨ªn al PP ¡ªarrastra el ¡°querida Concha¡± que le dedicara Mar¨ªa Dolores de Cospedal, ex n¨²mero dos de los populares con Rajoy¡ª, fue apartada del caso G¨¹rtel por su proximidad a la formaci¨®n.

La terna la completan Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel y Francisco Javier Vieira. El primero, que ser¨¢ el ponente de la sentencia, es un jurista de larga trayectoria al que se le considera del sector m¨¢s progresista de la Audiencia ¡ªfue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de IU¡ª. En cambio, al segundo, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se le encuadra tambi¨¦n en el sector conservador.

El contexto. Catalu?a navega de nuevo por aguas desconocidas tras la investidura de Pedro S¨¢nchez gracias a la abstenci¨®n de ERC. Pese a que el secesionismo cerr¨® filas tras la decisi¨®n de la Junta Electoral Central de ejecutar la inhabilitaci¨®n del president Quim Torra, el acuerdo firmado por los republicanos con los socialistas ha ahondado la brecha entre Esquerra y Junts, los dos partidos que sostienen al Govern. Los efectos que pueda provocar una nueva condena son terreno inexplorado, aunque los precedentes dan bastantes pistas: la sentencia del Supremo a los l¨ªderes pol¨ªticos del proc¨¦s dej¨® varias jornadas de protestas y disturbios. Todo ello, mientras suenan desde hace meses las trompetas que auguran unas nuevas elecciones catalanas ¡ªpara las que algunas formaciones, como Ciudadanos, ya se han preparado¡ª.