El juez y el fiscal que asumieron el grueso del ¡®caso Cursach¡¯, imputados por supuestas irregularidades

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha citado a declarar al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel ?ngel Subir¨¢n como investigados por delitos presuntamente cometidos cuando estaban al frente de la instrucci¨®n del caso Cursach, la macrocausa de corrupci¨®n policial centrada en el empresario del ocio nocturno Bartolom¨¦ Cursach. La magistrada instructora Carmen Abrines envi¨® la causa al Tribunal Superior en enero, porque tanto el juez como el fiscal ¡ªactualmente de baja¡ª son aforados y solo pueden ser juzgados por un tribunal superior. Su declaraci¨®n est¨¢ fijada para el pr¨®ximo 6 de febrero a las 9.30, seg¨²n fuentes del tribunal superior balear.

La Sala tambi¨¦n ha acordado prorrogar 18 meses la instrucci¨®n del procedimiento, que por turno de reparto recay¨® en el magistrado Carlos G¨®mez. La causa empez¨® investigando la filtraci¨®n a la prensa de un informe policial sobre las finanzas de?Bartolom¨¦ Tolo Cursach, empresario mallorqu¨ªn que da nombre, aunque durante el volcado de los m¨®viles de los polic¨ªas se descubri¨® el grupo de Whatsapp Sancus en el que los polic¨ªas comentaban su d¨ªa a d¨ªa con el juez y el fiscal.

Penalva y Subir¨¢n est¨¢n citados como investigados por delitos de prevaricaci¨®n, revelaci¨®n de secretos y deslealtad profesional y detenci¨®n ilegal. Los delitos coinciden con los que Abrines, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 10 de Palma, les atribuy¨® en su exposici¨®n razonada.

Los delitos de detenci¨®n ilegal y prevaricaci¨®n hacen referencia al auto de prisi¨®n contra el empresario Antoni Roig y otros dos investigados, dictado en enero de 2017 en el marco de la causa IME, centrada en la gesti¨®n de los polideportivos de Palma. Seg¨²n los atestados, la adopci¨®n de la prisi¨®n se realiz¨® ¡°de modo intencionadamente lento¡±. El juez Penalva, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12 de Palma, fue apartado de la instrucci¨®n del caso Cursach en 2018 por p¨¦rdida de apariencia de imparcialidad.

La juez Abrines excluy¨® los delitos de coacciones a testigos y organizaci¨®n criminal que les imputaban las acusaciones ¡ªentre ellas, el empresario Cursach y una asociaci¨®n de polic¨ªas locales investigados en la macrocausa que dirigieron Penalva y Subir¨¢n¡ª. No apreci¨® indicios ¡°claros, serios y fundados¡± para atribuirles un delito de pertenencia a organizaci¨®n criminal, ya que certifica que el grupo de chat era esencialmente ¡°de trabajo¡±. Y tampoco consider¨® que la conducta de los investigados hubiera incurrido en un delito de coacci¨®n a testigos, porque en las conversaciones de Whatsapp ¡°no se aprecia ni intimidaci¨®n, ni coacci¨®n, ni inducci¨®n a ning¨²n falseamiento de la realidad¡±.