Torra alega ¡°persecuci¨®n pol¨ªtica¡± y pide al Supremo que anule la condena por desobediencia

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este martes al Tribunal Supremo que anule la condena a un a?o y medio de inhabilitaci¨®n por un delito de desobediencia que le impuso en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a porque aquella sentencia, afirma, no ten¨ªa una motivaci¨®n jur¨ªdica ¡°m¨ªnimamente aceptable¡±. En un escrito de 307 folios, Torra se queja de ¡°persecuci¨®n pol¨ªtica¡±, acusa a la Fiscal¨ªa de tomar decisiones ¡°sin base legal alguna¡± y sostiene que los magistrados ya hab¨ªan decidido condenarle antes de celebrar el juicio. Torra fue condenado por negarse a cumplir, en plena campa?a electoral, la orden de la Junta Electoral Central de que retirara pancartas a favor de los pol¨ªticos presos del balc¨®n del Palau de la Generalitat.

Torra tiene actualmente abiertas dos causas en el Supremo. El recurso presentado este martes ante la Sala de lo Penal del Supremo se dirige contra la sentencia por desobediencia dictada el Tribunal Superior catal¨¢n y es la que, a la postre, determinar¨¢ el futuro pol¨ªtico del president. La otra causa est¨¢ en la Sala de lo Contencioso, que revisa la inhabilitaci¨®n expr¨¦s acordada por la Junta Electoral Central al entender que la sentencia por desobediencia implicaba autom¨¢ticamente la p¨¦rdida del esca?o de diputado del Parlament. Torra pidi¨® mantener el acta mientras el tribunal decid¨ªa sobre el fondo del asunto, pero la Sala de lo Contencioso descart¨® esta posibilidad por lo que retir¨® el esca?o al presidente el 23 de enero.

En el juicio por la pancarta de apoyo a los presos, que se celebr¨® el 18 de noviembre en Barcelona, el president admiti¨® que hab¨ªa desobedecido a la Junta Electoral, pero se neg¨® a reconocer autoridad a este ¨®rgano y sostuvo que la orden que le dio era ¡°ilegal¡±. El tribunal rechaz¨® todos sus argumentos y concluy¨® que mostr¨® una ¡°contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia¡± a acatar la orden de un ¨®rgano ¡°investido de autoridad¡± que dict¨® ¨®rdenes ¡°conforme a la legalidad¡±. El abogado de Torra, Gonzalo Boye, insiste ahora en alguno de los argumentos ya empleados en el juicio para pedir al Supremo que anule la condena.

Seg¨²n la defensa del president, la orden de la Junta Electoral fue ¡°abiertamente arbitraria y extravagante¡± y buscaba ¡°criminalizar¡± el comportamiento de Torra. Seg¨²n el letrado, lo consiguieron ¡°gracias a la inestimable ayuda del Ministerio Fiscal (de cuya dependencia del poder ejecutivo se han jactado miembros de diversos gobiernos) que, sin base legal alguna, se presto? a presentar la querella de la que este procedimiento trae causa¡±. En su escrito, Boye sostiene, adem¨¢s, que tras la denuncia contra Torra por negarse a retirar la pancarta hab¨ªa ¡°una clara intencionalidad pol¨ªtica que, a su vez, tiene serios visos de constituir una palmaria persecuci¨®n pol¨ªtica¡±. Para el letrado, ni los denunciantes (PP y Ciudadanos) ni el tribunal ¡°han guardado la m¨¢s m¨ªnima apariencia de imparcialidad¡±.

El escrito recoge afirmaciones y precedentes tanto de varios miembros de la Junta Electoral Central como de tribunal que supuestamente demuestran esa falta de imparcialidad. Esta situaci¨®n tambi¨¦n se pudo extraer, seg¨²n el letrado, de la ¡°exhibici¨®n de menosprecio¡± que, asegura, recibi¨® Torra durante el juicio por parte de los magistrados. Boye se queja de que durante toda la vista el presidente del tribunal ¡°despoj¨®¡± a Torra de los ¡°honores¡± que le corresponden como presidente de la Generalitat. ¡°Pudimos escuchar c¨®mo el Presidente de la Sala se dirigi¨®? a mi mandante como ¡°Sen?or Torra¡±, sin m¨¢s, a lo largo de la sesi¨®n del juicio oral. Cuando esta parte se quej¨®? por el tratamiento que estaba recibiendo, despoj¨¢ndole de sus honores de forma anticipada al dictado de sentencia, el Presidente de la Sala se justific¨®? en la premisa de que todos somos ciudadanos iguales ante la ley y que esa igualdad rige para todos, incluido el President de la Generalitat¡±, afirma el abogado, que considera que esta situaci¨®n ¡°hizo patente que ya se ten¨ªa una convicci¨®n de condena¡± antes de celebrar el juicio.

El abogado denuncia tambi¨¦n la ¡°absoluta falta de motivaci¨®n¡± y una ¡°evidente incongruencia omisiva¡± de la sentencia del tribunal superior catal¨¢n al no dar respuesta a ninguno de los planteamientos realizados por la defensa durante la vista. ¡°La sentencia se limita a expresar el punto de vista ya conocido de los magistrados sin demostrar una posici¨®n abierta, es decir imparcial, frente a los argumentos esgrimidos por la defensa¡±.

En su escrito, la defensa de Torra, como ya hizo en el juicio, considera que la Junta Electoral Central dio ¨®rdenes ¡°ilegales¡± y que exced¨ªan sus competencias, lo que implica, seg¨²n el abogado, que el comportamiento de Torra no encaje en el delito de desobediencia previsto en el art¨ªculo 410 ni en ning¨²n otro delito contemplado en el C¨®digo Penal. ¡°La Junta Electoral Central ni era autoridad superior en relaci¨®n con el M. H. Sr. Quim Torra i Pla (pues son claramente administraciones o instituciones distintas), ni era competente para emitir los requerimientos contenidos en sus Acuerdos de 11 y 18 de marzo de 2019, de modo que no puede hablarse de delito de desobediencia¡±, sostiene Boye. El letrado considera tambi¨¦n que la condena vulnera el derecho del presidente catal¨¢n a la libertad de expresi¨®n, al entender que la colocaci¨®n de las pancartas en el Palau de la Generalitat es un ¡°acto pol¨ªtico¡± blindado por la inviolabilidad parlamentaria.