Espa?a endurecer¨¢ el derecho al asilo

El Gobierno prepara una nueva ley que introducir¨¢ restricciones al derecho de asilo, en la senda marcada por la Uni¨®n Europea en los ¨²ltimos a?os. Un borrador de ese texto, al que ha tenido acceso EL PA?S, limita el acceso a la protecci¨®n en los centros de internamiento y ampl¨ªa los motivos de denegaci¨®n de las solicitudes. Este es un asunto embarazoso para la coalici¨®n de Gobierno por las fricciones que puede provocar entre el PSOE y Podemos. La norma actual, de 2009, se considera obsoleta porque?la realidad migratoria ha cambiado enormemente. Frente al modesto volumen de solicitudes de refugio que sol¨ªa recibir Espa?a, en 2019 se registraron 118.000. Espa?a es ya el tercer receptor de potenciales refugiados de la UE, a poca distancia de Francia y Alemania.

La nueva normativa es una respuesta a los sucesivos ultim¨¢tums de Bruselas. Espa?a lleva a?os retrasando la adaptaci¨®n de su legislaci¨®n a las directivas comunitarias y ha agotado todos los plazos hasta llevar a la Comisi¨®n Europea a abrirle dos procedimientos de infracci¨®n. El ¨²ltimo aviso lleg¨® en octubre de 2019 ¡ªfecha de este borrador¡ª, cuando el brazo ejecutivo de la UE amenaz¨® con llevar a Espa?a al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n. El Gobierno se adapta as¨ª a las exigencias de Bruselas, pero aprovechar¨¢ para incluir sus propias medidas. El documento contempla las propuestas iniciales del Ministerio del Interior, y la versi¨®n final depende de las negociaciones entre los actores implicados, entre ellos los Ministerios de Seguridad Social y Migraciones y el de Exteriores.

La propuesta asume la letra y la m¨²sica del progresivo endurecimiento de la pol¨ªtica migratoria en la UE. Tras la crisis de 2015, cuando desembarcaron m¨¢s de un mill¨®n de refugiados entre Grecia e Italia, el Ejecutivo comunitario se marc¨® como objetivo trazar una pol¨ªtica com¨²n m¨¢s restrictiva con los llamados migrantes econ¨®micos, los que no tienen derecho a protecci¨®n internacional. Esos planes pasan por acelerar ¡ªy aumentar notablemente¡ª los retornos de esos migrantes, blindar las fronteras y obligar a los socios a un reparto solidario de los refugiados. ¡°La clave es tener un sistema r¨¢pido para diferenciar qui¨¦n tiene posibilidad de pedir asilo y qui¨¦n no. Y hay que devolver a quienes no sean refugiados¡±, explica una alta fuente comunitaria.

Entre las propuestas que el Gobierno espa?ol baraja est¨¢ el establecimiento de un plazo para las solicitudes de los reci¨¦n llegados, que la legislaci¨®n europea fija en 30 d¨ªas, pero que en la actualidad aunque est¨¦ contemplado tambi¨¦n en la ley espa?ola no es causa de inadmisi¨®n.

Esta medida ser¨¢ a¨²n m¨¢s restrictiva para los extranjeros encerrados en los centros de internamiento (CIE), una de las novedades que Espa?a introduce motu proprio. La propuesta de Interior es que los internos tengan apenas 10 d¨ªas para formalizar su solicitud de asilo una vez que han sido informados de su derecho a pedir protecci¨®n. ¡°Pasado ese plazo se entender¨¢ que la solicitud ha sido formulada con la ¨²nica intenci¨®n de retrasar o frustrar la expulsi¨®n¡±, recoge la versi¨®n inicial de la ley. La denegaci¨®n por incumplir este plazo no estar¨ªa sujeta a revisi¨®n y solo se podr¨ªa recurrir ante los tribunales. Las fuerzas policiales se quejan de que los migrantes recurren a menudo a solicitar el asilo simplemente como una forma de aplazar su deportaci¨®n. En 2019 hubo en los CIE 2.164 solicitudes, el 2% del total.

La adaptaci¨®n a la normativa europea supone, seg¨²n el borrador, ampliar los motivos para denegar las peticiones de protecci¨®n. Entre los nuevos figurar¨ªa que en el pa¨ªs de origen del solicitante existan zonas donde pueda establecerse con seguridad.

El texto preliminar tambi¨¦n define el concepto de pa¨ªs seguro, acorde al modelo comunitario. Aunque los expedientes deben estudiarse individualmente, este cambio implica que si el solicitante procede de un pa¨ªs considerado seguro por Espa?a ¡ªMarruecos, por ejemplo¡ª puede ver su solicitud denegada. El mismo criterio se aplicar¨ªa si el solicitante tiene su residencia habitual en un tercer pa¨ªs tambi¨¦n etiquetado como seguro. Se valorar¨¢ ¡°si existe v¨ªnculo entre la persona y el tercer pa¨ªs por el que ser¨ªa razonable que el solicitante se fuese a ese pa¨ªs¡±. Ese v¨ªnculo puede consistir en tener familiares o haber residido legalmente all¨ª inmediatamente antes de pedir protecci¨®n en Espa?a. Siempre se tendr¨¢ en consideraci¨®n que el retorno no ponga en riesgo la vida o la libertad del peticionario por motivos pol¨ªticos, de raza o religi¨®n.

Interior plantea eliminar la comisi¨®n interministerial en la que se deciden las demandas de asilo para acabar con un tr¨¢mite ¡°que ralentiza enormemente la instrucci¨®n¡±. Actualmente, la Oficina de Asilo y Refugio acumula m¨¢s de 120.000 expedientes por resolver, pero ha quintuplicado su ritmo de resoluci¨®n.

Pero no todas las medidas contempladas suponen un endurecimiento. En el ¨¢mbito m¨¢s garantista, el borrador introduce cambios que dan m¨¢s seguridad jur¨ªdica a los solicitantes: los reconoce como tales en el momento en el que manifiestan su intenci¨®n de pedir protecci¨®n, lo que obliga a registrarlos oficialmente. Eso ya ocurr¨ªa en la pr¨¢ctica; ahora quedar¨¢ regulado por ley. Tambi¨¦n ampl¨ªa de cuatro a cinco d¨ªas el plazo de resoluci¨®n de los expedientes en frontera. Un portavoz del Ministerio del Interior rechaz¨® este martes comentar ning¨²n aspecto del borrador al que tuvo acceso este peri¨®dico.