La primera ley para una muerte digna en Espa?a echa a andar

El Gobierno andaluz ha comenzado este martes a tramitar el proyecto de Ley de Derechos y Garant¨ªas de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma que regular¨¢ los derechos del paciente as¨ª como los deberes de los profesionales sanitarios y de los centros sanitarios p¨²blicos y privados. La decisi¨®n ha sido adoptada hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta y, seg¨²n sus previsiones, la norma llegar¨¢ al Parlamento andaluz para su debate la pr¨®xima primavera. La consejera de Salud, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, ha destacado en rueda de prensa que esta norma, "la primera de estas caracter¨ªsticas que se elabora en Espa?a", no s¨®lo persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, sino tambi¨¦n "respaldar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones.

Entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si as¨ª lo desea el paciente, informaci¨®n cl¨ªnica veraz y comprensible sobre su diagn¨®stico y pron¨®stico, con el objetivo de ayudarle en la toma de decisiones. Tambi¨¦n establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervenci¨®n, aunque ello pueda poner en peligro su vida. El texto regula el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedaci¨®n paliativa cuando lo precise, y garantiza los cuidados paliativos integrales, que ser¨¢n proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no est¨¦n contraindicados.

La intimidad personal y familiar de la persona y la protecci¨®n de todos los datos relacionados con su proceso de atenci¨®n sanitaria tambi¨¦n estar¨¢n garantizadas, ya que el ciudadano podr¨¢ estar acompa?ado por su familia durante el proceso de la muerte. Para ello, los pacientes que tengan que ser hospitalizados tendr¨¢n derecho a una habitaci¨®n individual durante su estancia, "tanto en el ¨¢mbito p¨²blico como en el privado", subray¨® la consejera, que ha precisado que una vez sea aprobada la ley todos los centros sanitarios andaluces tendr¨¢n un plazo de dos a?os para acometer la reformas oportunas.

Las instituciones deber¨¢n proporcionar¨¢n apoyo y asistencia a la familia de la persona en situaci¨®n terminal para facilitar el proceso y le garantizar¨¢n una atenci¨®n integral durante el duelo. Por su parte, los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deber¨¢n informarle sobre su situaci¨®n y respetar las decisiones que ¨¦ste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiol¨®gicas. La consejera ha recordado, asimismo, su obligaci¨®n de facilitar informaci¨®n sobre el derecho a formular la declaraci¨®n de voluntad vital anticipada, as¨ª como a consultar el registro. Todos los centros sanitarios (p¨²blicos y privados) tendr¨¢n, no obstante, un "comit¨¦ de ¨¦tica" de car¨¢cter consultivo para cualquier conflicto que pueda surgir.

Los facultativos tendr¨¢n la obligaci¨®n de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para "evitar la obstinci¨®n terap¨¦utica", as¨ª como de ofrecer al paciente todas las intervnciones para garantizar su adecuado cuidado y comodidad. Las instituciones sanitarias deber¨¢n garantizar el cumplimiento de la ley y, en caso de negativa o ausencia de los profesionales, deber¨¢n asegurar la atenci¨®n necesaria.

La consejera ha avanzado, adem¨¢s, algunos datos del bar¨®metro sanitario que presentar¨¢ su departamento en breve y que revela que el 93,7% de los andaluces coincide en afirmar que "todo el mundo tiene derecho a una muerte digna", as¨ª como a recibir una informaci¨®n clara sobre su salud. Seg¨²n esta encuesta, relativa al a?o 2007, ocho de cada diez ciudadanos se muestran favorables a no prolongar la vida de forma artificial si no existen unos m¨ªnimos de calidad.