El Supremo de EE UU proh¨ªbe poner GPS a sospechosos sin orden judicial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este lunes que los cuerpos policiales necesitan una orden judicial para localizar a las personas acusadas de delitos o puestas en libertad bajo fianza a trav¨¦s de detectores de posicionamiento GPS. Seg¨²n la sentencia, hecha p¨²blica este lunes, seguir los desplazamientos de una persona mediante esta pr¨¢ctica equivale a hacer un registro en su propiedad privada.

El Juez Antonin Scalia, encargado de redactar la decisi¨®n, argument¨® que la Cuarta Enmienda de la Constituci¨®n norteamericana protege a los ciudadanos contra b¨²squedas y apropiaciones injustificadas, lo que a partir de ahora incluir¨¢ el seguimiento a trav¨¦s de un GPS. Scalia indic¨® que "al colocar el aparato en" el veh¨ªculo de un sospechoso, la polic¨ªa ¡°allan¨® un ¨¢rea protegida".

La Corte Superior de Justicia de EE UU se pronunciaba as¨ª a ra¨ªz del caso de Antoine Jones, un traficante de drogas condenado gracias a que la polic¨ªa coloc¨® un GPS en su veh¨ªculo y pudo seguir sus movimientos durante 28 d¨ªas. Los agentes ten¨ªan permiso para utilizar este sistema, pero la orden hab¨ªa caducado antes de que llegaran a instalarlo. El sistema de localizaci¨®n les permiti¨® seguir al sospechoso, due?o de un local nocturno en Washington, hasta una residencia donde encontraron 100 kilos de coca¨ªna y casi un mill¨®n de d¨®lares en efectivo.

Un tribunal de apelaciones revisar¨ªa despu¨¦s el caso, pidiendo que se rechazara toda evidencia obtenida gracias a aquel seguimiento. El hallazgo de la droga y el dinero gracias al GPS jugaron un papel esencial en la condena impuesta a Jones, cadena perpetua por tr¨¢fico de drogas y conspiraci¨®n para distribuir coca¨ªna, condena que ahora deber¨¢ ser rechazada.

Los nueve jueces del Tribunal Supremo respaldaron esta decisi¨®n por el uso ilegal del GPS y cuatro de ellos propusieron impedir tambi¨¦n que se haga un rastreo durante un per¨ªodo de tiempo tan amplio. La sentencia deb¨ªa establecer si el movimiento de un veh¨ªculo privado por la calle es una actividad p¨²blica o privada, algo en lo que diversos juzgados estatales han tomado posiciones distintas. La decisi¨®n de los jueces, que se decantaron por esto ¨²ltimo, contradice a lo que defiende la Administraci¨®n Obama, que argumenta que se puede prescindir de una orden judicial para seguir los desplazamientos de un coche en la v¨ªa p¨²blica a trav¨¦s de un sistema digital de localizaci¨®n.

En los ¨²ltimos a?os los avances de la tecnolog¨ªa han permitido crear dispositivos m¨®viles, c¨¢maras de v¨ªdeo, tel¨¦fonos y sistemas de navegaci¨®n capaces de identificar la ubicaci¨®n de un individuo. ¡°La disponibilidad y el uso de estos y otros dispositivos seguir¨¢n condicionando las expectativas de una persona en cuanto a la privacidad que quiera mantener durante sus movimientos diarios¡±, concluy¨® el juez.

Sin embargo, la sentencia deja para otro juicio una decisi¨®n sobre el uso de otros sistemas, limitando la resoluci¨®n al uso de GPS en el cajuiciso de Jones. La Juez Sonia Sotomayor a?adi¨® a la sentencia que el caso abre interrogantes muy dif¨ªciles sobre el rango de privacidad de la que pueden disfrutar los ciudadanos en la era digital.