El Supremo rechaza los recortes de sueldo de 2010 en la concertada

El Tribunal Supremo acaba de dar la raz¨®n a los sindicatos LAB y ELA, que hab¨ªan denunciado la bajada de sueldos del 5% en los centros educativos concertados del Pa¨ªs Vasco, decretada por el Gobierno aut¨®nomo en 2010, despu¨¦s de que el Ejecutivo central marcara lo mismo para el resto de Espa?a, en consonancia con la disminuci¨®n en la ense?anza p¨²blica y dentro de un paquete de recortes presupuestarios. La sentencia se refiere solo a las ikastolas (una parte de la concertada vasca), pero abre la puerta para que todos los docentes de la escuela subvencionada (13.500 en el Pa¨ªs Vasco, y hasta 160.000 en toda Espa?a) puedan reclamar ese dinero que no han percibido desde entonces.

Eso s¨ª, se lo han de reclamar a la direcci¨®n de sus colegios, pues el fallo (que confirma otro del Superior de Justicia de Pa¨ªs Vasco del a?o pasado) dice que a la Administraci¨®n le obligan las leyes (que dicta el Gobierno y desarrollan las comunidades) y no los convenios entre patronales y sindicatos de la concertada; estos, dice, si exceden lo que marca la normativa, solo obligan a las empresas. Los tribunales superiores de otras comunidades (por ejemplo, en Arag¨®n y en Castilla y Le¨®n) hab¨ªan respaldado esos recortes dictados en 2010 por anterior Gobierno del PSOE, a pesar de que estos profesores no son funcionarios. Sin embargo, al ser centros privados subvencionados, las Administraciones abonan directamente los sueldos docentes por medio del pago delegado.

En otras comunidades, como Andaluc¨ªa, se est¨¢n preparando recursos sobre este tema que ahora tendr¨¢n que replantearse a la luz del fallo del Supremo. Aunque el caso de el Pa¨ªs Vasco no afectaba aquel decreto del Gobierno central de 2010, el Gobierno vasco decidi¨® rebajas similares. Despu¨¦s, los recortes y los presupuestos estatales ya han mencionado expresamente a la concertada, y han complicado a¨²n m¨¢s la situaci¨®n al tocar el sueldo base en lugar de los complementos auton¨®micos, que es donde muchas comunidades estaban metiendo la tijera. Adem¨¢s, todo ello se mezcla con una enorme mara?a de situaciones distintas: hay varias autonom¨ªas con convenios propios, como Pa¨ªs Vasco; el convenio estatal a¨²n en vigor caduc¨® en diciembre de 2008; y en la mayor¨ªa de autonom¨ªas hay acuerdos de equiparaci¨®n salarial con los profesores de la p¨²blica, lo que vincular¨ªa para bien, pero tambi¨¦n para mal.

¡°Por un lado, estamos contentos porque quedan protegidos los derechos de los trabajadores, pero por otro estamos muy preocupados, porque la sentencia puede echar por tierra la negociaci¨®n colectiva en la escuela concertada, al convertir los acuerdos entre empresarios y sindicatos en papel mojado frente a los cambios legales que puedan decidir las administraciones¡±, se queja Juan Mart¨ªnez, del Gabinete de Estudios de CC OO.

¡°Es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse no solo a la ley formal, sino, m¨¢s gen¨¦ricamente, a las normas de mayor rango jer¨¢rquico y no al contrario¡±, dice la sentencia. As¨ª, las obligaciones contra¨ªdas en los convenios solo podr¨¢n ser asumidas por la administraci¨®n ¡°en tanto no superen el l¨ªmite legal¡± que se marca en los presupuestos del Estado. ¡°Dicho l¨ªmite no puede ser alterado¡± en el convenio, aunque ciertamente en ¨¦l ¡°se podr¨¢n pactar las modificaciones retributivas que estimen oportunas, pero sabiendo que tales acuerdos llevar¨¢n impl¨ªcitos, en todo caso, la obligaci¨®n de la empresa empleadora de asumir en exclusiva las cantidades de excedan¡±, dice el fallo del Supremo el pasado 24 de septiembre.

Mart¨ªnez se queja, adem¨¢s, de que la sentencia es ¡°inaplicable porque los centros concertados no pueden asumir¡± las reclamaciones que les puedan llegar.

En el Pa¨ªs Vasco, desde que aplicaron los recortes en 2010, las patronales de centros educativos privados con fondos p¨²blicos est¨¢n sumidas en la incertidumbre de c¨®mo sufragar¨¢n la diferencia en caso de que, como est¨¢ ocurriendo, se vean obligadas a dar marcha atr¨¢s en los recortes salariales: por un lado est¨¢n siendo obligadas judicialmente a pagar los sueldos ¨ªntegros y, por otro, la administraci¨®n p¨²blica no modifica los recortes aplicados en los conciertos educativos ¡ªlas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco han avalado este extremo¡ª. Al mismo tiempo, la legislaci¨®n impide cobrar a las familias por conceptos de ense?anza en la etapa obligatoria.

Por esta raz¨®n, Mart¨ªnez pone de manifiesto que un punto de la sentencia del Supremo contradice las leyes educativas al hablar ¡°de fuentes de financiaci¨®n adicionales¡±, como ¡°los conciertos singulares¡± y el cobro de ¡°actividades complementarias¡±. Aunque siempre ha sido pol¨¦mico el posible abuso de estos cobros, ponerlo en la sentencia como v¨ªa para pagar a sus trabajadores es dar carta de naturaleza a la discriminaci¨®n por motivos econ¨®micos en unos colegios donde la ense?anza debe ser gratuita como en los p¨²blicos, se queja Mart¨ªnez, que a?ade que la sentencia dificulta a¨²n m¨¢s la negociaci¨®n del convenio colectivo, que expir¨® en 2008, con el riesgo de que se pierdan muchos otros derechos de los trabajadores del sector.

Por su parte, los sindicatos vascos reclaman a las patronales que han perdido la batalla judicial que expliquen c¨®mo ejecutar¨¢n este fallo del Supremo y otro que se espera para final de a?o y que casi con toda seguridad ser¨¢ en el mismo sentido. Este, referente a los recortes de los salarios de los centros de Kristau Eskola y AICE (la escuela concertada cat¨®lica), afecta a un n¨²mero superior de docentes y ha tenido un recorrido paralelo a la batalla en los tribunales de los trabajadores de las otras dos patronales. Todo apunta, seg¨²n las fuentes consultadas, a que el segundo pronunciamiento judicial ser¨¢ id¨¦ntico al que ahora se ha conocido. La patronal cat¨®lica estatal, FERE, ha declinado opinar y remite a sus escuelas en Pa¨ªs Vasco.

Desde STEE-EILAS, Endika Rodr¨ªguez recuerda que tanto STEE-EILAS como ELA impulsaron reclamaciones individuales entre el profesorado de la red concertada, una v¨ªa que podr¨ªa ser utilizada para que la red concertada devuelva su salario a los docentes. Queda por aclarar a¨²n c¨®mo afectar¨¢ esta sentencia en el convenio firmado por el sindicato nacionalista LAB y Partaide, la agrupaci¨®n de ikastolas, en 2011. En este acuerdo los trabajadores aceptaban los recortes para ese a?o y la patronal acced¨ªa a pagar los salarios de 2010 al completo, por lo que en ese a?o esta patronal no tendr¨ªa ning¨²n tipo de deuda. Con la sentencia del supremo, queda ahora por conocer cu¨¢les ser¨¢n las implicaciones de ese convenio.