Gallard¨®n consuma la vuelta atr¨¢s

Si un nuevo aplazamiento ¡ªvan cinco¡ª no lo impide, el Consejo de Ministros aprobar¨¢ hoy su anteproyecto de ley del aborto, y Espa?a, en este asunto, volver¨¢ 30 a?os atr¨¢s de un plumazo. La norma, que llega con la firma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, eliminar¨¢ el sistema actual de plazos ¡ªel aborto es un derecho de la mujer durante las primeras 14 semanas de embarazo¡ª y retomar¨¢ el anterior sistema de supuestos: el mismo que rigi¨® entre 1985 y 2010; pero, previsiblemente, con supuestos m¨¢s restringidos. Ser¨ªa, as¨ª, la ley m¨¢s dura en tres d¨¦cadas.

Varios partidos de oposici¨®n, empezando por el PSOE, y asociaciones feministas han anunciado que har¨¢n bandera del rechazo a este proyecto de ley durante los pr¨®ximos meses ¡ªcuando habr¨¢ de ser debatido en el Congreso y el Senado antes de entrar en vigor¡ª: sostienen, entre otras cosas, que las leyes restrictivas no hacen bajar el n¨²mero de abortos sino elevar el n¨²mero de abortos inseguros. En el otro extremo, asociaciones antiabortistas como el Foro de la Familia o Derecho a Vivir reclaman al PP una ley de ¡°aborto cero¡± ¡ªprohibido en todos los casos¡ª y se?alan que la ley de supuestos de 1985 acab¨® siendo un ¡°coladero¡±.

La interrupci¨®n del embarazo ya no ser¨¢ un derecho sino un delito regulado

En Espa?a se producen cada a?o cerca de 120.000 abortos; el 90%, antes de las primeras 14 semanas (el mismo porcentaje con la ley actual de plazos y con la anterior de supuestos). Estas son algunas claves de la nueva ley, de acuerdo a las pistas que ha ido deslizando el ministro de Justicia durante los dos a?os transcurridos desde que la anunci¨®:

? Un sistema de supuestos: el aborto ya no ser¨¢ un derecho. La ley que est¨¢ vigente desde 2010, la que aprob¨® el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en su segundo mandato, establece el ¡°derecho a la maternidad libremente decidida¡± con un sistema de plazos. Eso significa que, durante un plazo determinado ¡ªlas primeras 14 semanas de embarazo¡ª, la mujer decide si tiene a su hijo o aborta, y en este caso no tiene que alegar ning¨²n motivo. Entre la semana 15 y la 22 ya solo puede abortar ¡ªprevio informe m¨¦dico¡ª si existe riesgo para su salud o la del feto, y despu¨¦s de la semana 22 ¨²nicamente si el feto presenta anomal¨ªas incurables o incompatibles con la vida. Fuera de esos plazos y de esos motivos de riesgo, el aborto es delito.

Ese es el sistema que rige en la mayor parte de Europa, y que el Ejecutivo del PP va a derogar para volver a un modelo de ¡°supuestos¡±: es decir, el aborto ser¨¢ delito salvo en determinados supuestos que la ley fijar¨¢, y que tendr¨¢n que acreditarse. No habr¨¢ decisi¨®n libre de la mujer en las primeras semanas. Es el modelo que rigi¨® en Espa?a entre 1985 y 2010, con Gobiernos del PSOE y del PP.

La cuesti¨®n es saber cu¨¢les ser¨¢n los nuevos supuestos de aborto legal en la ley Gallard¨®n: si ser¨¢n los mismos que en 1985 (violaci¨®n, malformaci¨®n del feto y riesgo para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la mujer) u otros. Hasta ahora, todo ha apuntado a que habr¨¢ menos supuestos.

? La malformaci¨®n fetal: casi nadie defiende el cambio. Uno de los supuestos legales que podr¨ªa desaparecer es el de malformaci¨®n fetal. El ministro de Justicia anunci¨® su eliminaci¨®n en una entrevista en el diario La Raz¨®n, en julio de 2012, y lo ha repetido despu¨¦s varias veces. Pero ha ido cambiando la terminolog¨ªa: primero habl¨® de ¡°malformaci¨®n¡±, luego de ¡°anomal¨ªas¡± fetales y, a partir de cierto momento, ya solo de ¡°discapacidad¡±. As¨ª, el pasado mayo sugiri¨®, durante una intervenci¨®n en el Senado, que las anomal¨ªas fetales grav¨ªsimas seguir¨¢n siendo motivo legal de aborto, aunque no las ¡°discapacidades¡±. El problema es c¨®mo y qui¨¦n fijar¨¢ qu¨¦ es ¡°discapacidad¡±, un t¨¦rmino muy vago desde el punto de vista m¨¦dico. Gallard¨®n nunca lo ha aclarado. Ni la ley de 1985 ni la de 2010 recog¨ªan el concepto de ¡°discapacidad¡±: hablaban de ¡°malformaci¨®n¡±, ¡°enfermedad¡± o ¡°anomal¨ªa¡±.

El supuesto de aborto por malformaci¨®n fetal fue avalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985 ¡ªa la que el PP se remite constantemente¡ª y mantenido por el presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar durante sus ocho a?os de Gobierno. En 2010, sin embargo, el PP ya defendi¨® formalmente su eliminaci¨®n ¡ªen el recurso de inconstitucionalidad que interpuso contra la ley de plazos del Gobierno socialista¡ª, y dio el siguiente argumento: es cierto que el Constitucional aval¨® el supuesto en 1985, pero porque entonces no exist¨ªa una Ley de Dependencia; ahora existe y por tanto ¡ªsosten¨ªa el PP¡ª las personas nacidas con anomal¨ªas cong¨¦nitas y sus familias reciben ayudas y tienen m¨¢s posibilidades de llevar una vida plena.

De los 118.359 abortos que se produjeron en Espa?a en 2011 (el ¨²ltimo a?o con datos oficiales), solo el 3% ¡ªunos 3.600¡ª fueron por problemas de salud del feto; y, de estos, 356 por anomal¨ªas grav¨ªsimas o incompatibles con la vida. Cuando Gallard¨®n anunci¨® la eliminaci¨®n del supuesto hace a?o y medio, cerca de 700 ginec¨®logos y especialistas m¨¦dicos firmaron un manifiesto pidi¨¦ndole que reconsiderara su decisi¨®n. Distintas encuestas publicadas desde entonces reflejan que la medida es rechazada por la mayor¨ªa de los ciudadanos. Y tambi¨¦n dentro del PP se ha producido un fuerte debate ¡ªque llev¨® a aparcar la ley cuando parec¨ªa inminente¡ª porque un sector del partido se opon¨ªa a esa vuelta de tuerca (aunque ese sector no dijo nada cuando el PP defendi¨® la eliminaci¨®n del supuesto de malformaci¨®n, compar¨¢ndolo con el genocidio nazi, en su recurso de 2010).

Gallard¨®n siempre ha alegado que una convenci¨®n de la ONU firmada por Espa?a en 2008 le obliga a suprimir ese supuesto ¡ªpara evitar la ¡°discriminaci¨®n¡± de los discapacitados¡ª y que las asociaciones espa?olas de discapacitados lo reclaman tambi¨¦n; pero ni una cosa ni la otra son exactamente as¨ª (v¨¦ase informaci¨®n en la p¨¢gina siguiente).

? ?Habr¨¢ supuesto de ¡°da?o psicol¨®gico¡± para la mujer? Una de las grandes inc¨®gnitas es si seguir¨¢ existiendo el supuesto de aborto por ¡°riesgo para la salud ps¨ªquica de la embarazada¡±, al que se acog¨ªa la mayor¨ªa de las mujeres con la ley de 1985. Mantener ese supuesto ¡ªy sin plazo¡ª mitigar¨ªa mucho el endurecimiento de la nueva ley, porque una mujer a quien se prohibiera abortar por malformaci¨®n del feto podr¨ªa acogerse al da?o psicol¨®gico que eso le produce y abortar igualmente. En septiembre de 2012, Gallard¨®n adelant¨® dos supuestos de la futura ley: violaci¨®n y ¡°peligro cierto¡± para la ¡°salud f¨ªsica o ps¨ªquica¡± de la embarazada. En realidad, ¨¦l nunca ha dicho que vaya a desaparecer ese supuesto, aunque s¨ª ha aseverado que cualquier supuesto tendr¨¢ que ¡°acreditarse¡± de forma fehaciente. Con la ley de 1985 ya hab¨ªa que acreditarlo, y con la de 2010 tambi¨¦n (en esta se habla gen¨¦ricamente de ¡°riesgo para la salud de la madre¡±); por tanto, si el supuesto se mantiene, el cambio podr¨ªa llegar en el procedimiento de ¡°acreditaci¨®n¡±.

Est¨¢ por ver si se elimina o se limita el supuesto de malformaci¨®n fetal

? El papel de los m¨¦dicos. Si el aborto como derecho se suprime, el papel de los profesionales sanitarios es fundamental: del dictamen de m¨¦dicos y psic¨®logos depender¨¢ que una mujer pueda acogerse a los supuestos legales o no (igual que ocurr¨ªa hasta 2010). Por eso es tambi¨¦n fundamental saber c¨®mo queda ese aspecto en la nueva ley: si el dictamen del sanitario ser¨¢ o no vinculante y, sobre todo, qu¨¦ profesionales tendr¨¢n la potestad de firmarlo. Con la norma de 1985 y con la de 2010 esa potestad la han ejercido mayoritariamente los m¨¦dicos y psic¨®logos de las propias cl¨ªnicas que practican abortos. No los mismos m¨¦dicos que luego realizan la intervenci¨®n m¨¦dica, pero s¨ª profesionales de la misma cl¨ªnica (el 97% de los abortos se realiza en centros privados). Las asociaciones antiabortistas sostienen que esa relaci¨®n directa favorece que los m¨¦dicos sean m¨¢s proclives a autorizar la intervenci¨®n.

Gallard¨®n dej¨® caer el pasado abril, en una entrevista con EL PA?S, que los m¨¦dicos de las cl¨ªnicas perder¨¢n la potestad de autorizar abortos: ¡°Se debe garantizar la desvinculaci¨®n absoluta, a la hora de emitir un dictamen, de cualquier tipo de concertaci¨®n de servicio profesional¡±, dijo. En 2010, en sus enmiendas a la ley de plazos, el PP tambi¨¦n hab¨ªa pedido eso mismo: traspasar la potestad de hacer el dictamen a los especialistas de la red p¨²blica. Si eso es lo que Justicia establece finalmente en la ley, habr¨¢ que precisar el mecanismo, que no es f¨¢cil: aclarar qu¨¦ profesionales podr¨¢n autorizar los abortos y, sobre todo, si es factible que la sanidad p¨²blica asuma ese trabajo continuo de realizar los dict¨¢menes, teniendo en cuenta que el aborto es una intervenci¨®n sometida a estrictos l¨ªmites de tiempo. Ahora ya hay comit¨¦s m¨¦dicos que analizan los casos de anomal¨ªa fetal, pero esos casos son unos miles al a?o, no decenas de miles.

? Las menores, solo con permiso paterno. Desde 2010, las chicas de 16 y 17 a?os no necesitan el permiso de sus padres o tutores para interrumpir su embarazo. Solo deben informar de su decisi¨®n en casa. Y si hacerlo les supone un ¡°conflicto grave¡± ¡ªsi consideran que sus padres las van a presionar, o no tienen una verdadera red familiar, o son v¨ªctimas de malos tratos...¡ª la ley les permite no contarlo. La nueva ley eliminar¨¢ ambas posibilidades: las menores deber¨¢n tener el permiso paterno para abortar. El cambio afectar¨¢ a un n¨²mero peque?o de j¨®venes. En 2011 hubo 14.586 abortos entre menores de 20 a?os (el 12% del total), seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad. Y solo el 10% de las chicas de 16 y 17 a?os que interrumpe su embarazo lo hace sin informar a su familia, seg¨²n los estudios de las cl¨ªnicas que practican abortos.

? Sin reproche penal para la mujer. El ministro de Justicia subraya que la suya ser¨¢ la primera ley del aborto en la que no habr¨¢ ¡°reproche penal para la mujer¡±, y por tanto ¡°ninguna mujer ir¨¢ a la c¨¢rcel por abortar¡±. En realidad, ninguna mujer ha ido nunca a la c¨¢rcel por abortar, al menos que se sepa. Pero es cierto que, en teor¨ªa, s¨ª podr¨ªa haber ocurrido. La ley de 1985 preve¨ªa pena de c¨¢rcel para el m¨¦dico y para la mujer en los casos de aborto ilegal; la pena para la mujer era inferior a un a?o, y eso en la pr¨¢ctica significa que no se ingresa en prisi¨®n. La ley de 2010 mantuvo la pena de prisi¨®n para el m¨¦dico, pero sustituy¨® por multa la de la mujer; aun as¨ª, segu¨ªa habiendo un resquicio remoto: si una persona condenada a multa no la paga, el juez puede decidir enviarla a prisi¨®n. En la nueva ley no va a haber ni prisi¨®n ni multa para la mujer; por eso Gallard¨®n afirma que ser¨¢ la primera ley sin reproche penal: la mujer que aborte fuera de los l¨ªmites legales estar¨¢ cometiendo un delito, pero no ser¨¢ castigada de ninguna manera. El ministro lo justifica en que, en su opini¨®n, ¡°la mujer no es culpable del aborto, sino v¨ªctima¡±.

? El debate de la objeci¨®n. La ley de 2010 dicta que ¡°los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupci¨®n voluntaria del embarazo tendr¨¢n el derecho de ejercer la objeci¨®n de conciencia, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestaci¨®n puedan resultar menoscabados¡±. La negativa a practicar un aborto es una decisi¨®n siempre individual, que el facultativo directamente implicado en la intervenci¨®n debe manifestar por anticipado y por escrito (algo que el PP consider¨® ¡°coercitivo¡±). La ley de 2010 puso algo de luz sobre un asunto, el de la objeci¨®n de los profesionales sanitarios, que solo estaba regulada en sus c¨®digos deontol¨®gicos. Hasta entonces ¨²nicamente el art¨ªculo 30 de la Constituci¨®n hac¨ªa referencia a la objeci¨®n al servicio militar, aunque hay jurisprudencia que ampara tambi¨¦n la objeci¨®n de conciencia de los sanitarios.