La esterilizaci¨®n forzada a mujeres ind¨ªgenas canadienses: un asunto muy reciente
Esta pr¨¢ctica termin¨® oficialmente en 1973, pero investigaciones y testimonios indican casos posteriores. Una senadora pide poner en marcha un estudio para conocer su verdadero alcance a nivel nacional
Las esterilizaciones forzadas a mujeres ind¨ªgenas en Canad¨¢ cesaron oficialmente en los a?os setenta, sin embargo, investigaciones y testimonios indican que estos procedimientos se siguieron practicando d¨¦cadas despu¨¦s y se teme que todav¨ªa se den casos. La senadora Yvonne Boyer ha pedido a sus pares legislativos que se lleve a cabo un estudio para conocer el alcance real de esta pr¨¢ctica a nivel nacional. ¡°Me han contactado muchas mujeres de todo el pa¨ªs pidiendo ayuda¡±, declar¨® el pasado 11 de noviembre a The Canadian Press. Boyer mencion¨® la tragedia de Liz, obligada a abortar y a someterse a una ligadura de trompas en un hospital de Ontario a los 17 a?os.
En el terreno legal, solo dos provincias canadienses permitieron esta pr¨¢ctica, que se ceb¨® especialmente con las mujeres de los grupos aut¨®ctonos. La ley en Alberta estuvo vigente de 1929 a 1972 y la de Columbia Brit¨¢nica de 1933 a 1973, con 2.800 y 400 esterilizaciones respectivamente. No obstante, existen registros de esos a?os sobre este procedimiento en otras provincias y territorios.
La creencia extendida es que estas esterilizaciones hab¨ªan acabado en los setenta, hasta que el diario StarPhoenix y la cadena CBC presentaron una serie de reportajes en 2015 con testimonios de algunas mujeres sometidas a este m¨¦todo, entre 2008 y 2012, en hospitales de Saskatoon (provincia de Saskatchewan). A ra¨ªz de los se?alamientos medi¨¢ticos, las autoridades sanitarias de esa ciudad encargaron una investigaci¨®n independiente a dos expertas de ascendencia ind¨ªgena: Judith Bartlett, profesora de medicina en la Universidad de Manitoba, e Yvonne Boyer, abogada especializada en derechos humanos.
La st¨¦rilisation forc¨¦e des femmes autochtones est une grave violation des droits humains. Le gouvernement doit agir imm¨¦diatement pour mettre fin ¨¤ cette pratique d¨¦shumanisante et n¨¦faste, et r¨¦parer les torts aupr¨¨s des victimes et de leurs familles. https://t.co/PzpO3E9Qpb
— Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) November 12, 2018
Bartlett y Boyer presentaron su informe en julio de 2017. A pesar del clima de miedo y desconfianza, lograron hablar con siete mujeres que fueron forzadas a la esterilizaci¨®n en Saskatoon. Casi todos los casos ocurrieron entre 2005 y 2010. ¡°Me insistieron en que el procedimiento era para no superar el tama?o ¨®ptimo de una familia¡±, ¡°el m¨¦dico me indic¨® que era el ¨²nico m¨¦todo para no quedar otra vez embarazada¡±, ¡°me hablaron con t¨¦rminos t¨¦cnicos que no comprend¨ª y me sent¨ª forzada a firmar la autorizaci¨®n¡±, son algunos de los testimonios que aparecen en el documento. Las expertas concluyeron que las mujeres fueron v¨ªctimas de discriminaci¨®n y prejuicios, dentro de un sistema que refleja la herencia del colonialismo y que provoca recelos en el momento de solicitar otros apoyos sanitarios.
El d¨ªa en que se hizo p¨²blico el informe, Jackie Mann, vicepresidenta de los servicios de salud de Saskatoon, present¨® disculpas oficiales en una conferencia de prensa. ¡°Siento profundamente que estas mujeres hayan sufrido la ligadura de trompas sin su consentimiento, que no hayan sido tratadas con el respeto y la compasi¨®n que se merec¨ªan y que no hayan obtenido la ayuda que requer¨ªan. Ninguna mujer merece ser tratada de esta forma¡±, expres¨® entre sollozos.
Poco tiempo despu¨¦s, Yvonne Boyer comenz¨® a recibir mensajes de otras mujeres ind¨ªgenas, tanto de Saskatoon como de otras provincias, afirmando que hab¨ªan vivido las mismas experiencias. Liz fue una de ellas. Boyer se convirti¨® en senadora en marzo de 2018 y espera que su petici¨®n cuente con el respaldo de la c¨¢mara alta canadiense. Jagmeet Singh, l¨ªder del Nuevo Partido Democr¨¢tico, escribi¨® en Twitter el 12 de noviembre que la esterilizaci¨®n de mujeres aut¨®ctonas constituye una grave violaci¨®n a los derechos humanos y pidi¨® al Gobierno de Justin Trudeau que ponga fin a este procedimiento en todo el pa¨ªs. Cabe se?alar que, de acuerdo al Estatuto de Roma, esta pr¨¢ctica es un crimen de lesa humanidad. La Asociaci¨®n de Mujeres Ind¨ªgenas y Amnist¨ªa Internacional Canad¨¢ manifestaron tambi¨¦n sus cr¨ªticas.
Como respuesta, la ministra de servicios ind¨ªgenas, Jane Philpott, declar¨® que la esterilizaci¨®n forzada de las mujeres ind¨ªgenas representa una violaci¨®n muy grave a los derechos humanos. ¡°Sabemos que los pacientes de estos grupos pueden enfrentar barreras sist¨¦micas para acceder a los servicios m¨¦dicos, incluidos el racismo y la discriminaci¨®n. Todos tenemos un papel que desempe?ar para garantizar que los pueblos aut¨®ctonos reciban atenci¨®n de calidad y sin prejuicios¡±, se?al¨®.
El m¨¦dico exclam¨® tras haberle realizado el procedimiento de ligadura de trompas: 'Cortadas, atadas y quemadas. Listo. Ya nada pasar¨¢ por ah¨ª¡±
William Olscamp, portavoz de este ministerio, comenta que tienen la determinaci¨®n de trabajar con todos los sectores con el fin de mejorar las normas de servicios de salud para los pueblos ind¨ªgenas. Sin embargo, precisa los distintos niveles de competencias: ¡°En Canad¨¢, toda medida sanitaria debe ser tomada en consenso, ya que los servicios son ofrecidos principalmente por las provincias y territorios, a excepci¨®n de las reservas. Dado que solo los m¨¦dicos en ejercicio pueden exigir que se practique una intervenci¨®n como la ligadura de trompas, tambi¨¦n se debe consultar a los grupos que regulan esta profesi¨®n. A su vez, las pol¨ªticas de consentimiento se administran a nivel local en los hospitales. Es por ello que las gerencias de los hospitales y sus supervisores tambi¨¦n deben contribuir para prevenir esta pr¨¢ctica¡±.
En octubre de 2017, dos mujeres presentaron una demanda contra el Gobierno de Saskatchewan, las autoridades de salud regional, algunos m¨¦dicos y el Gobierno federal. Argumentan que sufrieron esterilizaci¨®n forzada y piden una indemnizaci¨®n de siete millones de d¨®lares canadienses (unos 4,7 millones de euros) para cada una. De acuerdo a la demanda, el procedimiento m¨¦dico tuvo un impacto considerable en su salud f¨ªsica, mental y emocional, adem¨¢s de que les quit¨® la posibilidad de procrear m¨¢s hijos y afect¨® a sus relaciones de pareja.
La demanda incluye detalles sobre estas experiencias. ¡°En 2001, la afectada dio a luz por parto natural y fue llevada al quir¨®fano poco tiempo despu¨¦s para ser esterilizada. Ella protest¨®, pero nadie le hizo caso. No recuerda haber firmado la autorizaci¨®n. El m¨¦dico exclam¨® tras haberle realizado el procedimiento de ligadura de trompas: 'Cortadas, atadas y quemadas. Listo. Ya nada pasar¨¢ por ah¨ª¡±, se?ala el documento. Otra descripci¨®n, sobre un caso ocurrido en 2008: ¡°Los profesionales de la salud le plantearon el procedimiento cuando se encontraba en situaci¨®n de vulnerabilidad. Le pidieron su aprobaci¨®n por escrito momentos antes de que se le realizara una cirug¨ªa de emergencia, mientras se le administraban opi¨¢ceos y bajo un dolor asociado con el trabajo de parto activo¡±.
Alisa Lombard pertenece a Maurice Law, despacho que se encarg¨® de elaborar la demanda. Es la primera firma de abogados en Canad¨¢ fundada por miembros de pueblos ind¨ªgenas. ¡°Hasta el momento nos han contactado unas 70 mujeres. La mayor¨ªa son originarias de la provincia de Saskatchewan, pero tambi¨¦n de Columbia Brit¨¢nica, Manitoba, Alberta y Ontario. El caso m¨¢s reciente habr¨ªa ocurrido en 2017¡±, afirma. La demanda aun no ha sido admitida como recurso colectivo. ¡°Tenemos que esperar la decisi¨®n del juez, ya que debe estudiar muchos elementos. Tambi¨¦n est¨¢ la posibilidad de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales¡±, a?ade. En los pr¨®ximos d¨ªas, Lombard estar¨¢ en Ginebra para exponer estas esterilizaciones ante un comit¨¦ de las Naciones Unidas. Hablar¨¢ sobre una deplorable pr¨¢ctica que se cre¨ªa erradicada en Canad¨¢ desde hace varias d¨¦cadas.
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