El Supremo obliga al Gobierno valenciano a derribar dos rascacielos

Dos torres de apartamentos localizadas en el paraje de Punta Llisera, en Benidorm (Alicante), ¡ªde 22 plantas cada una, 168 apartamentos en total¡ª tendr¨¢n que ser demolidas. El Tribunal Supremo no ha admitido los recursos de casaci¨®n presentados por la Generalitat valenciana y la promotora contra la decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que ordenaba la ejecuci¨®n de una sentencia de julio de 2012 que anul¨® los permisos a los edificios, ya construidos, tras declarar ilegal su autorizaci¨®n. El presidente valenciano, Ximo Puig, comunic¨® este jueves la decisi¨®n judicial durante la sesi¨®n de control semanal del Parlamento valenciano. Puig puso este caso de ejemplo de los desprop¨®sitos y actuaciones irracionales permitidos por los anteriores Gobiernos del PP, apuntando a la portavoz del principal partido de la oposici¨®n, Isabel Bonig.

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El fallo obliga a la Generalitat ¡ªque fue quien autoriz¨® en 2005, bajo mandato del PP, la construcci¨®n de esta promoci¨®n de rascacielos¡ª a indemnizar a los propietarios de estos apartamentos de lujo con vistas a la bah¨ªa de Benidorm por un importe estimado de 100 millones de euros. La Consejer¨ªa de Hacienda anunci¨® que se ver¨¢ obligada a hacer una modificaci¨®n de cr¨¦dito presupuestaria en 2019 para hacer frente a este gasto extraordinario. Es decir, la Generalitat da en estos momentos por agotada la v¨ªa judicial.

Los dos inmuebles est¨¢n construidos en primera l¨ªnea de costa y las viviendas de lujo est¨¢n en su mayor¨ªa habitadas desde hace a?os. Cuando fueron adquiridas por sus propietarios, el precio de mercado oscilaba entre los 400.000 y los 700.000 euros. El problema radica en que las torres se encuentran fuera de ordenaci¨®n desde que en 2012 el Supremo anul¨® la licencia concedida, por no ajustarse a la ley de costas.

El alto tribunal determin¨® hace seis a?os que, cuando el Gobierno valenciano autoriz¨® a la mercantil Edificaciones Calpe, siete a?os antes, la construcci¨®n de ambos edificios, ¡°ya se hab¨ªa aprobado el deslinde del dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre¡±, por lo que la parcela quedaba afectada por la servidumbre de tr¨¢nsito y protecci¨®n, que en suelo urbano es de 20 metros. En ese tramo se proh¨ªben las edificaciones destinadas a residencia o habitaci¨®n, seg¨²n refleja la norma de costas.

El auto ordenaba adem¨¢s a la Generalitat a consignar en el presupuesto el importe de la demolici¨®n y de las indemnizaciones a los propietarios de la promoci¨®n Gemelos 28, como se conoce a las torres. Los due?os de los apartamentos percibir¨¢n un 20% m¨¢s del precio que les cost¨® la adquisici¨®n de los pisos, locales y garajes.

Pese a todo, la opci¨®n de tirar ambos inmuebles no tom¨® cuerpo hasta el 6 de noviembre de 2017, seg¨²n fuentes de la Concejal¨ªa de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm. Fue entonces cuando el Tribunal Superior valenciano estableci¨® que los edificios deb¨ªan de ser demolidos para restaurar la legalidad. ¡°Hasta ese momento, no se hab¨ªa contemplado la opci¨®n de derruir los rascacielos¡±, aseguran estas fuentes.

Sin embargo, ya en 2012, las formaciones de Esquerra Unida y Comprom¨ªs reclamaron el derribo de los inmuebles y la restituci¨®n de la legalidad urban¨ªstica, aunque en la v¨ªa judicial no se hab¨ªa planteado.

Contra el ¨²ltimo pronunciamiento del Supremo no cabe recurso ordinario, aunque seg¨²n apuntan desde el Ayuntamiento de Benidorm ¡°posiblemente al promotor a¨²n le quede la v¨ªa de recurrir al Tribunal de Estrasburgo¡±. En su d¨ªa, la empresa Edificaciones Calpe ya puso sus servicios jur¨ªdicos a disposici¨®n de los propietarios afectados.

Y es que el auto de ejecuci¨®n definitiva de la sentencia ordena a la Generalitat presentar en el plazo de tres meses el proyecto de demolici¨®n de las torres, as¨ª como la previsi¨®n presupuestaria de lo que costar¨ªa. La concejal de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, apunt¨® este jueves que el coste de la demolici¨®n superar¨¢ los 100 millones estimados en un principio, porque los edificios ¡°est¨¢n muy cerca del mar y para evitar vertidos y da?os al medioambiente tendr¨¢n que derribar piso por piso, y eso lo encarecer¨¢ m¨¢s¡±. Los edificios se encuentran cerca de una zona de alto valor medioambiental como es la Serra Gelada.

Los vecinos que residen en los rascacielos se han mostrado ¡°extra?ados y perplejos¡± ante los acontecimientos. Jos¨¦ Mar¨ªa P¨¦rez-Hickman es uno de ellos y calific¨® de ¡°barbaridad¡± que el Consell se gaste m¨¢s de 100 millones ¡°para que despu¨¦s se puedan volver a levantar cuatro metros m¨¢s atr¨¢s¡±. En su opini¨®n, lo que est¨¢ ocurriendo ¡°no tiene ning¨²n fundamento¡±. Y confiaba en que ¡°la demolici¨®n no llegue a ser una realidad¡±.

Este propietario precisaba, adem¨¢s, que, hasta el momento, nadie se hab¨ªa puesto en contacto con ellos desde la Administraci¨®n auton¨®mica para hablarles de las indemnizaciones que tendr¨ªan que percibir.

Modificar deslindes

De igual modo, consideraba que ¡°lo normal¡± es que alguien ¡°haga de mediador¡± con la Direcci¨®n General de Costas y ¡°que se modifiquen los deslindes, que se retrasen un poco o que se permuten por otros¡±. ¡°Lo que hay ahora es rid¨ªculo, un sinsentido¡±, sosten¨ªa.

Los departamentos auton¨®micos de Vivienda y Hacienda deber¨¢n ahora iniciar los c¨¢lculos para determinar el precio de la adquisici¨®n de los apartamentos, garajes y otros inmuebles comerciales de las torres para conocer el coste de este fiasco urban¨ªstico para las arcas de la Generalitat valenciana, que gobiernan los socialistas y Comprom¨ªs, con el apoyo de Podem.

No se podr¨¢ determinar con m¨¢s fiabilidad hasta que se apruebe el proyecto de derribo y se establezca por la v¨ªa administrativa el importe exacto de las indemnizaciones a las que tendr¨ªan derecho los propietarios afectados. De cualquier modo, este caso, que se arrastra desde hace a?os, puede demorarse todav¨ªa m¨¢s.