La ley de protecci¨®n de la infancia instaurar¨¢ en los colegios protocolos frente a la violencia

El anteproyecto de Ley Org¨¢nica para la Protecci¨®n Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia establece el deber de comunicar cualquier indicio de delito contra los menores, seg¨²n ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Mar¨ªa Luisa Carcedo. Se garantizar¨¢ tambi¨¦n la confidencialidad y el anonimato de quien denuncie. Est¨¢ previsto que el anteproyecto sea aprobado el pr¨®ximo 28 de diciembre en Consejo de Ministros. La norma implicar¨¢ el dise?o de protocolos frente a la violencia que ser¨¢n de obligado cumplimiento en los centros educativos, as¨ª como el nombramiento de un responsable de bienestar y protecci¨®n, cuya actividad ser¨¢ supervisada por las comunidades.

Este coordinador ser¨¢ el responsable de velar por el cumplimiento de los protocolos, que servir¨¢n tanto para prevenir estas situaciones como la forma de reaccionar ante estos casos, no solo limitados al acoso escolar, sino a todas las formas de violencia contra los ni?os. Fuentes conocedoras del anteproyecto explican esta persona ser¨¢ la responsable de escuchar a los ni?os, de impulsar la formaci¨®n del profesorado en esta materia, etc. En definitiva, de hacer que se cumpla la ley. Actualmente los protocolos de actuaci¨®n se centran b¨¢sicamente en el?bullying y no todas las comunidades obligan a los centros a aplicarlos, seg¨²n estas fuentes. Ser¨¢n las autonom¨ªas las responsables de elaborar estos protocolos, una vez aprobado el texto.?La normativa tambi¨¦n contempla el desarrollo de ¡°protocolos y otras medidas en el ¨¢mbito de los servicios sociales o en el deportivo¡±, seg¨²n la nota difundida por el ministerio.?

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Carcedo, que ha realizado el anuncio en un desayuno informativo organizado por Nueva Econom¨ªa F¨®rum en Madrid, ha destacado adem¨¢s que la ley considerar¨¢ a los funcionarios de los servicios sociales como autoridad p¨²blica en situaciones de emergencia. Es decir, que los trabajadores sociales que trabajan en los Ayuntamientos podr¨¢n tomar decisiones que hasta ahora no pod¨ªan tomar, como por ejemplo, llevar al ni?o a la polic¨ªa o al m¨¦dico sin consentimiento de sus padres, en caso de que sospeche que ellos pueden ser los responsables de violencia ejercida contra el menor. Adem¨¢s, el car¨¢cter de autoridad p¨²blica har¨¢ que, en caso de agresi¨®n contra estos empleados, las penas a las que se enfrenten los responsables sean mayores.?

"[La violencia contra la infancia] es una cuesti¨®n que tenemos que aflorar de una vez" y esperamos poder aprobar [la normativa] con la m¨¢xima urgencia posible", ha se?alado Carcedo. El anteproyecto se ha elaborado conjuntamente con el Ministerio de Justicia. La norma ¡°establece medidas de sensibilizaci¨®n, pero tambi¨¦n medidas preventivas, de detecci¨®n y, por supuesto, de intervenci¨®n¡±, seg¨²n la nota difundida.

La aprobaci¨®n de la ley ha sido uno de los grandes compromisos asumidos por Pedro S¨¢nchez desde que lleg¨® al poder. El pasado octubre, durante?la visita de la vicepresidenta Carmen Calvo al Vaticano, y con el tel¨®n de fondo de los abusos a menores en la Iglesia, el Gobierno anunci¨® que presentar¨ªa un cambio en el C¨®digo Penal para que los delitos estos sexuales sean imprescriptibles, una de las grandes reivindicaciones de las v¨ªctimas. De esta forma, se equiparar¨ªa la pederastia a los asesinatos terroristas, el genocidio y delitos de lesa humanidad, los ¨²nicos que no prescriben.

Actualmente, el tiempo de prescripci¨®n de los delitos sexuales comienza a contar en el momento en que la v¨ªctima cumple 18 a?os. Seg¨²n la gravedad del caso, la caducidad alcanza entre los cinco y los 15 a?os, es decir, que como m¨¢ximo el delito queda cancelado cuando el abusado cumple los 33 a?os. Pero la mayor¨ªa de las v¨ªctimas tardan m¨¢s en procesar las agresiones que han sufrido y en contarlas, de tal manera que en muchas ocasiones los culpables se libran de una condena.

Este verano, el pianista James Rhodes se convirti¨® en la cara visible de una campa?a liderada por las organizaciones de infancia para reclamar al Gobierno avances en la aprobaci¨®n de esta ley. Carmela del Moral, analista jur¨ªdica de derechos de infancia de Save the Children, valora el anuncio de este martes, aunque se muestra expectante respecto al contenido de la ley. "Va en la l¨ªnea de lo que ped¨ªamos desde la sociedad civil", afirma. Reclama al Ejecutivo que "el anteproyecto sea declarado de urgencia para que pueda llegar al Congreso en febrero" y "unanimidad" a los partidos pol¨ªticos de la oposici¨®n, "para que se tramite" en las Cortes tambi¨¦n de forma urgente. "Hay que hacer de la protecci¨®n a la infancia algo estructural y global", apunta.??

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunci¨® a mediados de octubre que la normativa ser¨ªa aprobada en Consejo de Ministros antes de que acabara el a?o. Si finalmente se cumplen los plazos previstos, el texto llegar¨¢ al Congreso de los Diputados en los primeros meses de 2019 para comenzar su tr¨¢mite parlamentario.