El Gobierno propone endurecer el cumplimiento de la pena para los condenados por delitos sexuales

Los condenados por abusos y agresiones sexuales tendr¨¢n que cumplir la mitad de la pena para poder acceder a los "beneficios penitenciarios, a los permisos de licencia, a la clasificaci¨®n en tercer grado y al c¨®mputo del tiempo para la libertad condicional hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena impuesta". Esa es la ¨²ltima propuesta del Gobierno ¡ªverbalizada por Dolores Delgado, ministra de Justicia¡ª para el proyecto de modificaci¨®n de los delitos sexuales, que se puso en marcha el 24 de mayo de 2018 tras hacerse p¨²blica la sentencia a La Manada y despu¨¦s de que una ola de protestas sociales, pol¨ªticas y del ¨¢mbito jur¨ªdico llevase al Ejecutivo de Mariano Rajoy a reactivar al grupo de expertos de la secci¨®n Penal de la Comisi¨®n de Codificaci¨®n, encargado de la revisi¨®n del C¨®digo Penal.

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Ahora, esos beneficios a los que alude la ministra, y que quiere incluir en el C¨®digo Penal, est¨¢n regulados por la ley penitenciaria. Son actualmente retirados o concedidos por la Junta de Tratamiento, un ¨®rgano que existe dentro de las c¨¢rceles y que revisa el grado de cada penado ¡ªcada seis meses para el tercer y segundo grado y cada tres para el primero¡ª. Para poder solicitar un permiso de unos d¨ªas fuera del centro, el requisito m¨ªnimo es haber cumplido al menos la cuarta parte de la condena. Y ese endurecimiento que plantea Justicia existe ya en el CP para acceder al tercer grado en delitos de terrorismo, organizaci¨®n criminal, y abusos, agresiones, prostituci¨®n, explotaci¨®n sexual y corrupci¨®n de menores, y cuando la pena sea superior a cinco a?os. Con la propuesta de Delgado, se ampliar¨ªa a todos los condenados por delitos sexuales..

Seg¨²n fuentes de la comisi¨®n, este endurecimiento legislativo se aleja de la l¨ªnea marcada por el grupo de expertos ¡ªintegrado por una mayor¨ªa de mujeres, tambi¨¦n tras una fuerte protesta cuando se supo que no hab¨ªa ninguna entre sus integrantes¡ª, que entreg¨® en diciembre al Ejecutivo de S¨¢nchez un borrador con sus propuestas y que no se?alaba en esa direcci¨®n. Eso s¨ª, seg¨²n argumentan fuentes de Justicia, ese era solo el punto de partida y el Gobierno puede modificarlas, ampliarlas, reducirlas o incluir nuevas. As¨ª que, en ese contexto, se enmarca la medida anunciada esta semana, que se incluye en el anteproyecto de Ley que maneja el Ministerio y que ya se ha topado con las cr¨ªticas de diferentes juristas que ha consultado EL PA?S: "No todo se resuelve endureciendo el castigo".

De hecho, en la comisi¨®n ya se debati¨® internamente sobre esta propuesta, que es calificada ahora como "discutible" por distintos penalistas. Apuntan que endurecer el cumplimiento de la pena no soluciona el problema de fondo, y ven "peligroso" que se intente avanzar en la lucha contra la violencia sexual con una deriva hacia m¨¢s medidas penales y m¨¢s duras. "No se trata de tener m¨¢s a?os de c¨¢rcel, sino penas m¨¢s eficaces que ampl¨ªen el horizonte del condenado y que haya un tratamiento dentro de la prisi¨®n. Los beneficios penitenciarios no son un regalo, son elementos imprescindibles de ese tratamiento", expone Mar¨ªa Acale, catedr¨¢tica penal de la Universidad de C¨¢diz.

En la misma l¨ªnea se pronuncia Manuel Cancio, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma de Madrid y miembro de la comisi¨®n de expertos: "Esta idea est¨¢ mal concebida desde la ra¨ªz. No tiene sentido establecer esta medida, que atiende al tipo de delito y no al tipo de delincuente, sin tener en cuenta sus circunstancias concretas". El docente cree que debe tratarse de forma personalizada cada caso y no restringir de forma gen¨¦rica el acceso a esos beneficios. Es m¨¢s, el profesor recuerda que el art¨ªculo 25 de la Constituci¨®n establece que "las penas privativas de libertad estar¨¢n orientadas hacia la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social".

"Y, en materia de delitos sexuales, hay diferencias notables entre aquellos sujetos que se dan cuenta de que se han equivocado ¡ªun grupo donde la reincidencia es baja, del 10%¡ª y aquellos que tienen unas pautas dif¨ªciles de cambiar y son dif¨ªcilmente reinsertables", apostilla Cancio. Acale y Teresa Rodr¨ªguez, catedr¨¢tica de Derecho Penal en la Universidad de Alcal¨¢ de Henares, tambi¨¦n arguyen que la iniciativa de Justicia difiere del objetivo de reinserci¨®n social. "Todo esto no es m¨¢s que una medida f¨¢cil para contentar a la opini¨®n p¨²blica", apunta Rodr¨ªguez. Lo dif¨ªcil, a?aden, es invertir en las c¨¢rceles y "poner de verdad en marcha los programas de tratamiento penitenciario". "Y eso es lo que no quieren hacer", concluye Acale.

Datos de reincidencia

Adem¨¢s, para Rodr¨ªguez, esta medida, como cualquier otra que suponga hacer m¨¢s r¨ªgidos los reg¨ªmenes penitenciarios, deber¨ªa tener primero buenas razones materiales: "Un estudio s¨®lido que refrende la necesidad de restringir las garant¨ªas y libertades de los penados, que tambi¨¦n tienen derechos. Por ejemplo, si hubiese un ¨ªndice alto de reincidencia de estos agresores cuando obtienen permisos o cuando son puestos en libertad".

Un dato que, seg¨²n explica Instituciones Penitenciarias, no existe como tal ni se recoge de forma anual. Para estudiar la reincidencia hace falta una proyecci¨®n a largo plazo y solo se analiza una vez que hay libertad definitiva: "El ¨²ltimo dato que tenemos es de un estudio que se hizo a finales de 2017 y recoge la reincidencia de los condenados que hab¨ªan participado en los programas voluntarios de tratamiento de agresores sexuales entre 2005 y 2008. Es de un 2,6%". En 2017, estos cursos se impartieron en 35 centros y los siguieron 390 de los 3.256 internos por delitos sexuales que hubo aquel a?o. Una cifra que tiene una tendencia creciente en los ¨²ltimos cinco a?os: 3.135 en 2014, 3.104 en 2015, 3.198 en 2016, 3.256 en 2017, 3.285 en 2018 y 3.319 en febrero de este a?o, el ¨²ltimo dato oficial.

En definitiva, sin una base que justifique la propuesta, a Rodr¨ªguez le parece una "huida hacia el sistema penal". "Y esa no es la soluci¨®n. Hay que hacer cambios profundos. As¨ª, nos estamos cargando las garant¨ªas", dice. Acale coincide: "Es una disposici¨®n bastante criticable, pero es coherente en el conjunto del C¨®digo Penal espa?ol, que desde 2003 se ha ido modificando con reformas que no hacen sino embrutecer la respuesta penal". "No tiene ning¨²n sentido. Es una medida de campa?a electoral", concluye Cancio.

Otras propuestas del Gobierno para reformar el C¨®digo Penal

Junto a esa medida expuesta el lunes durante una reuni¨®n de la Red Europea de los Derechos de las V¨ªctimas, integrada por una veintena de pa¨ªses, la ministra Delgado se reafirm¨® en su idea de hacer desaparecer las penas de multa en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y que haya penas de prisi¨®n para todos, como ya cont¨® el pasado enero. Entonces, tambi¨¦n incluy¨® entre las propuestas suprimir el delito de abuso sexual, para que todos sean delitos de agresi¨®n sexual al no existir consentimiento de la v¨ªctima; recuperar el delito de violaci¨®n en los casos en los que exista penetraci¨®n sin consentimiento de la v¨ªctima; e incluir el agravante de g¨¦nero para aquellos delitos que se cometan dentro de la pareja o expareja, o cuando tanto agresor como v¨ªctima hayan mantenido alg¨²n tipo de relaci¨®n.

Delgado, que durante el encuentro destac¨® la labor de las Oficinas de Atenci¨®n a las V¨ªctimas ¡ªcon dos d¨¦cadas de recorrido y atenci¨®n integral a v¨ªctimas¡ª, hizo alusi¨®n a la mayor vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia sexual, machista y sus hijas e hijos; y record¨® que la reforma de los delitos sexuales en el C¨®digo Penal es una "prioridad", ya que urge adaptar la legislaci¨®n espa?ola al Convenio de Estambul, el acuerdo marco europeo contra la violencia de g¨¦nero, ratificado por Espa?a en 2014. Ahora, habr¨¢ que esperar a la conformaci¨®n del nuevo Ejecutivo tras las elecciones del 28 de abril.