La falta de depuraci¨®n del agua le ha costado ya a Espa?a 22 millones

La primera condena que obliga a Espa?a a pagar una multa a la Comisi¨®n Europea por el incumplimiento de una norma medioambiental le ha costado ya a las arcas p¨²blicas del pa¨ªs 22,355 millones de euros. Es el saldo de la sentencia que dict¨® hace casi un a?o el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea por no cumplir correctamente con la directiva comunitaria que obliga a todas las aglomeraciones de m¨¢s de 15.000 habitantes a depurar correctamente sus aguas residuales. La factura seguir¨¢ creciendo, al menos, hasta 2023, porque a¨²n hay n¨²cleos de poblaci¨®n que las vierten sin tratar correctamente al mar o los r¨ªos.

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Espa?a fue condenada el 25 de julio del pasado a?o por no aplicar completamente una directiva (de 1991) de depuraci¨®n de aguas urbanas. Esa norma se deb¨ªa haber cumplido en el caso de los n¨²cleos de m¨¢s de 15.000 habitantes antes de 2001, b¨¢sicamente, con la construcci¨®n de estaciones de depuraci¨®n y colectores. Pero, tras un sinf¨ªn de avisos, emplazamientos de Bruselas e incluso otra sentencia, hace un a?o Espa?a fue condenada por los incumplimientos en 17 de esas aglomeraciones.

Por un lado, la sentencia impon¨ªa una sanci¨®n de 12 millones de euros por los 17 casos que deb¨ªan haber quedado resueltos en 2013, seg¨²n el ultim¨¢tum que Bruselas dio en su momento. Por otro lado, el fallo impon¨ªa otra sanci¨®n semestral de 10,95 millones mientras persistan los incumplimientos. En el momento de dictarse el fallo hace un a?o, todav¨ªa hab¨ªa nueve aglomeraciones que segu¨ªan sin depurar correctamente sus aguas urbanas. Esas nueve, en las que habitan 379.000 personas, son: Matalasca?as (Huelva), Alhaur¨ªn el Grande (M¨¢laga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (C¨¢diz), Co¨ªn (M¨¢laga), Nerja (M¨¢laga), Barbate (C¨¢diz), Gij¨®n Este y Valle de G¨¹¨ªmar (Santa Cruz de Tenerife).

Un a?o despu¨¦s de aquel fallo, la Comisi¨®n Europea solo ha certificado que en uno de los casos, Tarifa, ya se depura correctamente ¡ªtras empezar a funcionar la nueva estaci¨®n¡ª. Esto ha hecho que el primer pago de la multa semestral se reduzca, pero solo en 595.000 euros, ya que el criterio que se emplea es el de la poblaci¨®n afectada y en el caso de la depuradora de Tarifa solo da servicio a 20.500 personas, se?alan fuentes de la Comisi¨®n Europea. Por lo tanto, la sentencia ya le ha costado a Espa?a m¨¢s de 22 millones. Y la previsi¨®n ¡ªseg¨²n ha reconocido el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica¡ª es que esa factura siga creciendo semestre a semestre hasta el 2023. Porque no ser¨¢ hasta 2022 cuando la ¨²ltima de las depuradoras en liza, la de Barbate, empiece a funcionar. Eso, si se cumplen los planes del Ejecutivo para unas depuradoras que arrastran a?os de retrasos y de litigios.

¡°Esperamos que Espa?a cumpla lo antes posible por el bien del medio ambiente pero, tambi¨¦n, para que el Estado pueda dedicar esos recursos a otras cosas m¨¢s importantes¡±, se?alan fuentes de la Comisi¨®n Europea. ¡°Cuanto antes se cumplan, mucho mejor¡±, a?aden desde Bruselas. Esas mismas fuentes explican que el dinero que Espa?a est¨¢ abonando ya a trav¨¦s de transferencias bancarias va a parar al presupuesto comunitario.

Aunque Espa?a acumula decenas de requerimientos, expedientes e incluso condenas del Tribunal de Justicia de la UE es realmente complicado que se llegue hasta el extremo de pagar multas por el incumplimiento de una directiva, como ha ocurrido en este caso. Porque el proceso establecido por la Comisi¨®n Europea ofrece infinidad de plazos, pr¨®rrogas y salidas a los Estados para evitar las multas.

De hecho, desde 2012 solo tres procedimientos de infracci¨®n contra Espa?a han acabado en una sentencia sancionadora, sin incluir el del tratamiento de las aguas urbanas. En total, esos tres fallos han supuesto un montante de 56,9 millones.

Dos de esas condenas ¡ªpor valor de 53,9 millones¡ª fueron por ayudas p¨²blicas prohibidas que hab¨ªa concedido el Pa¨ªs Vasco. Y el Estado se las ha repercutido a la Administraci¨®n vasca, seg¨²n la informaci¨®n que el Gobierno al Congreso a finales de 2018.

En el caso de las depuradoras, cuya construcci¨®n es una competencia municipal y auton¨®mica, el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica tiene intenci¨®n tambi¨¦n de repercutir parte de la multa a las comunidades aut¨®nomas afectadas. La construcci¨®n de alguna de las plantas las han asumido las Administraciones regionales; otras han sido declaradas de inter¨¦s general y dependen del Estado.

Fuentes del Ministerio para a Transici¨®n Ecol¨®gica explican que en estos momentos se est¨¢ tramitando un ¡°procedimiento de determinaci¨®n y repercusi¨®n de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Uni¨®n Europea¡±, que es como se conoce el instrumento para pasarle parte de la factura a las autonom¨ªas afectadas. Ese procedimiento concluir¨¢ con un acuerdo del Consejo de Ministros que se debe aprobar en los pr¨®ximos tres meses, seg¨²n las mismas fuentes.

Espa?a tiene abiertos otros cuatro expedientes m¨¢s por falta de depuraci¨®n de las aguas. En total, hay un millar de peque?as localidades, pedan¨ªas y urbanizaciones que a¨²n vierten sus aguas residuales directamente al mar y a los r¨ªos sin tratar o que las tratan insuficientemente. Estos expedientes siguen su curso y podr¨ªan tambi¨¦n acabar en sanciones, advierten desde la Comisi¨®n Europea.