Uno de cada tres hu¨¦rfanos por violencia machista no recibe la pensi¨®n del Gobierno
Por comunidades, cuatro de las 17 tienen ayudas propias y solo Castilla-La Mancha e islas Baleares han puesto en marcha un sistema activo de b¨²squeda y apoyo a los menores y sus familias
Los dos hijos de Sandra vieron c¨®mo su padre, Jos¨¦ Luis Abet Lafuente, las asesinaba a ella, a su t¨ªa y a su abuela. Fue en Pontevedra, el pasado 16 de septiembre. Un d¨ªa despu¨¦s, en un portal del barrio de Quintana, en Madrid, las hijas de Adaliz Villagra presenciaron la muerte de su madre a manos de su novio. Esas ni?as y ni?os son solo cuatro de los 33 hu¨¦rfanos que la violencia machista ha dejado en lo que va de a?o, 264 desde que existe un registro oficial, en 2013. Y, probablemente, ser¨¢n algunos de los nombres que tenga que incluir el Gobierno en los tr¨¢mites para la nueva pensi¨®n de orfandad que se aprob¨® el pasado marzo en el Congreso ¡ªuna modificaci¨®n que aumentaba la cuant¨ªa, de los 140 euros anteriores a un m¨ªnimo de 600 euros¡ª. Ahora, solo uno de cada tres hu¨¦rfanos cobra la pensi¨®n: 80 menores no tienen ayuda del Estado. De la treintena de menores que se han quedado hu¨¦rfanos en 2019, la mitad tienen la ayuda.
Seg¨²n los datos de 2019 del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de los 264 hu¨¦rfanos por violencia machista que el Gobierno contabiliza de forma oficial, ellos tienen constancia de 184, que son a quienes ingresa alguna cuant¨ªa. No dan una explicaci¨®n concreta de por qu¨¦ un tercio no son beneficiarios y apuntan a algunos motivos, como que ya sean mayores de edad, que no cumplan los requisitos o que no hayan pedido la ayuda. Por el momento, son los propios hu¨¦rfanos y sus familias o tutores quienes tienen que acudir a la Administraci¨®n para informarse y hacer los tr¨¢mites. Algo que, seg¨²n expertas y expertos, es una deficiencia del sistema, ya que las circunstancias de quienes se enfrentan a esta situaci¨®n requieren de una actitud proactiva y de acompa?amiento y apoyo por parte de las instituciones.
Si el Estado pagase a todos los hu¨¦rfanos que est¨¢n en la estad¨ªstica oficial, contando con el m¨ªnimo (600 euros), el total representar¨ªa un 0,0005% de los presupuestos del Estado, 1,9 millones de euros. Eso no sucede. De aquellos a los que s¨ª les otorga alguna ayuda, nueve son prestaciones de orfandad, aquellas que correspond¨ªan a pensiones no contributivas y que, en la modificaci¨®n de la ley, no entraron en el cupo para la subida. Es decir, que aquellos que estaban m¨¢s desprotegidos y contaban con menos recursos, fueron los que se quedaron sin la mejora. Desde el ministerio explican que "se luch¨® mucho porque entraran, pero no pudo ser por motivos t¨¦cnicos", que no aclaran. Esos nueve menores cobran algo m¨¢s de 200 euros al mes.
El resto, 175, son pensiones por un importe medio mensual de 616,45 euros, pero, apuntan desde el ministerio, "depende de varios factores lo que se ingrese a cada uno de ellos, hay que ver cada caso personal". Cuando el 3 de marzo entr¨® en vigor la modificaci¨®n, hab¨ªa 133 pensiones activas de orfandad por violencia de g¨¦nero que eran susceptibles de ese aumento. Hasta este 26 de septiembre, solo 48 de esas 133 lo han solicitado: cuatro son efectivas con una media mensual de 274,96 euros, otras tres a¨²n no han sido abonadas, 12 fueron denegadas por no concurrir la orfandad absoluta y 29 siguen en tr¨¢mite. Adem¨¢s, hay 30 solicitudes nuevas desde marzo: 15 han sido ya abonadas. De la otra mitad, una de ellas fue denegada y otras 14 siguen en tr¨¢mite.
Informar a las familias
?ngeles ?lvarez, exportavoz socialista de Igualdad en el Congreso, se pregunta por qu¨¦ se produce la tardanza y c¨®mo puede haber tan pocas solicitudes. El problema, dice esta hist¨®rica feminista, reside principalmente en el desconocimiento de estas ayudas: ¡°Ning¨²n menor est¨¢ esperando que maten a su madre, ni quienes se quedan al cargo. Nadie tiene por qu¨¦ saber que existen estas ayudas, ni c¨®mo solicitarlas, ni d¨®nde¡±. La experta apunta la soluci¨®n que, cree, ¡°no es tan complicada¡±. Que la Administraci¨®n sea la responsable de informar a las familias, de forma proactiva: ¡°Cuando se pone en marcha un derecho, una de las funciones b¨¢sicas de la Administraci¨®n es darlo a conocer a la ciudadan¨ªa, es evidente que hay que articular un protocolo que permita que los profesionales conozcan toda la informaci¨®n y que los obligue a buscar a las familias para d¨¢rsela, que conozcan los derechos que las asisten¡±.
Exactamente eso es lo que han hecho desde islas Baleares y Castilla-La Mancha, dos de las cuatro comunidades auton¨®mas que cuentan con ayudas propias (junto a Galicia y Castilla y Le¨®n). En la regi¨®n balear la legislaci¨®n entr¨® en vigor a finales de agosto y, aseguran desde el Govern, ya "se ha contactado" con las familias de los 12 posibles beneficiarios para informarles de las ayudas, 438,88 euros mensuales (5.266,56 euros anuales). No especifican si ya han sido ejecutadas, pero s¨ª informan de que "siguen pendientes" las prestaciones para aquellos cuya madre sufra alguna discapacidad como consecuencia de la violencia machista, algo que tambi¨¦n contempla su normativa.
En la comunidad castellanomanchega, la ley que las regula se aprob¨® por decreto a mediados del pasado mayo, entr¨® en vigor en junio y en julio ya se hab¨ªan concedido las primeras tres prestaciones, de 4.000 euros al a?o. Cuenta la socialista Blanca Fern¨¢ndez, consejera de Igualdad, que cuando lleg¨® septiembre pens¨® que no era normal que hubiese tan pocas solicitudes: ¡°Temiendo alguna situaci¨®n de desamparo por falta de informaci¨®n, dimos instrucciones a las delegaciones de Igualdad de las provincias para que localizaran a los menores susceptibles de percibirlas¡±. En lo que va de mes, ya hay otras dos concedidas (una pagada y otra a punto de ingresarse), se est¨¢n tramitando otras cuatro, est¨¢n localizando a cuatro menores de los que tienen constancia y est¨¢n estudiando la situaci¨®n de otros tres.
Fern¨¢ndez asegura que le parece ¡°normal¡± este procedimiento y que va a quedar as¨ª establecido. ¡°Y mejor¨¢ndolo a medida que nos vayamos encontramos con nueva casu¨ªstica¡±, a?ade. Eso ocurri¨® la semana pasada. Explica que tras conocerse que la muerte de Susana Cort¨¦s en Viladecans el pasado 18 de junio no hab¨ªa sido una muerte natural, sino que iba a formar parte de la estad¨ªstica de v¨ªctimas de la violencia machista, se encontraron con un problema: no pod¨ªan otorgar la ayuda al hijo, que reside ahora junto a su padre en la regi¨®n, porque uno de los requisitos de su legislaci¨®n es que la madre hubiera tenido su ¨²ltimo lugar de residencia en Castilla-La Mancha, y Cort¨¦s viv¨ªa en Catalu?a. ¡°Revisamos y nos dimos cuenta de que hay casos en que los hijos viven en la comunidad aunque sus madres fueran asesinadas en otras o de ni?os que se han ido a vivir a otras regiones. As¨ª que hemos acordado en el Consejo de Gobierno ampliar los supuestos para que ning¨²n menor pueda quedar desamparado, requieren de toda la ayuda que se les pueda dar¡±.
Lo que ha hecho esta comunidad ¡ªaprobar la legislaci¨®n, ejecutar las ayudas y poner en marcha un protocolo coordinado en sus provincias para localizar a los hu¨¦rfanos¡ª, es ¡°clave y esencial¡±, seg¨²n Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de G¨¦nero y experto en ese ¨¢mbito. ¡°Para esta y para todo lo que tenga que ver con la violencia machista. Esperar a que las mujeres act¨²en, que las familias pidan las ayudas¡ Todo eso no va a funcionar nunca¡±. Lorente explica que las caracter¨ªsticas espec¨ªficas de esta lacra que ya ha dejado 44 mujeres asesinadas en lo que va de a?o y 1.019 desde que existe un registro oficial, en 2003, no permiten ¡°la pasividad¡±. El forense, que form¨® parte del equipo que redact¨® la Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero de 2004 y que sigue asesorando en esta materia a gobiernos de toda Europa concluye: ¡°La actitud proactiva, buscarlas, informar, y ejecutar los recursos disponibles de forma inmediata es como deber¨ªa empezar a funcionar, en todas las instituciones y desde ya¡±.
Ayudas desiguales y en pocas comunidades
Solo cuatro de las 17 comunidades aut¨®nomas cuentan con ayudas propias para los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por violencia machista: Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Baleares y Castilla y Le¨®n. La legislaci¨®n que las regula ha sido aprobada, en las cuatro regiones, en el ¨²ltimo a?o y medio y sus cuant¨ªas y sus requisitos difieren.
Castilla y Le¨®n. El decreto que regula su prestaci¨®n para hu¨¦rfanos y el acceso gratuito a estudios universitarios entr¨® en vigor en junio de 2018. Contempla 5.000 euros anuales hasta los 18 a?os. Desde el Gobierno auton¨®mico explican que hasta ahora se han concedido seis ayudas, "no existiendo a fecha actual ninguna solicitud para acceso gratuito a estudios universitarios".
Galicia. La regulaci¨®n gallega entr¨® en vigor en marzo de este a?o. Tiene la cuant¨ªa m¨¢s elevada, 7.000 euros al a?o, y la horquilla m¨¢s amplia, hasta los 30 a?os, aunque solo cuenta a los menores hu¨¦rfanos a partir del 1 de julio de 2018. Seg¨²n la normativa, adem¨¢s, si tras la sentencia, el condenado tiene que indemnizar al menor y se declara insolvente, la Xunta se hace cargo de una compensaci¨®n de 6.000 euros. Se hacen cargo tambi¨¦n de los gastos del entierro o incineraci¨®n si as¨ª lo solicita la familia y ponen a disposici¨®n de los hu¨¦rfanos y familiares el asesoramiento de educadores sociales para los tr¨¢mites administrativos como puede ser la herencia o la gesti¨®n de las ayudas. Son ya seis los hu¨¦rfanos en la comunidad gallega y las ayudas ya han sido ejecutadas, seg¨²n la Xunta.
Castilla-La Mancha aprob¨® por decreto su ley en mayo, entr¨® en vigor en junio y concedieron las primeras tres prestaciones en julio. La cuant¨ªa es de 4.000 euros al a?o cuando el asesinato haya sido cometido por el padre y de 2.000 euros anuales cuando el asesino fuera pareja de la madre, con o sin convivencia. La normativa contempla las ayudas hasta los 18 a?os con dos excepciones: "Podr¨¢n tener derecho a estas ayudas las hijas e hijos entre los 18 y los 21 a?os, cuando tengan una discapacidad igual o superior al 33% o no desempe?en un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia". Adem¨¢s, se contemplan tambi¨¦n a los familiares en situaci¨®n de dependencia de la mujer asesinada.
Islas Baleares. La ley fue aprobada en junio de 2018 aunque no ha sido hasta finales del pasado agosto cuando se aprob¨® un decreto para regular las ayudas. La cuant¨ªa ser¨¢ de 438,88 euros mensuales (5.266,56 euros anuales) para hu¨¦rfanos o para aquellos cuya madre sufra alguna discapacidad como consecuencia de la violencia machista, y se mantendr¨¢ hasta los 22 a?os, hasta los 25 si se est¨¢n cursando estudios acad¨¦micos o formativos. Desde el Govern balear apuntan 12 beneficiarios aunque no especifican si ya han sido ejecutadas.
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