Bruselas destinar¨¢ 5.000 millones para la reconversi¨®n clim¨¢tica
La Comisi¨®n Europea ultima una estrategia para paliar los efectos de la transici¨®n ecol¨®gica en las comarcas carboneras. Seis regiones espa?olas est¨¢n incluidas en el plan
Bruselas ultima la creaci¨®n de un fondo para la reconversi¨®n de las zonas carboneras de la Uni¨®n Europea que se ver¨¢n afectadas por la transici¨®n hacia una econom¨ªa libre de combustibles f¨®siles. Y, entre todos esos combustibles, el carb¨®n ¡ªel m¨¢s contaminante y el que m¨¢s gases de efecto invernadero emite al generar electricidad¡ª es el que est¨¢ condenado a caer primero en la lucha contra el cambio clim¨¢tico. El fondo y la estrategia de ¡°transici¨®n justa¡± est¨¢n llamados a ser piezas clave del New Green Deal, el gran programa verde que la Comisi¨®n pretende poner en marcha en los 100 primeros d¨ªas de su mandato, que arranca el 1 de diciembre.
El fondo estar¨¢ dotado con 5.000 millones de euros, aunque forma parte de un paquete en el que la Comisi¨®n espera movilizar hasta 35.000 millones de euros, seg¨²n un borrador al que ha tenido acceso EL PA?S. Seg¨²n el documento, hasta 50 regiones europeas podr¨ªan acceder a los fondos, seis en Espa?a (Asturias, Arag¨®n, Galicia, Castilla y Le¨®n, Castilla-La Mancha y Andaluc¨ªa). La cuant¨ªa y dise?o de ese plan, no obstante, genera cierta inquietud entre varias regiones afectadas, que temen que pueda tener un menor impacto del esperado.
El objetivo es ayudar tanto a las comarcas mineras como a los trabajadores de las centrales el¨¦ctricas que queman carb¨®n, protagonista durante dos siglos del crecimiento econ¨®mico de Occidente y ahora condenado.
Los socios de la UE siguen pugnando por fijar 2050 como el a?o del fin de los combustibles f¨®siles. Existe una amplia mayor¨ªa que respalda esa meta, que tambi¨¦n comparte la Comisi¨®n y que supondr¨ªa que Europa se sit¨²e en el grupo m¨¢s ambicioso de los firmantes del Acuerdo de Par¨ªs. El Parlamento Europeo debatir¨¢ esta semana una moci¨®n en la que precisamente se fija como objetivo que las emisiones de efecto invernadero sean cero en 2050. Varios pa¨ªses de la UE ¡ªentre ellos Espa?a¡ª se han comprometido ya por su cuenta a cumplir esa meta, pero aunque tambi¨¦n est¨¢n a favor la Comisi¨®n y la Euroc¨¢mara, todav¨ªa se debe convencer a Polonia, Hungr¨ªa y la Rep¨²blica Checa. Se oponen con el argumento de los elevados costes econ¨®micos y laborales que tendr¨¢ para ellos esa transici¨®n.
El Joint Research Centre (JRC) ¡ª¨®rgano cient¨ªfico asesor de la Comisi¨®n¡ª estima que dos tercios de los puestos de trabajo ligados al carb¨®n ¡ªen las minas y las centrales¡ª desaparecer¨¢n de aqu¨ª a 2030. Eso supone la p¨¦rdida de 160.000 empleos en la pr¨®xima d¨¦cada. Polonia ¡ªque actualmente acumula 112.500 empleos en este sector y genera el 80% de su electricidad con carb¨®n¡ª ser¨¢ la gran afectada por esta transici¨®n en la UE. Solo en la regi¨®n polaca de Silesia el JRC estima una p¨¦rdida de 40.000 puestos hasta 2030.
La presidenta electa de la Comisi¨®n, Ursula von der Leyen, prometi¨® que los esfuerzos para hacer m¨¢s verde la econom¨ªa de la UE ir¨ªan acompa?ados de un ¡°fondo para una transici¨®n justa¡±, cuyo dise?o podr¨ªa ser presentado en cuesti¨®n de semanas, seg¨²n las fuentes comunitarias consultadas. La Direcci¨®n General de Pol¨ªtica Regional y Urbana ha esbozado en un documento las principales pautas del nuevo instrumento.
Hasta 35.000 millones
Seg¨²n el texto, el fondo formar¨¢ parte de una iniciativa mayor que espera movilizar hasta 35.000 millones de euros en el periodo 2021-2027 mediante dos pilares. En primer lugar, la Comisi¨®n quiere crear un paquete de 15.000 millones procedentes de ese nuevo mecanismo (5.000 millones), de fondos ya existentes como el de Desarrollo Regional o el Social (5.000) y del bolsillo de los pa¨ªses beneficiarios, que deber¨¢n cofinanciar los proyectos (5.000). Los otros 20.000 millones llegar¨ªan de la movilizaci¨®n de recursos por parte de InvestEU (el programa de inversi¨®n que suceder¨¢ al Plan Juncker), que con una aportaci¨®n de 1.500 millones espera arrastrar hasta 18.500 de inversi¨®n privada.
El documento fija los criterios para elegir las zonas a las que van a ir esos recursos, que tendr¨ªan en cuenta los datos de empleo, la intensidad de carbono o la producci¨®n de turba. Partiendo de esos par¨¢metros, hasta 50 regiones de 18 pa¨ªses podr¨ªan obtener recursos. Los m¨¢s beneficiados ser¨ªan Polonia (diez ¨¢reas), Alemania (ocho), Espa?a (seis), Grecia (cinco) e Italia (cuatro), pero tambi¨¦n Rep¨²blica Checa, Rumania, B¨¦lgica, Francia o los Pa¨ªses Bajos podr¨ªan optar a ese dinero. Eso no significa, sin embargo, que todas esas regiones vayan a recibir fondos. El documento sugiere un papel relevante para que los pa¨ªses decidan d¨®nde asignar las cantidades.
La Direcci¨®n General de Pol¨ªtica Regional y Urbana considera que esa ¡°flexibilidad¡± puede ser un problema, puesto que, si bien esa descentralizaci¨®n puede permitir atender a las ¡°situaciones complejas¡±, tambi¨¦n puede ¡°socavar la validez y relevancia¡± de los criterios definidos para que las regiones se beneficien del plan.
Entre esas regiones hay inquietud por el elevado n¨²mero de zonas. Al principio, 18 regiones europeas ¡ªentre ellas Asturias, Arag¨®n y Castilla y Le¨®n¡ª se coordinaron para presionar con el fin de lograr un fondo. El n¨²mero de ¨¢reas que se han apuntado a esas demandas ha ido creciendo, sobre todo tras ese informe del JRC que detectaba hasta 41 zonas. Ahora, son 50 para repartirse el pastel. Tambi¨¦n se recela de que los pa¨ªses puedan tener un mayor papel que la Comisi¨®n a la hora del reparto.
Un dictamen del Comit¨¦ de las Regiones de octubre ped¨ªa que esos fondos ¡°se asignen directamente a las regiones en las que est¨¢n situadas esas minas¡± y desde la pol¨ªtica de cohesi¨®n, pero sin hacer uso de otros recursos ya existentes. El documento admite los riesgos de incluir tantas zonas: desde que esos 5.000 millones queden difuminados hasta posibles agravios entre pa¨ªses.
Minas y centrales
La ¡°transici¨®n justa¡± ¡ªexpresi¨®n en la que se engloban las acciones para paliar los efectos negativos de la transformaci¨®n de la econom¨ªa para eliminar los gases de efecto invernadero¡ª es uno de los t¨¦rminos habituales en las negociaciones sobre cambio clim¨¢tico. Y en la cumbre del clima de la ONU que Madrid acoger¨¢ en una semana ser¨¢ uno de los asuntos a tratar, seg¨²n asegur¨® este viernes la ministra espa?ola para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera.
Su departamento basa su estrategia clim¨¢tica nacional en tres elementos: la futura ley de cambio clim¨¢tico que el Ejecutivo pretende sacar adelante, el plan de energ¨ªa y clima enviado a Bruselas y el programa de transici¨®n justa.
Este plan ya ha sido aprobado y va destinado a las comarcas mineras que han tenido que cerrar los yacimientos. Todas las minas de carb¨®n fueron clausuradas en enero de este a?o debido a que no son viables si no reciben ayudas p¨²blicas, algo que no permite la normativa comunitaria. Esas comarcas cuentan ya con apoyo financiero estatal y parte del empleo se mantendr¨¢ gracias a las labores de clausura de los yacimientos, que se prolongar¨¢n durante a?os.
El cierre de las minas ha desencadenado tambi¨¦n el cierre de las centrales el¨¦ctricas que queman este mineral nacional, que se producir¨¢ durante los pr¨®ximos meses. Adem¨¢s, tambi¨¦n se est¨¢ precipitando la clausura de otras centrales que quemaban carb¨®n de fuera de Espa?a por el alza del precio de los derechos de emisi¨®n de CO2 que tienen que comprar para operar. Las comarcas afectadas por el cierre de estas plantas ¡ªque en principio no estaba previsto hasta finales de esta d¨¦cada¡ª tambi¨¦n podr¨¢n beneficiarse del nuevo fondo que pondr¨¢ en marcha Bruselas.
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