El Defensor del Pueblo advierte de las carencias de personal e inspecciones en las residencias de mayores antes de la pandemia

El Defensor del Pueblo pone de manifiesto en su informe anual de 2019, que ha entregado este mi¨¦rcoles en el Congreso, los puntos d¨¦biles del sistema de residencias de mayores en Espa?a. El documento no menciona la pandemia que lo ha cambiado todo este 2020. Habla de otro mundo, en el que estos centros no se hab¨ªan convertido en un gran foco de contagio, ni hab¨ªa miles de ancianos fallecidos por el virus. Pero ya menciona aspectos que han resurgido durante la crisis. Reclama una ¡°profunda revisi¨®n al alza¡± de las ratios de personal de atenci¨®n directa, que han quedado ¡°manifiestamente desfasadas¡±; que las comunidades incrementen la inspecci¨®n de estos centros; que se mejore la cualificaci¨®n del personal, y que se estudie avanzar hacia un modelo en el que gane peso la atenci¨®n m¨¦dica y de enfermer¨ªa.

Durante esta crisis, en los centros faltaron equipos de protecci¨®n individual y test para todos los residentes y trabajadores ¡ªa¨²n no han llegado en la cantidad adecuada a todos los centros, seg¨²n los sindicatos¡ª. Adem¨¢s, en comunidades muy tensionadas, durante el pico de la pandemia, los hospitales rechazaron derivaciones. El Gobierno no informa sobre la cifra oficial de fallecidos, pese a que recopila la informaci¨®n de las comunidades desde hace m¨¢s de un mes. Seg¨²n el ¨²ltimo recuento de este peri¨®dico de la semana pasada, al menos 17.500 personas han muerto por covid-19 o con s¨ªntomas compatibles en residencias de servicios sociales (tambi¨¦n incluye las de personas con discapacidad o salud mental). Las residencias de mayores se han convertido en un punto tan sensible durante esta crisis que el Ejecutivo prev¨¦ relegar a la fase tres la desescalada, y all¨ª propone revisar el modelo, aunque en el documento gubernamental con las l¨ªneas generales durante esta etapa no se especifica en qu¨¦ sentido.

Precisamente del modelo habla el defensor, que llama a una ¡°revisi¨®n profunda¡± del mismo. Ya en 2018 recab¨® informaci¨®n de las comunidades y en su informe se centr¨® en se?alar aspectos que, seg¨²n recoge ahora tambi¨¦n, ¡°no han sido resueltos a¨²n de manera generalizada¡±. En un pa¨ªs en el que m¨¢s de nueve millones de personas tienen 65 o m¨¢s a?os y la esperanza de vida al nacer se sit¨²a en 83,2 a?os, la instituci¨®n manifiesta que se carece de ¡°un n¨²mero suficiente de plazas p¨²blicas y concertadas¡± para atender a quienes se les ha reconocido alg¨²n grado de dependencia y critica las ¡°prolongadas¡± listas de espera. Habla adem¨¢s del ¡°envejecimiento del envejecimiento¡± y pide que las residencias se adapten a la nueva realidad de los mayores, que llegan a las residencias con mayor dependencia.

¡°Es necesario un n¨²mero suficiente de personal¡±, sostiene en su informe el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n. ¡°Los usuarios con dependencia son m¨¢s y su dependencia es mayor y requieren una atenci¨®n correcta y plenamente respetuosa con sus derechos¡±, a?ade. Para ello, anima al Consejo Territorial de Servicios Sociales ¡ªque re¨²ne a las comunidades, competentes en la materia, con la vicepresidencia de Derechos Sociales¡ª a fijar unos requisitos y est¨¢ndares adecuados, ¡°tanto en c¨®mputo global como espec¨ªfico, por categor¨ªas profesionales, distinguiendo gerocultores y otras categor¨ªas¡±.

Uno de los problemas en los que los sindicatos han insistido durante esta crisis ha sido las condiciones del empleo en estos centros, con trabajadoras ¡ªes un sector muy feminizado¡ª con elevadas cargas de trabajo y sueldos precarios. Incluso la patronal Ceaps ha reconocido que, para convivir con el virus, har¨¢ falta mejorar las ratios. Castilla y Le¨®n precisa en su respuesta que subir¨¢n los costes y reclama a la Administraci¨®n General del Estado que mejore la financiaci¨®n de la dependencia (actualmente aporta aproximadamente el 20% del gasto p¨²blico, cuando deber¨ªa ser el 50%).

En el documento se cifra en cerca de 373.000 las plazas en residencias, aunque se reconoce que se desconoce cu¨¢l es la ocupaci¨®n, que seg¨²n el Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas ronda entre el 75% y el 80%. El Defensor explica que considera ¡°esencial¡± que se mejoren los mecanismos para recopilar datos, para que se pueda contar con estad¨ªsticas fiables y actualizadas, tanto a nivel de las autonom¨ªas como estatal. En Espa?a no existe un n¨²mero oficial de centros (son unos 5.400), tampoco de usuarios de los mismos. Durante esta crisis, el Gobierno no ha informado a¨²n del n¨²mero de fallecidos en residencias, pese a que recopila la informaci¨®n de las comunidades desde hace ya m¨¢s de un mes. En el Ministerio de Sanidad explican que los datos se ¡°est¨¢n analizando¡±.

De las 20.616 quejas recibidas por el Defensor en 2019, 916 fueron relativas a pol¨ªtica social (frente a las 970 de 2018). La instituci¨®n explica que el a?o pasado solo remitieron los informes solicitados sobre residencias la mitad de las comunidades (Arag¨®n, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Baleares, La Rioja, Murcia, Navarra), adem¨¢s de las diputaciones forales de ?lava, Bizkaia y Gipuzkoa ¡ªque tienen las competencias en residencias en el Pa¨ªs Vasco¡ª, Ceuta, Melilla y el Imserso ¡ªque gestiona algunos centros¡ª. En el informe se constata la ¡°dispersi¨®n normativa¡± para autorizar la apertura de centros o la acreditaci¨®n de los mismos ¡ªpara que puedan concertar plazas¡ª, por ello anima a homogeneizarla.

Planes peri¨®dicos de inspecci¨®n

En el informe se llama a aumentar las inspecciones, dado el gran n¨²mero de residencias existentes y los diferentes modelos de gesti¨®n: hay residencias privadas, con plazas concertadas, p¨²blicas e incluso p¨²blicas con gesti¨®n privada. ¡°Es imprescindible que las comunidades creen con urgencia, o en su caso incrementen adecuadamente, unos servicios de inspecci¨®n suficientemente dotados de personal correctamente formado, para que puedan llevar a cabo su funci¨®n de vigilancia de forma eficaz¡±, sostiene el Defensor. ¡°Tambi¨¦n es muy recomendable que se aprueben planes peri¨®dicos de inspecci¨®n de los centros con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas pr¨¢cticas¡±, a?ade. Aunque tambi¨¦n reconoce que de los informes recibidos se desprende ¡°un papel m¨¢s activo en casi todas las [autonom¨ªas] que contestan¡±.

El Defensor explica que el sistema residencial da una atenci¨®n sanitaria a sus residentes de car¨¢cter general. ¡°En caso de que se detecten problemas o se necesite una atenci¨®n m¨¢s especializada, los residentes son derivados al Sistema Nacional de Salud¡±, a?ade. Pide que se refuerce la atenci¨®n m¨¦dica y de enfermer¨ªa en los centros. ¡°Otro modelo de residencias de mayores, m¨¢s propiamente sociosanitario, que contara con una atenci¨®n m¨¦dica y de enfermer¨ªa m¨¢s amplia y extensa, o en el que al menos y dado el perfil muy dependiente de los residentes se aumentaran las exigencias a los centros de contar con m¨¢s medios sanitarios, ser¨ªa posible y quiz¨¢s conveniente¡±, plantea. Y apunta que ser¨ªa ¡°¨²til¡± estudiar su viabilidad y conveniencia. Si bien desde el sector recuerdan que las residencias son centros sociales, y no sanitarios, c¨®mo debe articularse la respuesta m¨¦dica ante un posible segundo brote del virus es uno de los debates que est¨¢ sobre la mesa. La instituci¨®n matiza, no obstante, que para aquellos casos de mayor dependencia o enfermedad, puede resultar adecuado tender a entornos m¨¢s peque?os y dom¨¦sticos, ¡°en los que resulte m¨¢s f¨¢cil primar sobre todo la calidad de vida, el respeto a la autonom¨ªa y la dignidad de las personas¡±.

El Defensor pide mejorar la cualificaci¨®n del personal en las residencias y que las Administraciones fomenten planes de formaci¨®n espec¨ªfica. Y respecto a ingresos involuntarios y sujeciones f¨ªsicas, reclama una ley org¨¢nica ¡°que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro f¨ªsico y mental de las personas en edad avanzada¡± en que se limiten sus derechos, con ¡°especial referencia¡± a las residencias y, hasta que se promulgue, ¡°ser¨ªa necesario unificar criterios sobre ingresos no voluntarios¡±. Tambi¨¦n aboga por que se minimicen las sujeciones f¨ªsicas y que sean ¡°excepcionales y puntuales¡±, con consentimiento informado, cuando se hayan agotado las medidas alternativas, ¡°siempre por prescripci¨®n facultativa¡±, porque resulte imprescindible para proteger la salud del afectado.

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