El certificado vacunal para la hosteler¨ªa abre un nuevo frente jur¨ªdico
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba la norma que hab¨ªa aprobado el Gobierno para exigir la pauta completa en locales de hosteler¨ªa y restauraci¨®n. Varias comunidades est¨¢n sopesando imponer medidas similares, que ya tiene en marcha Galicia
El certificado vacunal como salvoconducto para acceder a interiores de bares y restaurantes ha abierto un nuevo frente judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tumbado cautelarmente este jueves la norma que hab¨ªa aprobado el Gobierno auton¨®mico, que exig¨ªa la pauta completa para acceder a locales de hosteler¨ªa y restauraci¨®n, una medida que tambi¨¦n est¨¢ en marcha en los municipios gallegos de alta incidencia y sobre la que los expertos consultados tienen opiniones dispares.
Es una limitaci¨®n que comenzar¨¢n a aplicar en agosto pa¨ªses como Francia o Italia y que tambi¨¦n est¨¢ estudiando Alemania. En Espa?a las comunidades tienen posturas enfrentadas. El presidente c¨¢ntabro la ha anunciado este mismo jueves y los equipos jur¨ªdicos de la comunidad ya estaban estudiando el encaje legal. Galicia la est¨¢ aplicando a los municipios con alta transmisi¨®n sin que su tribunal superior de justicia se haya pronunciado en contra. Baleares y Arag¨®n estaban sopesando la opci¨®n antes de que se conociese el varapalo judicial a Canarias, y la exigencia del certificado vacunal tambi¨¦n era vista con buenos ojos por Andaluc¨ªa, pero no como imposici¨®n. El vicepresidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Juan Mar¨ªn (Cs), ha dicho este jueves que su Ejecutivo puede hacer una ¡°recomendaci¨®n¡± a los locales de restauraci¨®n y ocio para que pidan el certificado covid, pero no puede ¡°obligar¡± a hacerlo.
Otras, como Murcia y Catalu?a, est¨¢n a la espera de un marco com¨²n para regular esta medida, y un grupo en el que se encuentran Extremadura, Pa¨ªs Vasco o la Comunidad Valenciana se muestra abiertamente en contra. El consejero de Sanidad extreme?o, Jos¨¦ Mar¨ªa Vergeles, dijo ayer que ten¨ªa dudas sobre la legalidad de que en bares se limite el acceso a personas que ense?en el certificado vacunal. Vergeles considera que el certificado incluye informaci¨®n personal que debe ser protegida y defiende tambi¨¦n que se necesitar¨ªa una ley para regular el uso de ese c¨®digo: ¡°El pasaporte covid no puede ser una limitaci¨®n para una lista de cosas, ese documento est¨¢ pensado para un ambiente de movilidad segura, no para entrar en sitios¡±.
El tema sali¨® en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado mi¨¦rcoles, aunque no estaba en el orden del d¨ªa y no se abord¨® en profundidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se?al¨® que la funci¨®n del certificado europeo de vacunaci¨®n se limita a facilitar la movilidad entre pa¨ªses. Pero el debate no es exactamente ese. Galicia y Canarias no est¨¢n pidiendo ese documento, sino uno cualquiera que acredite la pauta completa. ¡°Las comunidades aut¨®nomas, dentro de su ¨¢mbito de pol¨ªtica sanitaria pueden llevar aquellas medidas que estimen oportunas. En este caso ser¨ªa complicado el certificado covid; pueden ser otros y es verdad que muchas est¨¢n empezando a abrir este camino¡±, dijo Darias, que evit¨® pronunciarse a favor o en contra de la limitaci¨®n.
En Canarias la medida entr¨® en vigor el pasado lunes, acompa?ada de otras, como el cierre de la actividad econ¨®mica entre las 00.00 y las 6.00, los l¨ªmites de aforo en gimnasios, teatros, cines, auditorios y en el interior de los establecimientos de hosteler¨ªa en las islas con m¨¢s incidencia, que tambi¨¦n ha suspendido cautelarmente el TSJC.
Lo que estableci¨® el Gobierno canario era que en el interior de los establecimientos de hosteler¨ªa y restauraci¨®n de las islas que se encuentren en niveles tres (Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma) el aforo fuera del 40%, pero pudiera llegar al 50% en caso de que un m¨ªnimo del 10% de los usuarios dispusieran del certificado con pauta completa, una prueba diagn¨®stica negativa realizada en las ¨²ltimas 72 horas o certificado de haber superado la infecci¨®n en los ¨²ltimos seis meses. En el nivel 4 (Tenerife), en el interior de locales de hosteler¨ªa y restauraci¨®n se permit¨ªa el aforo del 50% y cuatro personas por mesa solo para quienes tuvieran pauta completa o cumplieran alguno de los requisitos anteriores.
El debate jur¨ªdico es muy similar al que se ha suscitado con otras medidas para controlar la pandemia que conculcaban ciertos derechos o libertades de la ciudadan¨ªa sin estado de alarma. Elviro Aranda, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, explica que se trata de ponderar los intereses en juego: ¡°Por un lado la libertad de comercio, de las personas de circular o de ir a un local, y por otro lado la preservaci¨®n de la vida de las personas. ?Afecta a derechos constitucionales? S¨ª. Pero la pregunta no es tanto esa, sino si es aceptable esta afectaci¨®n. Y desde mi punto de vista, s¨ª lo es¡±.
Este experto defiende, en cualquier caso, que las medidas tengan el paraguas legal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), cosa que no sucede, de momento, en Canarias. Galicia, sin embargo, tiene en marcha una norma muy similar y no ha recibido el veto del TSXG. La Xunta pidi¨® autorizaci¨®n previa para una serie de medidas para controlar la pandemia en la comunidad, como la limitaci¨®n en el n¨²mero de personas que se pueden reunir o en los toques de queda, pero fuentes del alto tribunal se?alan que el certificado vacunal no se trat¨® ¡°porque no restringe ning¨²n derecho fundamental¡±.
Alberto Infante, profesor en la Escuela Nacional de Salud, asegura que los incentivos para vacunarse son bienvenidos, pero no ve atinadas medidas como la de Canarias o Galicia. ¡°Hay gente que no puede vacunarse por distintas razones y otros que no quieren y tienen derecho a no quererlo. Podemos meternos en otro pleito sobre si eso es discriminaci¨®n o no¡±, apunta. Elviro Aranda descarta este extremo: ¡°Que se diferencie entre personas vacunadas y que no lo est¨¢n no es una discriminaci¨®n, porque parten de situaciones distintas [unos tienen m¨¢s posibilidad de contagiar que otros]. Discriminar ser¨ªa que, ante una misma situaci¨®n, a uno le dijeran que s¨ª y a otro que no¡±.
Otra cuesti¨®n es el sentido sanitario de estas normas. Para Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, ex secretario general de Sanidad, es puramente econ¨®mico, con objeto de dar m¨¢s aire a la hosteler¨ªa, ya que estar vacunado ¡°no asegura el no contagiarse¡±. Fernando Garc¨ªa L¨®pez, epidemi¨®logo del Instituto de Salud Carlos III y profesor de bio¨¦tica, cree que pedir el certificado para actividades no esenciales, como el ocio o la cultura, puede ser un est¨ªmulo aceptable para incentivar la vacunaci¨®n y reducir contagios. ¡°M¨¢s problem¨¢tico es exigirlo en ¨¢mbitos escolares o laborales, que son actividades esenciales y la limitaci¨®n de derechos es m¨¢s grave¡±, reflexiona.
Con informaci¨®n de Silvia R. Pontevedra, Juan Navarro, Elisa Tasca, Luc¨ªa Tolosa, Javier Mart¨ªn Arroyo, Mikel Ormazabal, Isabel Vald¨¦s, Luc¨ªa Boh¨®rquez y Ferran Bono.
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