Menos de la mitad de la poblaci¨®n con graves carencias materiales percibe ayudas de emergencia social

En 2020, el a?o en que estall¨® la pandemia y una nueva crisis sacudi¨® al pa¨ªs, 1,4 millones de personas recibieron una ayuda de emergencia social. Son c¨¢lculos de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha utilizado los ¨²ltimos datos oficiales y recabado informaci¨®n propia. El prop¨®sito de estas prestaciones que en su mayor¨ªa otorgan los ayuntamientos o corporaciones locales es atender situaciones de urgencia, necesidades tan elementales como comida, ropa o suministros b¨¢sicos. Seg¨²n el an¨¢lisis de esta organizaci¨®n, no suponen ni la mitad (43%) de los 3,3 millones de personas que sufr¨ªan ese mismo a?o carencias materiales graves, un indicador que recoge a quienes tienen dificultades en al menos cuatro puntos de una lista de nueve (entre ellos, por ejemplo, no poder comer carne o pescado cada dos d¨ªas o no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada). La asociaci¨®n denuncia que hay municipios en que estas ayudas, pese a su urgencia, pueden tardar hasta dos meses en llegar, y pide un cambio normativo para agilizar el procedimiento.

En Espa?a hay diversas prestaciones de car¨¢cter p¨²blico para quienes se han quedado sin recursos. La fundamental, la formada por el ingreso m¨ªnimo vital y las rentas m¨ªnimas de inserci¨®n. Son el ¨²ltimo colch¨®n de quienes no tienen otra alternativa y, hasta la aprobaci¨®n del primero en 2020 (de gesti¨®n estatal) solo exist¨ªan las segundas, competencia de las comunidades aut¨®nomas. Son prestaciones que se dan con car¨¢cter peri¨®dico. Pero, adem¨¢s, existen las ayudas de emergencia social, que otorgan los ayuntamientos y corporaciones locales (aunque en Castilla-La Mancha, por ejemplo, la concesi¨®n es auton¨®mica) para atender situaciones de urgencia. ¡°A quienes se quedan sin trabajo y no tienen derecho a subsidio, por lo que no pueden alimentar a sus hijos. O quienes, al llegar septiembre, no pueden afrontar los gastos de la vuelta al cole¡±, explica Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n.

¡°Son ayudas puntuales, aunque se pueden fraccionar en varios meses, se supone que hasta que llegue una situaci¨®n m¨¢s duradera, como el ingreso m¨ªnimo vital, y puedan mantenerse¡±, apunta Ram¨ªrez. Ambas prestaciones son compatibles. Juntas son el escudo con el que cuentan las administraciones para combatir la pobreza. El problema, seg¨²n la asociaci¨®n, es que son insuficientes. ¡°Ya hemos denunciado muchas veces el entramado burocr¨¢tico que dificulta a miles de familias que lo necesitan percibir el ingreso m¨ªnimo¡±, dice el presidente de esta organizaci¨®n, ¡°no llega ni a la mitad de los 850.000 hogares que el Gobierno consideraba como potenciales perceptores¡±.

Pero, adem¨¢s, Ram¨ªrez resalta las carencias de las ayudas de emergencia social. ¡°Hay grandes diferencias por territorios. En La Rioja, el n¨²mero de perceptores es superior al de personas con dificultades materiales graves, y en Catalu?a la cobertura es del 91%. En Galicia solo alcanzan al 2% de la poblaci¨®n con privaci¨®n material¡±, explica. Y a?ade: ¡°Hay dos problemas graves: el primero, las cuant¨ªas, que son muy bajas. La media en Espa?a en 2020 fue de 235,1 euros por persona¡±. Aunque, seg¨²n las cifras publicadas por el Ministerio de Derechos Sociales y recabados por la asociaci¨®n en las seis autonom¨ªas para las que no hab¨ªa datos, hay mucha variaci¨®n entre comunidades: de los 1.210,7 euros que recibe de media un perceptor en Castilla-La Mancha o los 1.132,1 de Galicia, a los 91,1 de Andaluc¨ªa o 176,9 de Canarias. El segundo problema del que habla Ram¨ªrez es ¡°la lentitud a la hora de adjudicar estas ayudas¡±. ¡°Se debe al procedimiento que utilizan muchos ayuntamientos, donde son tramitadas como subvenciones¡±, sostiene.

No hay una normativa ¨²nica para todo el pa¨ªs. El marco lo fijan las comunidades aut¨®nomas, que ostentan las competencias en servicios sociales, y las propias ordenanzas municipales. ¡°Hay regiones como Arag¨®n o Catalu?a que han especificado que estas ayudas no pueden ser tratadas como subvenciones. Pero en otras no ocurre lo mismo¡±, expone Ram¨ªrez. Dentro de estas ¨²ltimas, tambi¨¦n hay margen para actuar: hay municipios que emplean f¨®rmulas para agilizar los pasos y otros que se ci?en al procedimiento m¨¢s estricto, esto implica que pueden ser necesarias ¡°m¨¢s de cuatro firmas para autorizar el pago, entran en juego el interventor y el tesorero¡±, es decir, que estas prestaciones ¡°son tratadas como cualquier subvenci¨®n, incluso millonaria, a una entidad¡±. Algo que ralentiza el proceso. Hay localidades donde en una semana puede estar lista la ayuda y en otras, la espera se alarga hasta dos meses.

¡°Deber¨ªa depender exclusivamente de la prescripci¨®n del trabajador social. ?Nos imaginamos que ocurriera igual con un m¨¦dico que manda una prueba a un paciente?¡±, critica el presidente de la asociaci¨®n. ¡°No puede quedar en manos de la interpretaci¨®n que se haga de la normativa¡±, apunta. Adem¨¢s de que las ¡°trabas¡± a la hora de justificar estas ayudas son ¡°dificultosas y humillantes¡±: hay ¡°ayuntamientos que exigen una justificaci¨®n tan rigurosa que limitan poder adquirir determinados productos porque consideran que no suplen necesidades b¨¢sicas primarias. Por ejemplo, que una familia no pueda comprarle un refresco a su hijo en su cumplea?os con la ayuda de emergencia¡±. Por ello, pide un cambio en la ley de subvenciones. ¡°Es urgente modificar el art¨ªculo dos, a?adir un apartado para que estas ayudas queden exceptuadas de esa norma¡±, afirma.

Una de las medidas que el Gobierno ha incluido en su plan estatal de la garant¨ªa infantil, un programa europeo para luchar contra la exclusi¨®n social de los menores, ata?e precisamente a las ayudas de emergencia. En el texto que el Ministerio de Derechos Sociales ha remitido ya a Bruselas antes de su aprobaci¨®n definitiva, donde se recogen objetivos y planes de aqu¨ª a 2030, figura ¡°la mejora de las ayudas de emergencia en calidad, cantidad, agilidad y gesti¨®n no estigmatizante¡±.

El Defensor del Pueblo tambi¨¦n ha hablado de retrasos en intervenciones que son urgentes. En su informe de 2020, donde habla de la emergencia social que atraves¨® el pa¨ªs, afirma que ¡°ha crecido el n¨²mero de personas y familias en grave situaci¨®n de vulnerabilidad econ¨®mica que requieren el apoyo de los servicios sociales municipales y que, por diversos motivos, no reciben a tiempo la ayuda reclamada, siendo en muchos casos suplida su asistencia primaria por la actividad que desarrollan las asociaciones vecinales y colectivos sociales¡±. Y a?ade: ¡°Una parte importante de las quejas tramitadas en esta materia han tenido como objetivo comprobar que los servicios sociales conoc¨ªan y estaban atendiendo, dentro de sus competencias, la situaci¨®n de gran necesidad expresada por los ciudadanos. Igualmente, han sido dirigidas a esclarecer las razones de los retrasos en la resoluci¨®n de los expedientes de ayudas de emergencia¡±.

Ram¨ªrez afirma que los usuarios de servicios sociales han pasado de ¡°m¨¢s de seis millones y medio a m¨¢s de ocho millones, fundamentalmente por problemas econ¨®micos¡±. En 2020, seg¨²n datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, el 7% de la poblaci¨®n sufr¨ªa carencias materiales severas. Esos 3,3 millones de personas suponen un mill¨®n m¨¢s que en 2019. Ram¨ªrez apunta que tanto ayuntamientos y corporaciones locales como el Ministerio de Derechos Sociales han incrementado sus presupuestos en la materia. Las entidades locales destinaron 335,7 millones de euros en 2020 a ayudas a personas que carec¨ªan de recursos b¨¢sicos, seg¨²n la asociaci¨®n, y el departamento que dirige Ione Belarra reparti¨® 100 millones de euros del plan concertado de servicios sociales en 2021. Pero, seg¨²n la asociaci¨®n, los procedimientos burocr¨¢ticos restan eficacia a las ayudas.