Dos meses desde la revocaci¨®n de ¡®Roe contra Wade¡¯ por el Tribunal Supremo: el aborto es ya imposible en 11 Estados

La Casa Blanca programa casi todas las semanas una o varias reuniones sobre derechos reproductivos, con representantes de distintas administraciones y participaci¨®n en ocasiones del presidente Joe Biden. El derecho al aborto se ha convertido en un bander¨ªn de enganche de los dem¨®cratas para movilizar a los votantes de cara a las elecciones de medio mandato, en noviembre. Pero sobre el terreno, en cada uno de los Estados a los que el Tribunal Supremo entreg¨® la potestad legislativa sobre el aborto tras revocar en junio Roe contra Wade, el antecedente que convirti¨® en constitucional ese derecho, la realidad cotidiana est¨¢ te?ida de dudas y sobresaltos; en muchos casos, tambi¨¦n de miedo. Como fichas del domin¨®, nuevos Estados se han ido sumando al campo de la prohibici¨®n total (esta semana lo han hecho Idaho, Oklahoma, Tennessee y Texas, este ¨²ltimo incorporando la tercera ley restrictiva a la prohibici¨®n inicial adoptada en septiembre). Los centros de planificaci¨®n familiar de Illinois y California han tenido que ampliar su capacidad para atender a pacientes de otros Estados que se ven obligadas a viajar para abortar.

Cuando se cumplen dos meses de la decisi¨®n del Supremo, que acab¨® con un derecho consagrado por la Constituci¨®n desde 1973, 16 Estados ¡ªcasi un tercio del total¡ª tienen prohibiciones vigentes. 11 han eliminado por completo el acceso. Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Oklahoma, Dakota del Sur y Texas fueron los primeros. El 25 de agosto, Idaho y Tennessee, que lo permit¨ªan hasta la sexta semana, se sumaron a la lista tras entrar en vigor las llamadas leyes gatillo, o cl¨¢usulas de activaci¨®n (trigger laws, en ingl¨¦s). El jueves la cl¨¢usula entr¨® en vigor en Texas, aunque el aborto ya estaba prohibido desde septiembre. En Dakota del Norte, un juez paraliz¨® el jueves la ley gatillo, que deb¨ªa haber entrado en vigor un d¨ªa despu¨¦s. Son datos de Planned Parenthood, entidad que ofrece la mayor red de centros de planificaci¨®n de EE UU. Se estima que una de cada tres estadounidenses se ha quedado sin acceso a la mayor¨ªa o a la totalidad de las prestaciones de un aborto.

El caso de Texas es extremo. Avanzadilla del prohibicionismo, hoy no contempla ni siquiera las excepciones por violaci¨®n o incesto. La tercera vuelta de tuerca a la prohibici¨®n incrementa las sanciones para quienes faciliten un aborto, a la cabeza de todos ellos los sanitarios, que pueden ser acusados de delito grave en primer grado y ser condenados a cadena perpetua, p¨¦rdida de la licencia para ejercer y multas superiores a los 100.000 d¨®lares. En el resto de los Estados, los sanitarios que atiendan una urgencia m¨¦dica con resultado de aborto tambi¨¦n corren riesgo, dado que las ¡°excepciones¡± son muy poco espec¨ªficas: si las autoridades consideran que el ¡°riesgo para la vida de la madre¡± no entra dentro de los supuestos, el castigo ser¨¢ igualmente implacable. Texas introdujo en septiembre la delaci¨®n para denunciar la pr¨¢ctica de abortos; Oklahoma sigui¨® el ejemplo en mayo.

¡°Vivimos una crisis de salud p¨²blica. Dos meses despu¨¦s de que el Supremo eliminara el derecho constitucional al aborto, casi un tercio de este pa¨ªs no tiene acceso significativo a la atenci¨®n m¨¦dica. Las personas que viven en estos Estados tienen menos derechos que aquellas que viven donde el aborto sigue siendo legal. Se les ha despojado de su derecho fundamental a decidir qu¨¦ es lo mejor para sus propios cuerpos, vidas y futuros. Las personas embarazadas que buscan abortar se han visto obligadas a huir de sus comunidades en busca de atenci¨®n, incurriendo en grandes gastos y sacrificios para ellas y sus familias. Aquellas que no pueden permitirse estos gastos y gestiones enfrentan consecuencias que les cambiar¨¢n la vida, incluyendo peores perspectivas para ellas y sus hijos¡±, se?ala Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood.

La batalla legal iniciada por la Administraci¨®n de Biden para hacer prevalecer los derechos de las mujeres tambi¨¦n se libra en los Estados, como demuestra el bloqueo, este mi¨¦rcoles, por parte de un juez de Texas de la orden ejecutiva del Gobierno federal que instaba ¡ªrecordaba, m¨¢s bien¡ª a los hospitales que reciben fondos federales que por ley est¨¢n obligados a practicar abortos en casos de emergencia m¨¦dica, independientemente de la legislaci¨®n del Estado. El juez dio la raz¨®n a las autoridades de Texas, y la orden presidencial qued¨® en suspenso. Ese mismo d¨ªa, un juez de Idaho fall¨® en sentido contrario, dando la raz¨®n al Gobierno federal en un caso similar. El acceso al aborto, pues, ya no solo recae en los Estados, sino en los jueces y, ulteriormente, en el Departamento de Justicia.

La nueva realidad legislativa provoca situaciones grotescas, cuando no tr¨¢gicas. M¨¦dicos que env¨ªan a sus pacientes fuera del Estado en cuesti¨®n, lo que multiplica el coste y colapsa los servicios en destino; temor de los farmac¨¦uticos a dispensar medicamentos habitualmente usados para tratar c¨¢ncer, artritis y ¨²lceras por si se usan para provocar un aborto; o el acaparamiento de los dos f¨¢rmacos utilizados en los abortos por v¨ªa qu¨ªmica (el 54% de los practicados en el pa¨ªs en 2020). Una mujer de Houston (Texas) que rompi¨® aguas espont¨¢neamente a las 19 semanas de gestaci¨®n no recibi¨® atenci¨®n m¨¦dica hasta d¨ªas despu¨¦s, cuando hab¨ªa desarrollado una infecci¨®n potencialmente mortal, por miedo de los m¨¦dicos a que su intervenci¨®n fuese considerada un aborto. En Luisiana, una embarazada con un diagn¨®stico de muerte perinatal ¡ªel beb¨¦ no iba a sobrevivir m¨¢s de una semana fuera del ¨²tero¡ª vio denegado su deseo de abortar. El caso de la ni?a de 10 a?os de Ohio embarazada tras una violaci¨®n ha sido el m¨¢s dram¨¢tico: perseguida y refugiada en la vecina Indiana, la m¨¦dica que le practic¨® el aborto fue vilipendiada incluso por el propio fiscal del Estado.

En un Estado conservador como Kansas, los votantes blindaron recientemente en las urnas el derecho a la interrupci¨®n del embarazo, lo que ha dado alas a la Casa Blanca, dispuesta a convertir la batalla por el aborto en principal baza electoral de cara a noviembre. Las primarias de Nueva York han dado r¨¦ditos a los candidatos que enarbolaron el derecho a elegir. El asunto permea cada vez m¨¢s capas: la sanitaria, la social, la econ¨®mica ¡ªla prohibici¨®n afecta especialmente a las minor¨ªas raciales y rentas m¨¢s bajas¡ª, la jur¨ªdica y la pol¨ªtica. Tambi¨¦n la tecnol¨®gica, despu¨¦s de que Google se haya visto obligado esta semana a identificar claramente en su motor de b¨²squeda y en sus mapas las cl¨ªnicas y centros que facilitan el aborto, para evitar resultados enga?osos que dirig¨ªan a los usuarios masivamente en la direcci¨®n contraria: a centros llamados provida.