La jueza mantiene la imputaci¨®n de la veterinaria municipal y la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla por el mayor brote de listeriosis de Europa

La jueza que investiga el mayor brote de listeriosis de Europa, provocado por la empresa sevillana Magrudis y que en 2019 caus¨® la muerte de cuatro personas, siete abortos y afect¨® a 240 personas, ha decidido mantener el procesamiento de la veterinaria municipal y al Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil subsidiario por la ¡°negligencia en el ejercicio de sus funciones¡± de la funcionaria. El auto contradice, as¨ª, el criterio de la Fiscal¨ªa que la eximi¨® de responsabilidad por ¡°la sobrecarga de trabajo ante la falta de dotaci¨®n de personal del consistorio¡± y porque el sistema de autocontrol de la c¨¢rnica ¡°permit¨ªa suponer¡± que se estaban llevando todos los controles.

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 10 de Sevilla, Pilar Ord¨®?ez, asegura que ¡°existen indicios racionales de criminalidad en la actuaci¨®n¡± de la veterinaria. Ella fue la que realiz¨® las dos ¨²nicas inspecciones sobre la c¨¢rnica, en 2016 y 2017, y quien, adem¨¢s, dirigi¨® el proceso de recogida de muestras de carne tras la declaraci¨®n del brote de listeriosis el 15 de agosto de 2019. ¡°En sus visitas a Magrudis omiti¨® informaci¨®n obligatoria para lograr una mayor puntuaci¨®n y as¨ª una menor frecuencia de inspecciones, lo que conllev¨® a crear un riesgo grave para la salud de los consumidores¡±, dice el auto, que apunta a que, conforme a esos dudosos criterios de puntuaci¨®n, deber¨ªa, adem¨¢s, haber visitado la f¨¢brica en enero de 2019, una inspecci¨®n que no se realiz¨®. ¡°En enero de 2019 ya se hubiera podido detectar presencia de listeria¡±, concluye.

El procesamiento de la veterinaria es muy importante para las distintas acusaciones, ya que, si fuera condenada, al tratarse de una funcionaria p¨²blica, se podr¨ªa exigir de manera inmediata la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento. Si hubiera resultado excluida del juicio oral, habr¨ªa que reclamar la responsabilidad subsidiaria por la v¨ªa contencioso-administrativa, un proceso farragoso que nunca se iniciar¨ªa antes de que se agote la v¨ªa penal, que puede dilatarse durante a?os si se suceden los recursos.

La jueza tambi¨¦n mantiene al Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil subsidiario. En el auto se recrimina que ¡°no efect¨²o control alguno¡± en el expediente de declaraci¨®n responsable que present¨® Magrudis en diciembre de 2018, un documento que conten¨ªa numerosas irregularidades, ¡°con omisi¨®n de informaci¨®n y con inclusi¨®n de otras que nos se ajustaban a la realidad¡±, seg¨²n se?ala la instructora. El consistorio solo revis¨® el informe el 26 de agosto, cuando ya se hab¨ªa declarado la alerta sanitaria por listeriosis.

¡°El Ayuntamiento de Sevilla debe responder civilmente de forma subsidiaria, naciendo su responsabilidad cuando la funcionaria, como ocurre en este caso, incurri¨® en negligencia en el ejercicio de sus funciones, causando un perjuicio a terceros no actuando con la diligencia debida¡±, abunda la jueza.

Adem¨¢s de la funcionaria, tambi¨¦n est¨¢n procesados los due?os de la c¨¢rnica, Jos¨¦ Antonio Mar¨ªn Ponce, el administrador de hecho de Magrudis, sus hijos Sandro Mar¨ªn, que aparec¨ªa como administrador ¨²nico de la c¨¢rnica y Mario Mar¨ªn, y su mujer, Encarnaci¨®n Rodr¨ªguez, encargada de producci¨®n y del sistema de autocontrol de la empresa. Para los dos primeros la Fiscal¨ªa pide 11 a?os de prisi¨®n por sendos delitos contra la salud p¨²blica, homicidio por imprudencia grave y falsedad en la elaboraci¨®n de la declaraci¨®n responsable para obtener la autorizaci¨®n para desarrollar la actividad. Para los segundos, solicita 10 a?os tambi¨¦n por un delito contra la salud p¨²blica y por homicidio por imprudencia grave. Para todos ellos reclama tambi¨¦n ocho meses de multa por un delito de defraudaci¨®n el¨¦ctrica, ya que las naves donde elaboraban los productos estaban enganchadas ilegalmente a la red de Endesa.

La jueza tambi¨¦n mantiene el procesamiento del arquitecto Sergio L. G. que firm¨® el proyecto de declaraci¨®n responsable por falsedad en documento oficial. El Ministerio P¨²blico solicita un a?o y seis meses. La magistrada exculpa al administrador de Magrudis por entender que no ten¨ªa conocimiento del enganche ilegal de las naves de la empresa.